El PSOE sevillano expulsará a los militantes que figuren en la prejubilaciones irregulares

El PSOE de Sevilla promoverá expedientes de expulsión contra todos aquellos militantes socialistas que, finalmente, figuren entre las 37 nuevas posibles prejubilaciones fraudulentas elevadas por la Consejería de Empleo al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla y las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en los últimos años para respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.

Fuentes del PSOE sevillano han informado de que esta es la decisión del secretario general del PSOE en la provincia, José Antonio Viera, recordando que tal fue el procedimiento seguido con el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, a cuenta de su papel en la "trama" investigada por la Brigada Provincial de Policía Judicial por orden de la magistrada Mercedes Alaya. No obstante, las mismas fuentes han precisado que la incoación de todo proceso de expulsión ha de arrancar con la inclusión de los militantes en cuestión en las diligencias.

Uno de los puntales de la investigación es la labor de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía dada la creación, según recoge un atestado de la Brigada Provincial de Policía Judicial, de un "nuevo sistema" de ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo o "empresas en crisis". En concreto, y según el atestado policial, gracias a la firma de un acuerdo entre su departamento y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la última de las instituciones se convertía en la "pagadora" de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos.

"Trama" de prejubilaciones

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta. "Prueba evidente es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias", señala el atestado, que cuantifica en 647.869.157,45 la cuantía de ayudas librada mediante este método.

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y del ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran, respectivamente, como prejubilados en documentos de los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, si bien la prejubilación de Fontela no habría sido consumada hasta 2005 en el expediente de regulación de empleo impulsado por el restaurante Río Grande.

Las conclusiones del extenso atestado elaborado a tal efecto por la Brigada Provincial de Policía Judicial, de cualquier forma, apuntan a la organización de una verdadera "trama" destinada al aprovechamiento de los expedientes de regulación de empleo para la "introducción de personas ajenas" a las empresas, al objeto siempre de cobrar las rentas de estas prejubilaciones fraudulentas. Un total de once personas han sido ya detenidas en el marco de esta investigación cuya indagación administrativa promovida en paralelo por la Consejería de Empleo ha descubierto ya 37 prejubilaciones susceptibles de un posible fraude.

El ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, según han informado fuentes del caso, se encuentra entre los beneficiarios de las ayudas libradas mediante este método de subvenciones investigado por la magistrada Mercedes Alaya. Cabe recordar, a tal efecto, que Francisco Javier Guerrero fue alcalde de este mismo municipio entre 1995 y 1999.