Ofensiva del Ejecutivo andaluz para que bajen los precios de los alquileres

El decreto ley sobre la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía que entra hoy en vigor tras su publicación en el BOJA agitará el mercado inmobiliario. De una lectura detallada del texto se extrae la apuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda por poner a disposición cuanto antes el millón de viviendas vacías existente en la comunidad, la mitad en manos de los bancos, a quienes se sancionará si no las ponen a disposición antes del verano. No está recogido en el decreto, pero según fuentes de la Junta, no valdrá con un anuncio de que la vivienda está en alquiler o en venta. Tiene que estar ocupada. Para eso han aprobado el decreto. El problema lo tiene el banco para hacer atractiva la oferta, no el inquilino por no llegar a sus precios.

La intención de la Administración con este decreto es que afloren las viviendas deshabitadas. Un aspecto que se conoció ayer tras la publicación del decreto es que la Consejería de Fomento reclama a Hacienda el traspaso de las competencias "en el plazo más breve posible" de la gestión de las fianzas de los arrendamientos. Los inspectores harán una batida para comprobar que los contratos en alquiler están regulados y que se depositan las fianzas. Es una función de "policía".

El personal designado inspector tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de agente de autoridad y los sujetos obligados al depósito de la fianza deberán comparecer cuando sean requeridos. El plazo es de un mes desde que se firma el contrato. Finalizado el contrato, la fianza se devolverá en un mes.

Con los intereses que generan esos depósitos, Fomento y Vivienda hará frente al dinero que tenga que pagar a los bancos por el justiprecio de las expropiaciones de pisos de desahuciados. "El presente decreto ley regula la expropiación temporal de uso de viviendas objeto de procesos de ejecución hipotecaria, medida que encuentra amparo presupuestario en los intereses que genera el depósito en entidades financieras de las fianzas de arrendamientos y suministros". Es por esta razón de "urgencia" por la que Fomento reclama la modificación de la ley para asumir las inspecciones de los alquileres.

En resumen, la Junta espera que el decreto ley provoque un vuelco en el mercado, ya que aflorará el estado del parque de viviendas, tanto de particulares como de entidades con personalidad jurídica. A los primeros se les incentivará; a los segundos se les multará si no ocupan las viviendas. Esta disputa hará que los precios bajen, reflexionan.

En esa línea se expresó ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en una comparecencia en el Parlamento. Cortés señaló que el precio de las viviendas ha bajado un 35%. Mientras, la renta de las familias ha bajado más de un 20%, han crecido los niveles de paro y el número de quienes no reciben prestaciones del Estado. "El alquiler debe bajar", afirmó Cortés.

Tras la parálisis de la actividad de la construcción se da por suficiente el parque de 4,5 millones de viviendas construidas. Todos los planes de las administraciones (Gobierno y Junta) van enfocados al alquiler. La diferencia es que la Junta aprueba multas económicas de hasta 9.000 euros para las entidades financieras. El Gobierno ha implantado el Fondo Social de Viviendas, pero las entidades apenas han puesto hasta ayer 859 viviendas en Andalucía de su amplísimo stock.

En el plazo de un mes el plan de inspección tiene que estar aprobado con las prioridades de inspección y de sanción (se empezará con las grandes promociones). Estará vigente durante dos años con la opción de renovar uno más (hasta finalizar la legislatura).

En dos meses la Junta tiene que habilitar un registro de viviendas deshabitadas, de las que se excluyen las primeras residencias de particulares o las destinadas a recreo, y las destinadas al turismo. La Junta da un mes desde que se modifique la Ley de Vivienda para que las entidades financieras faciliten un listado con las VPO que tienen sin ocupar.

En un mes también la Consejería de Fomento habilitará los mecanismos para intermediar con los particulares, ofrecerles incentivos o seguros de arrendamientos y estudiar la aprobación de programas sobre bolsas de viviendas en alquiler.