De Mercasevilla a la trama de los ERE

En Mercasevilla "no había manteca de por medio". Esta gráfica expresión fue la que empleó el ex secretario de la Federación de Alimentación de UGT Juan Lanzas Fernández en septiembre de 2009 tras prestar declaración ante la juez Mercedes Alaya, que por entonces había emprendido una investigación por las presuntas irregularidades detectadas en esta empresa pública mixta del Ayuntamiento de Sevilla. Y ese comentario coloquial se ha vuelto ahora en su contra, una vez que la Policía Judicial considera a Juan Lanzas como una de las piezas fundamentales de la "trama" ideada para utilizar fraudulentamente los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas que pagaba en su mayor parte la Junta de Andalucía.

La madeja que, durante casi dos años, lleva desenredando la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se remonta a mediados de febrero de 2009, cuando dos empresarios hosteleros del grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y Juan Ignacio Rojas, denuncian ante la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, les había exigido el pago de una comisión de 450.000 euros para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería que la propia Junta de Andalucía había subvencionado con 900.000 euros.

Los empresarios tenían una prueba contundente del presunto cohecho, puesto que habían grabado las conversaciones en las que se les exigía el pago de esta comisión ilegal como contraprestación a la subvención concedida y, todo ello, con el argumento de que "la Junta colabora con quien colabora" con la propia Junta.

A partir de esa investigación, la juez Alaya ha llegado a abrir hasta cinco causas distintas, en las que hay ya 31 personas implicadas -20 de las cuales están incluso imputadas, entre ellas un ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla y un ex responsable de la Consejería de Empleo- por unos hechos en los que aparecen indicios de hasta 13 delitos diferentes, entre los que destacan cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de influencias.

En la primera de las líneas de investigación -cuya instrucción está muy avanzada-, la juez Alaya mantiene imputados a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a la directora de proyectos de la fundación Mercasevilla, Regla Pereira, y al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Esa primera investigación derivó en la apertura de una segunda causa por la supuesta adjudicación "fraudulenta" e "ilegal" a la empresa Sanma, filial del grupo Sando, del concurso público que el Mercado Central de Abastos de Sevilla realizó para la venta de la totalidad de los terrenos donde se ubica el mismo antes de su futuro traslado a la zona de Majarabique. Esta línea es la que congrega, por el momento, el mayor número de imputados, con 13, entre los que se encuentran los ex directivos de Mercasevilla, tres responsables de Sando, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño, y el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, aunque éste último todavía no ha prestado declaración.

La tercera causa abierta por la juez se refiere a los posibles delitos societarios que pudieran haberse cometido en la gestión de Mercasevilla y en la que están imputados Fernando Mellet, Daniel Ponce y la directora del área económico-financiera de la empresa Pilar Giraldo. Ninguno ha prestado aún declaración porque la defensa de ésta última recusó sin éxito a la juez Alaya, lo que dilató el inicio de las investigaciones.

Durante la instrucción de estas causas el Partido Popular, que está personado como acusación particular, denunció que la constructora Sando se obligó a pagar las prejubilaciones del ERE de Mercasevilla en el caso de que se le adjudicara la construcción de la nueva sede del Mercado mayorista en Majarabique.

Las dos últimas investigaciones abiertas la semana pasada tratan de esclarecer, precisamente, la inclusión de personas ajenas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla de los años 2003 y 2007, de un lado, y las irregularidades en los ERE del restaurante Río Grande de Sevilla y la empresa malagueña Hytemasa -antigua Intelhorce- y de todas las demás que puedan ir saliendo. De momento, la Junta de Andalucía ya ha enviado a la juez 37 casos de falsas prejubilaciones detectadas en 12 de las 30 empresas analizadas en una investigación interna, pero la Policía Judicial ha detectado irregularidades en otras 23 sociedades que se acogieron a las ayudas.

De esta forma, las irregularidades alcanzan ya a 37 empresas en las que han aparecido 39 personas que se han beneficiado de las prejubilaciones sin haber trabajado en estas empresas.

La Policía Judicial ha detenido en relación con la trama de los ERE a 11 personas, entre las que se encuentran el ex sindicalista Juan Lanzas y su mujer, que se prejubilaron en Hytemasa sin haber trabajado nunca en la misma, y Antonio Garrido Santoyo, ex miembro de la ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) y que también fue incluido como beneficiario en el ERE de Mercasevilla.

La investigación de la Policía Judicial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en las próximas semanas.