Maeztu insiste en que las limitaciones presupuestarias "ensombrecen" los derechos
El Defensor del Pueblo, que cumple hoy su mandato de cinco años, da cuenta de su labor en el Parlamento
No ha sorprendido Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, al concluir la exposición de su informe en el Pleno del Parlamento. Nada se arregla sin dinero, ha venido a decir frente a los representantes de los ciudadanos de Andalucía presentes en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. “Algunos derechos siguen ensombrecidos, oscurecidos o difuminados”, ha referido Maeztu, si siguen existiendo “limitaciones presupuestarias”. “Si no”, ha terminado el Defensor, “muchas de las quejas que hoy les traslado seguirán repitiéndose”.
El titular de la Defensoría del Pueblo, que ha cumplido hoy cinco años de mandato y por tanto su cargo se encuentra ya en funciones, ha realizado un balance global del mencionado lustro, en el que ha destacado que resulta urgente “blindar los derechos en una suerte de revolución de las políticas sociales”. Para ello, Maeztu ha hecho un “llamamiento a las administraciones” para llevar a cabo “cambios en los salarios, en los servicios sociales, en la renta básica y en las políticas de vivienda”.
Con esos elementos ha sintetizado Maeztu el informe global de su gestión, una labor que ha visto aumentada el número de actuaciones en un 25% en un año, y que tiene como última meta “la erradicación de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad”.
Varios datos ha facilitado Maeztu al respecto de la tarea realizada más en el pasado curso. En primer lugar, que la mayoría de las quejas y consultas de los ciudadanos, un 60%, se centró en aspectos relacionados con los servicios sociales, el empleo, la salud o la vivienda, es decir, el Estado del Bienestar.
En el capítulo de las quejas, la Junta de Andalucía acaparó el 40,6%, las entidades locales fue el 29% y el resto se refirieron a la Administración General del Estado. Más relevante fue la cifra del grado de colaboración de las administraciones (73%). En un 94% de las resoluciones, ha concretado Maeztu, las instituciones aceptaron el cierre de los casos en los que se detectó una irregularidad.
Este apunte ha sido un motivo de conflicto en el Pleno. Que fuera tan amplio el porcentaje del 94% ha sido subrayado por Soledad Pérez, portavoz del Grupo Socialista, que ha mencionado el grado de “satisfacción” en el trabajo de la Defensoría del Pueblo, replicando a las críticas expuestas por el resto de los grupos en la sesión plenaria.
Menos complaciente ha sido la intervención de la portavoz del PP, Rosalía Espinosa, quien ha criticado la demora de la presentación del informe del Defensor del Pueblo, al que ha instado también a que sea “más valiente en las críticas a las políticas de la Junta”, y ha apuntado asimismo a la reiteración de los problemas de los ciudadanos en los últimos diez años.
La pobreza, el problema de la vivienda o la renta mínima de inserción han sido cuestiones en las que ha abundado el PP y los demás grupos parlamentarios. Sobre lo anterior ha denunciado Lucía Ayala, diputada de Podemos, que también ha mencionado problemas relacionados con dependencia, la formación profesional o el bloqueo durante siete años de la formación para los desempleados.
A la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha usado una frase del propio Defensor para concluir su intervención con una cita contundente: “Hay injusticias claramente remediables”, completando la afirmación de Maeztu al referirse a los “fallos en gestión y coordinación de los recursos disponibles” que podrían remediar el “ensombrecimiento de los derechos”.
Inmaculada Nieto, portavoz de IU, ha dado relieve a los migrantes que buscan solución a sus vidas en Europa. “Están desafiando a nuestras sociedades con qué grado de generosidad somos capaces de responder a las necesidades de estas personas”, ha dicho antes de referirse a un nuevo impulso a la violencia de género.
PSOE y C’s estudian eliminar los cargos adjuntos
La portavoz socialista, Soledad Pérez, ha tomado de la mano la propuesta de Ciudadanos a la hora de renovar el cargo del Defensor, actualmente en funciones en la persona de Jesús Maeztu después de haber cumplido los cinco años reglamentarios de mandato. Para ello han resuelto ambos grupos que respaldan al Gobierno de la Junta de Andalucía que desaparezcan los cargos adjuntos a la Defensoría del Pueblo, que actualmente son tres: uno para PP, otro para PSOE y otro para IU. La Adjuntía del Defensor del Pueblo contaba hasta 2012 con cuatro miembros, una cifra que fue reducida por la Junta de Andalucía cuando la presidía José Antonio Griñán por vía legislativa. Si prospera tal acuerdo en las próximas fechas antes de que concluya la actual legislatura, la Defensoría del Pueblo andaluz verá eliminados sus cargos adjuntos. Sin embargo, se trata de una situación enconada y que se traslada a otras instituciones de extracción parlamentaria que, para su renovación, requieren de un amplio consenso que, por el momento, parece difícil en la Cámara regional. Es el caso de la dirección de RTVA, el Consejo Audiovisual de Andalucía o la Cámara de Cuentas.
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