María Jesús Montero, vicepresidenta, de facto a iure

María Jesús Montero fue nombrada en noviembre lo que ya era de facto, vicepresidenta del Gobierno, además de ministra de Hacienda. Con un pie en la sede socialista de Ferraz y a cargo de los Presupuestos Generales, lo que supone tener el control del gasto de todos los ministerios, su designación como vicepresidenta cuarta fue casi un reconocimiento de Pedro Sánchez a la mujer que le ha acompañado desde el principio.

Montero queda como vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, ministra de Hacienda y cede las competencias de Función Pública a José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital.

Montero nació en Sevilla en 1966, ciudad en la que sigue residiendo en la misma casa del barrio de San Lorenzo donde pasa los pocos fines de semana que le deja libre sus dos ocupaciones políticas: el Gobierno y la Ejecutiva federal del PSOE, y es que además es la vicesecretaria general del partido. Situada a la izquierda del PSOE, Montero no se afilió al partido hasta 2007, cuando ya era viceconsejera de uno de los gobiernos de Manuel Chaves. Después lo fue en los de José Antonio Griñán y de Susana Díaz. Para muchos del PSOE de Andalucía, sería la candidata ideal para encabezar el cartel de las elecciones autonómicas, pero esto es algo que se encuentra muy lejos de sus deseos.

Un aspecto que explica la continuidad del Gobierno es que Pedro Sánchez consiguió con María Jesús Montero, el ministro Félix Bolaños y el secretario de Organización, Santos Cerdán, que la coordinación entre Moncloa y Ferraz funcionase sin estridencias. Eso fue lo que le costó el puesto a Carmen Calvo en la vicepresidencia y Adriana Lastra en Ferraz, Sánchez tardó cuatro años en encontrar un grupo de personas que actuase al unísono.

María Jesús Montero tiene una virtud, que es la que aprecia Sánchez, además de su demostrada lealtad. Ha sido capaz de alcanzar acuerdos con mucho para sacar adelante todos los Presupuestos Generales del Estado que se ha marcado como objetivo. A ello contribuye su empatía con Sumar -antes con Podemos- y su capacidad de diálogo con los nacionalistas e independentistas. Sabe mejor que sus antecesores cómo funcionan los gastos de las comunidades autónomas y cuáles son sus deficiencias.

Montero, sin embargo, no fue capaz en la anterior legislatura de proponer un nuevo sistema de financiación autonómica, que fue su caballo de batalla con el Gobierno central cuando ocupaba el puesto de consejera de Hacienda en la Junta. Ello se ha debido a la falta de interés por parte de sus socios, ni el PNV está concernido porque el País Vasco y Navarra son comunidades forales ni ERC quería abrir ese melón.

Es posible que esto tampoco ocurra en esta legislatura. Lo que sí hará es condonar parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las comunidades, tal como ya ha acordado con el 20% de la catalana. El Ministerio de Hacienda ya tiene la misma fórmula que aplicará a todas las autonomías, de la que salen diferentes porcentajes. Este método aún no se conoce, Montero lo ha guardado con celo durante la negociación de la investidura.

El primer encargo que tiene la ministra es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Se tendrán que aprobar después de diciembre, ya que no hay tiempo para un trámite que es complejo y que se complica más la mayoría absoluta del PP en el Senado. Y no sólo eso, los compromisos de la investidura con PNV, Coalición Canaria y los catalanes tienen que tener su proyección en estas cuentas.