PSOE e IU se oponen a celebrar un pleno urgente sobre los ERE

Los grupos parlamentarios del PSOE e IU rechazarán la celebración de un pleno urgente del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE irregulares de la Junta, una petición del PP a raíz de los nuevos 20 imputados por la juez instructora Mercedes Alaya. Fuentes de ambas formaciones han confirmado su intención de oponerse a que se celebre este pleno extraordinario en la reunión que celebrará el jueves Diputación Permanente, órgano encargado del funcionamiento de la Cámara fuera de los periodos ordinarios de sesiones.

Los populares pretenden que el Gobierno andaluz comparezca en el pleno para dar explicaciones sobre la imputación de veinte altos cargos y ex altos cargos de la Junta en el caso de los ERE, entre ellos Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda entre 1994 y 2004; y el actual número dos de la Consejería de la Presidencia, Antonio Lozano (director general de presupuesto entre 2002 y 2009). El PP esgrime que el pleno es "necesario" porque el último auto de la juez "apunta a la responsabilidad del Gobierno y a que eran los consejeros los que estaban en toda la trama".

"Todo se hacía con su consentimiento y bajo su responsabilidad", según Carlos Rojas, portavoz del PP, que cree que el rechazo a la solicitud de su grupo pone de manifiesto que el Ejecutivo autonómico tiene "miedo" a comparecer y a decir lo que saben de este caso de "corrupción generalizada" en la Junta.

Por el contrario, el grupo del PSOE está convencido de que los populares no tienen otros asuntos de debate que no sean el caso de los ERE, que ya ha sido abordado en numerosas ocasiones en la Cámara, al margen de la comisión de investigación del pasado verano. Frente a la insistencia del PP con el caso de los ERE, el portavoz socialista, Francisco Alvarez de la Chica, cree que resultan "molestas e inadmisibles las cautelas y protección" de este partido a la hora de debatir en las Cortes sobre el llamado caso Bárcenas.

José Antonio Castro, portavoz de IU, ha dicho que su formación "no va a dar cuerda" a la pretensión del PP, que no considera razonable, entre otras razones -ha dicho- por que la agenda del Parlamento no puede estar marcada por la instrucción judicial.