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Un día después de que el PSOE registrase en el Parlamento andaluz una proposición de ley que impedirá a los alcaldes ser diputados en la próxima legislatura, el PP-A anunció una batería de movilizaciones y acciones para protestar contra la medida.
La más sonada será el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa con la que ya amagó en julio y que finalmente ha tomado tras rubricar el PSOE que no dará marcha atrás y aprobará esta prohibición en virtud de su mayoría absoluta en la Cámara.
El objetivo inmediato del PP es que el TC o cualquier otra instancia judicial dicte una suspensión cautelar de la medida y dé al traste con la pretensión del PSOE de que este veto sea efectivo para la próxima legislatura.
Así lo comunicó ayer en rueda de prensa la portavoz regional del PP andaluz, Rosario Soto, que achacó el "veto y la expulsión" de los alcaldes del Parlamento andaluz al "autoritarismo" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
En la actualidad el Parlamento andaluz hay 18 alcaldes que son diputados (17 del PP y uno de IU), entre ellos los alcaldes populares de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Fuengirola o Adra.
Los alcaldes protagonizan la actualidad política andaluza. Al veto en el Parlamento hay que sumar la polémica por la composición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que se disputan PSOE, PP e IU, y el debate sobre la supresión de las diputaciones.
Rosario Soto vinculó estas decisiones a la "herida sangrante" de Griñan por la derrota en las elecciones municipales. "Su respuesta a la derrota ha sido atacar a las instituciones, a las diputaciones provinciales y ahora a los alcaldes que son diputados porque no sabe perder y carece de referentes municipales", manifestó.
La popular acusó a Griñán y al PSOE andaluz de ofrecer un "consenso autoritario" al anunciar que no aceptará vetos, una actitud que "caracteriza" la gestión del presidente andaluz en relación a muchos colectivos, entre ellos al de los funcionarios de la Junta, apuntó. El PP presentará sus propias medidas de regeneración, algunas de las cuales fueron rechazadas, como la facilitar las comisiones de investigación.
Varios alcaldes del PP salieron en tromba a criticar la medida, como la alcaldesa de Jerez y vicepresidenta del Parlamento, María José García Pelayo, que aseguró que "aunque veten mi presencia, no vetarán la voz de la ciudad en el Parlamento".
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