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Mikel Lejarza
Toulouse
El PP ha encontrado un nuevo yacimiento de irregularidades en la Junta donde hallar munición para lo que queda de campaña, que es todo. Por si el vergonzoso caso de los ERE no le facilitara suficientes titulares, el PP ha creído encontrar oro en el informe de la Cámara de Cuentas que ha constatado deficiencias en la gestión de Invercaria, una empresa participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, en concreto, por la agencia IDEA, también involucrada en el caso de los ERE. Esta coincidencia y otras detalló ayer en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, como la ausencia de normas de contratación o de publicidad, estar al servicio de los intereses del PSOE o el hecho de encontrarse "mochileros", personas que cobraban de este ente sin trabajar para estas empresas. "Es una copia idéntica a la del fondo de reptiles", dijo el dirigente popular.
El informe de la Cámara de Cuentas detectó que tres trabajadores no prestaban sus servicios de forma justificada con un coste total de 161.861 euros. El ente fiscalizador añadió además que Invercaria "no ha podido justificar debidamente que los gastos correspondientes a la tarjeta de crédito del presidente de la empresa por importe de 25.101 euros hayan sido necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de ésta".
Si los populares llevan un año construyendo un escabroso culebrón en paralelo a la investigación de la juez Mercedes Alaya -y aún queda por conocer más del 80%, amenazó ayer Sanz-, esta nueva historia les dará carrete para otra temporada.
El primer capítulo sobre los incumplimientos de Invercaria relatados por Sanz tuvo que ver con un hallazgo el 5 de mayo de 2007, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un programa de control financiero permanente para sus empresas públicas. Entraron en este plan 22 de sus empresas, pero no Invercaria, lo que dio pie al PP para preguntar por qué se excluyó a esta sociedad.
La segunda parte que relató el PP la protagonizó una empresa de Mancha Real (Jaén), Electronic Devices Manufacturer (EDM), que como centro especial de empleo recibió entre 2007 y 2009 un montante de 4,7 millones entre ayudas y préstamos. Empleo le dio 3,1 millones e Invercaria dos préstamos, por 450.000 y 730.000 euros en el plazo de siete días en julio de 2008, "troceadas" para saltarse la fiscalización del Consejo de Gobierno a los importes superiores a 1,2 millones, apuntó Sanz. Siete meses después de recibir estas ayudas, la empresa presentó un concurso de acreedores.
El PP anunció que investigará todas las ayudas de Invercaria desde su constitución en 2005 a 2010 y aseguró que elevará esta información a la juez Alaya.
La sociedad de capital riesgo de Andalucía, Invercaria, defendió ayer la transparencia y legalidad de sus operaciones, y señaló que ha puesto en marcha la mejora de los "procedimientos con incidencias" detectados por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Invercaria señaló en un comunicado que la actividad de capital riesgo "conlleva en sí misma riesgos que se asumen al invertir en sociedades en fase semilla y arranque en un tejido productivo como el de Andalucía".
De todos los proyectos en la cartera de la sociedad pública de capital riesgo, siete empresas se encuentran en concurso de acreedores, con una inversión de 3,7 millones, lo que supone un 2,5% de la cartera total de Invercaria, añadió. Invercaria subrayó su transparencia en la gestión, auditada por empresas privadas como PriceWaterhouse, y denunció la "política de todo vale" del PP.
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