Sindicatos SA

El sindicalismo vertical franquista, extraído del credo fascista por el cual la representación del obrero y del empresario estaba articulada dentro del aparato político del Estado, fue horadado hasta su demolición gracias a una batalla sorda llevada a cabo dentro de los centros de trabajo por las comisiones obreras. La victoria en esa guerra de guerrillas, que dio con los huesos de muchos de aquellos legendarios sindicalistas en la cárcel, fue el origen del sindicalismo moderno y profesionalizado que, más de 30 años después de ser reconocido por la Constitución, aguanta la valoración más baja por parte de los ciudadanos. Casi medio millón de trabajadores han entregado su carné sindical en los cuatro últimos años. En la última encuesta sobre Calidad de Vida del Trabajo, un 46% de los consultados afirmó no conocer nada sobre la actividad sindical en su trabajo. El último barómetro del CIS puntúa la actividad sindical con un 2,45 sobre diez, sólo por detrás de Gobierno y los políticos.

La detención del secretario de UGT de Cádiz, Salvador Mera, un sindicalista profesional con más de veinte años de trayectoria dentro del sindicato, airea -más allá de la existencia o no de una conducta delictiva- los cables conductores entre las organizaciones sindicales y el erario público. Queda claro que Mera no se ha lucrado en el caso del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, pero es un hecho, ya que así lo ha reconocido el sindicato, que se cobraron comisiones, y éstas no obreras, por la mediación en despidos. Dinero transferido de la Junta a los sindicatos a través de aseguradoras intermediarias. El dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, ha afirmado ante la juez Alaya que trató con Mera el pago de 180.000 euros al sindicato por sus servicios prestados. Si esto fuera cierto, UGT es una empresa que cobra muy caro por sus servicios.

El poder público es muy generoso y poco vigilante con unas organizaciones que ahora dicen sentirse perseguidas. El último episodio de esta falta de control han sido las facturas endosadas a la Junta por comidas en ferias. UGT, tras realizar una investigación interna con la que se ha autoproclamado inocente de cualquier irregularidad, ha devuelto 25.000 euros por desviaciones de las subvenciones que reciben para formación a los parados.

No se conoce que se hayan depurado responsabilidades tras esa opaca investigación interna.

Eva Garrido, catedrática de derecho laboral y decana de la Facultad de Trabajo de la Universidad de Cádiz, considera que el gran error de los sindicatos es no haber aprendido de experiencias pasadas, como la oscura gestión de los cursos de formación de FPO, donde se detectaron a finales de los 90 numerosas irregularidades. "Las ayudas deben tener un carácter finalista. Es decir, si un dinero público va a los sindicatos para formación, eso es lo que tienen que justificar con pelos y señales. ".

Los dirigentes sindicales ya no son reconocidos como los descendientes de esos viejos luchadores del proceso 1001, en el que la cúpula de Comisiones Obreras fue condenada a durísimas penas de cárcel por asociación ilícita en 1973. Son percibidos como una nueva generación de burócratas que perviven en sus puestos liberados durante años.

Sus máximos líderes no conocen de primera mano cómo han cambiado las cosas en el tajo. Fueron trabajadores cuando eran muy jóvenes. Y ahora son muy viejos. Sus soflamas corresponden a otro tiempo. Cándido Méndez fue elegido secretario provincial de UGT en Jaén en 1980, con 28 años. Desde entonces no ha salido del sindicato. Es secretario general desde 1994. CCOO ha mostrado algo más de movilidad. La vida de Ignacio Fernández Toxo en las luchas de la Bazán es mucho más apasionante, pero la mayor parte de su vida laboral (desde 1987) la ha pasado dentro de la potente federación del metal. Lo mismo ocurre con los máximos dirigentes andaluces. Francisco Fernández, de UGT, era trabajador de la empresa pública Egmasa, pero siempre ha sido un liberado sindical. Francisco Carbonero, trabajador de Prasa, tiene cargo en CCOO en la federación de la Madera desde 1988. Los dos grandes sindicatos funcionan como empresas, mueven grandes cantidades de dinero que, en su mayor parte, vienen de los Presupuestos del Estado, al igual que la Iglesia, y, si es necesario, aplican la reforma laboral por la que convocaron dos huelgas generales cuando han tenido que adelgazar sus plantillas.

En la otra orilla se observa con preocupación esta deriva de la imagen sindical. Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, hace una defensa decidida de los grandes sindicatos: "Y si no los tenemos, ¿qué tendríamos? No hagamos una causa general contra los sindicatos. Estos sindicatos han sido capaces de realizar ajustes solidarios que han permitido producir y crear empleo en la automoción fuera de la provincia. Aquí no lo hemos conseguido. ¿Por qué?. ¿Es el aparato o son las personas? Más bien lo segundo".

Paco Arias forma parte de esos históricos sindicalistas de la Transición, secretario provincial de UGT en los 80. Defiende el modelo: "El sindicato hace una tarea general. No negocia un convenio sólo para sus afiliados. Seguramente, si fuera así, tendrían más afiliados. Pero su labor es pública, como la de cualquier partido". Ahora es esa gestión pública la que está en entredicho.