El PSOE acelera la incompatibilidad de los alcaldes ante la indignación del PP

El PSOE ha pulsado la luz verde y ha metido la quinta velocidad a la propuesta más polémica del dictamen del grupo de trabajo constituido en el Parlamento sobre transparencia y calidad democrática: la de la incompatibilidad de los alcaldes y presidentes de diputación con un escaño en la Cámara. Ésta, en el Pleno extraordinario de hoy, dará el banderazo de salida a la medida, toda vez que cuenta con el sí de los diputados socialistas y de IU. En el seno de este grupo disiente el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y líder del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien rechaza la incompatibilidad de los cargos.

El PSOE, además, no tiene intención de perder ni un segundo en dotar a la propuesta de todo el blindaje legal que precisa para su aplicación. Este veto a los alcaldes en la Cámara autonómica precisa de una reforma de la Ley Electoral. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, apeló ayer en Huelva al "consenso y respaldo" -condiciones que no conseguirá esta medida al cien por cien, por cuanto el rechazo de los populares es frontal- entre los grupos porque se trata de una "medida de gobernanza" de la autonomía que afecta al sistema electoral.

Lo que pretende el PSOE es que la imposibilidad de que un alcalde pueda ser parlamentario esté "operativa" de cara a las próximas elecciones autonómicas, adelantó Jiménez, quien se mostró convencido de que "si hay acuerdo" entre las tres fuerzas parlamentarias, la Cámara tiene "capacidad" para agilizar la tramitación y sacar adelante la reforma antes de que se celebren los próximos comicios autonómicos.

En ese proceso, tal como apuntó el portavoz socialista, "habrá que hacer una planificación del periodo de sesiones que se abre a partir del 1 de septiembre", al objeto de "ver los plenos y el calendario de sesiones" de los que dispondrá el Parlamento. Jiménez precisó que si el acuerdo no se consigue, "tendremos que ver cuál es el calendario de sesiones e intentar, en la medida de lo posible, que se pueda aprobar esta medida antes de que culmine el periodo de sesiones y se pueda aplicar antes del fin de esta legislatura". Jiménez pidió al PP que "abandone su posición" y respalde una medida que dará "un nuevo impulso democrático al funcionamiento de las instituciones andaluzas"

El acuerdo, sin duda, no se va a producir. En las filas populares, la indignación es el sentimiento generalizado contra una medida que desde el primer día ha sido catalogada como un "golpe al municipalismo" y la estrategia definitiva del adversario por contrarrestar el poder adquirido por el PP tras su apabullante victoria en las pasadas elecciones municipales del 22-M.

Sin ir más lejos, y como botón de muestra del sentir del primer partido de la oposición, el presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo ayer en Los Barrios (Cádiz), donde mantuvo una reunión con su grupo parlamentario, que el Pleno extraordinario de hoy es "un Pleno hecho a la medida de un partido político, el PSOE, y del presidente de la Junta".

Arenas volvió a arremeter contra Griñán, al que acusó de querer "vengarse" de la derrota electoral del pasado 22-M expulsando a los alcaldes del PP del Parlamento. El líder de los populares andaluces acusó al secretario general socialista de utilizar las instituciones de forma "torticera" y recordó que existen 25 diputados del PSOE en el Congreso que son alcaldes o presidentes de diputaciones, igual que 23 senadores socialistas. Arenas insistió en que "el presidente conoce que los sueldos de alcalde y parlamentario son incompatibles".

"Cada día que pasa me convenzo más de que Griñán tiene menos escrúpulos que Chaves", dijo el presidente del PP andaluz, quien advirtió que "no existe nada más contrario a la mesura que hacer leyes contra las personas, es el peor despotismo". A pesar de ello, lanzó un mensaje a Griñán de diálogo. "Estamos dispuestos a debatir de forma profunda sobre la incompatibilidad, pero no ahora, sino más adelante", apuntó el dirigente popular, quien aseguró que a pocos meses de las elecciones autonómicas, el presidente andaluz quiere cambiar las "reglas de juego, escondiendo su autoritarismo genérico en un falsa superioridad intelectual y falso progresismo".