Respaldo del 70% a la instauración de una cadena perpetua revisable

UNA mayoría de andaluces respalda la necesidad de reformar el Código Penal para instaurar la cadena perpetua revisable en España. Fue el PP el partido el que propuso esta reforma, a raíz de los casos de los asesinatos de la niña Mari Luz Cortés, en Huelva, y de Marta del Castillo, en Sevilla. Los acusados por ambos casos no han sido juzgados todavía. En un principio, el PP lanzó la idea de una cadena perpetua sin matices, aunque después añadió lo de revisable, que es una fórmula generalizada en la Unión Europea, aunque con diferencias entre ellos.

El 69,8% de los encuestados están a favor de la figura penal, según revela el Barómetro Joly Andalucía. Es decir, casi siete de cada 10 andaluces, si bien es mayoritaria la respuesta "más bien a favor", con un 38,1%, frente a "totalmente a favor" , con un 31,7%.

Esta propuesta ya ha provocado un amplio debate en los medios de comunicación y en los ambientes jurídicos, donde también hay grandes diferencias sobre esta reforma. La condena perpetua revisable no es una condena a perpetuidad, porque no significa que el reo condenado a prisión muera allí. Ese tipo de pena, que sí se aplica en Estados Unidos, no existe tal cual en la mayoría de los países de la UE. Lo que sí hay en muchos de ellos es la revisable cada ciertos años: es decir, que cuando un preso escucha en la sala de juicios que es condenando a cadena perpetua no supone su muerte en prisión. No obstante, en Francia y el Reino Unido, donde es revisable, el preso sí puede pasar toda su vida entre rejas si las instituciones que se encargan de ello así lo deciden.

Un hecho significativo que aporta el Barómetro Joly Andalucía es que la opinión favorable es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, aunque son los del PP los más entusiastas. Un 82,5% de los sondeados que se confiesan haber votado a los populares quieren implantarla.

Pero las posiciones favorables también son las que ganan entre los simpatizantes de todos los partidos, incluidos los de IU. Un 62,2% de estos últimos sondeados está a favor, frente a un 37,8% que se posicionan en contra. En el caso de los votantes socialistas, se posicionan de acuerdo el 63% frente al 30%.

Los reductos opositores están en IU, con un 21,6%. En el caso de aquellos que aseguran votar a otros o en blanco también hay una amplia mayoría de posiciones simpatizantes. Tampoco hay diferencias significativas en función de si el encuestado es mujer u hombre, de la edad o de la provincia. Sí hay un menor nivel de apoyo entre las clases media-baja y baja, del 69,8% al 63,9% en estos casos.

Hay juristas que entienden que la cadena perpetua no cabe en la Constitución Española por el objetivo de la reinserción y la reeducación que se le asigna a la estancia en prisión, aunque ya hay mayores dudas sobre si la modalidad revisable. En la actualidad, los grupos parlamentarios están discutiendo una amplia reforma del Código, que conlleva un endurecimiento general, aunque no la cadena perpetua tal como la están solicitando los diputados del PP. Sí se discute una propuesta del Gobierno para que los delincuentes más peligrosos sean sometidos a una vigilancia durante 10 años más después de cumplir condena.

Los padres de Marta del Castillo y de Mari Luz Cortés se han convertido en los defensores más mediáticos de esta reforma del Código Penal. En contra de su posición, hay juristas, médicos y el Gobierno, que alegan que las últimas reformas en el Código Penal han conseguido que la población reclusa española sea de las más altas de Europa cuando los índices de delincuencia y de homicidios son de los más bajos.

En el caso de Marta del Castillo, la Fiscalía pide 52 años para Miguel Carcaño, a quien acusa de asesinato, de dos violaciones y de un delito contra la integridad moral. Con el Código Penal abierto, y según el artículo 76, podría cumplir 25 años efectivos de prisión en el caso de ser declarado culpable. Nuestro Código de 1995 acabó con la redención de las penas por trabajo. Y en el año 2003 se amplió la pena máxima a 40 años, que se deben cumplir de modo íntegro -no hay posibilidad de salidas- en caso de terrorismo. En la actualidad, el preso con más tiempo de cárcel en España es José María Sagardui, Gatza, un etarra próximo a cumplir los 30.

En el año 2006, el Tribunal Supremo introdujo otro cambio importante sobre los beneficios penitenciarios. Un reo puede mejorar su situación porque así los establece la ley: los permisos de salidas, tercer grado o la libertad provisional cuando se cumplen dos tercios de la pena. Sin embargo, el Supremo estableció en el año 2006 que los beneficios de pena deben aplicarse no al tiempo máximo de cumplimiento efectivo en prisión, sino a cada una de las condenas individualmente, lo que significa que, extinguida una, comienza a cumplirse la siguiente hasta llegar a los 30 ó 40 años. Es la llamada doctrina Parot.

En el caso de Carcaño, si fuera condenado a 52 años como solicita la Fiscalía, los beneficios se aplicaría sobre esa pena, de ahí que podría estar esos 25 años y cumplirlos de modo efectivo.