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Seis días después de que se dictara la histórica sentencia por parte del Tribunal Supremo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha recibido este lunes las actuaciones relacionadas con la pieza del "procedimiento específico" de los ERE, en la que el Alto Tribunal ha confirmado la condena a penas de prisión al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene que iniciar la fase de ejecución de la sentencia, que ya ha sido declarada firme, aunque los familiares de los ex altos cargos han presentado en su mayoría la petición de indulto parcial ante el Ministerio de Justicia y además tienen previsto plantear un incidente de nulidad previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Con estas medidas, las defensas de los ex altos cargos intentarán que la Audiencia de Sevilla paralice la fase de ejecución mientras se resuelven los recursos y, de esta forma, paralizar el ingreso en prisión de Griñán y los otros ex altos cargos.
De hecho, la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la ejecución de la sentencia que confirmó su condena a seis años de cárcel por un delito de malversación, en relación con el pago de 680 millones de las ayudas de los ERE y lo ha hecho en un escrito en el que anuncia la presentación de un incidente de nulidad contra la resolución del Alto Tribunal, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales en dicha sentencia.
La sentencia de la Sala Segunda fue notificada el pasado miércoles, 14 de septiembre, y ese mismo día, el abogado José María Calero presentó un escrito en el que ponía de manifiesto que "tras una primera lectura" de la sentencia entiende que en la resolución "pudieran contenerse lesiones de derechos fundamentales distintas de las ya denunciadas", de ahí que anunciara al Alto Tribunal, en virtud de lo previsto en el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que "en lospróximos días va a interponer incidente de nulidad y a solicitar, conforme a lo previsto en el artículo 241.2 LOPJ, la suspensión de la ejecución de la sentencia para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad".
Calero añadió en el escrito que el pasado 1 de septiembre de 2022 fue puesto en conocimiento de la Sala que la familia del ex presidente de la Junta ha presentado ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto parcial, "lo que dará lugar a deducir en su momento, una vez que sea abierta la ejecutoria por el tribunal de instancia, la suspensión de la ejecución al amparo del artículo 4 del Código Penal".
El artículo 4.4 del Código Penal establece precisamente la posibilidad de suspender la ejecución. Dice este precepto que “si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada”.
De la misma forma, este artículo posibilita la suspensión de la ejecución de la pena “mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria”.
La llegada de los autos del Tribunal Supremo a la Audiencia hispalense se ha producido cuando son ya siete de los nueve ex altos cargos condenados a penas de cárcel por malversación los que han solicitado el indulto parcial.
Además de Griñán, cuyos familiares presentaron el indulto a principios de septiembre, hay otros seis ex altos cargos que han solicitado la medida de gracia: los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, según han confirmado a este periódico fuentes del caso, que han señalado que el indulto se solicita por razones de "proporcionalidad, humanidad, justicia material y equidad".
Sólo quedan por presentar la petición de indulto parcial el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y el ex viceconsejero Agustín Barberá, si bien este último formalizará su petición en breve, según ha podido conocer este periódico.
El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que los otros ex altos cargos condenados por malversación son los ex consejeros Antonio Fernández (siete años, 11 meses y un día de prisión), José Antonio Viera(siete años y un día de prisión), Carmen Martínez Aguayo (seis años y dos días de prisión) y Francisco Vallejo (siete años y un día de prisión).
Completan la lista de acusados condenados a penas de cárcel los ex viceconsejeros Agustín Barberá (siete años y un día de prisión) y Jesús María Rodríguez Román(seis años y dos días de prisión), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (tres años de prisión) y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar (seis años, seis meses y un día de prisión).
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