Tabaco negro

La operación Montaña, llevada a cabo por la Guardia Civil en 1997 en Lleida, es la madre de todas las operaciones para los estanqueros. En esa batida por la frontera francesa se incautaron en una sola jornada tres millones de cajetillas y fue una prueba de fuerza que hizo ver a los grandes contrabandistas que su actividad ya no era rentable. Aunque la operación se produjo a más de mil kilómetros de Cádiz, se escogió la denominación Montaña en honor a Gibraltar, que significa montaña en árabe. Para la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), Gibraltar significa contrabando.

El pasado abril se produjo un hecho que mostraba con qué fuerza ha regresado el contrabando. Un grupo de matuteros -los que pasan por la verja de Gibraltar los cartones que se venden en Main Street, la calle principal de la colonia, a 25 euros (42 en España)- se manifestó para exigir que se hiciera la vista gorda en la aduana. Días antes, los agentes habían recibido la orden de ser estrictos con la normativa de no más de un cartón por persona y día. Lo que pedían los matuteros no era tan extraño si se tiene en cuenta que, efectivamente, durante mucho tiempo se ha hecho, por uno u otro motivo, la vista gorda. Es, al fin y al cabo, el modo de subsistencia de centenares de personas en una zona quemada por el paro. Lo que ellos hacen no es contrabando, ya que para ser considerado como tal habría que superar los 6.000 euros.

La justificación para esta movilización es siempre la misma. "No hay trabajo". El trabajo está al otro lado de la frontera más pequeña del mundo, al otro lado de la verja. Allí trabajan, en Gibraltar, más de 4.000 españoles a los que el endurecimiento de la vigilancia les supuso soportar colas de hasta cuatro horas para acudir a su centro de trabajo, por lo que pasaron a la acción y ante el monumento al trabajador transfronterizo, una pieza en bronce de hombre con bicicleta, gorra y hatillo, exigiendo al Gobierno que buscara otra forma de luchar contra el contrabando.

La escalada de tensión entre España y Gibraltar, con el tabaco en su papel estelar, estalló en el último episodio violento, sucedido a las dos de la tarde del primer día del pasado mes de junio: los que esperaban fuera a dos matuteros decidieron entrar por las bravas en el Peñón al ver retenidos a sus compañeros. Lo hicieron en tromba. El resultado fue un agente herido, un coche de la Policía gibraltareña destrozado y el primer ministro de la Roca, Fabián Picardo, declarando el incidente como "el más grave en años".

La economía sumergida por el tráfico de tabaco desde Gibraltar es menudeo en comparación con organizaciones de contrabandistas más complejas, pero está hundiendo a los estancos. En La Línea apenas quedan estancos. El presidente de la Asociación de Estanqueros de Cádiz, Aureliano Felipe, que califica la provincia como "un coladero", pone cifras al declive. Desde 2009 ha caído la venta de cigarrillos un 35%. 34 millones de cajetillas menos, 41 millones menos de volumen de negocio, 34 millones de euros menos de ingresos para el Estado. Felipe calcula que en algunas zonas de la provincia de Cádiz se fuma más tabaco de contrabando, un 55%, que legal. El presidente de la Asociación de Estanqueros de Sevilla, Fernando Romero, es más tajante: "El tabaco no se ha dejado de vender. El tabaco se ha dejado de vender legalmente". Los datos parecen avalarle. Los estancos andaluces han pasado de vender 840 millones de cigarrillos en 2005 a vender 509 millones en 2011.

La Guardia Civil ya lleva en lo que va de año once operaciones de cierto calado. Hay órdenes de apostarse cada cierto tiempo en la A-384 o la A-390, la ruta que lleva el tabaco de Gibraltar a Sevilla en turismos con dobles fondos, como el Daewoo que conducía Mari Carmen, una linense de 25 años, en paro, habitual contrabandista, que llevaba 4.500 cajetillas a Jerez por las que tendría que cobrar 21.000 euros. Ése era el montante del porte. 500 eran para ella por el viaje. Indican los estanqueros que el contrabando de tabaco ya no es subsistencia. Muchos viven muy bien del negocio que les arruina a ellos, que son los que pagan impuestos.

El relato de un agente que intervino en una de las últimas operaciones, la Elyxir, la primera en Andalucía en que se obtienen permisos judiciales de registro de viviendas por venta de tabaco, muestra que, cuando se tira del ovillo, casi siempre se llega al mismo lugar. "Detectamos que hay movimiento en torno a dos viviendas de la barriada de Los Esteros de San Fernando, que están cerca de un colegio. En el estanco de la zona nos dicen que se ha hundido la venta de tabaco en los últimos meses. La vigilancia nos permite comprobar que en esas viviendas se vende tabaco de contrabando las 24 horas del día, muchas veces a menores. Pedimos al juez el permiso de registro y nos encontramos, escondidos en distintos lugares de la primera vivienda, con más de 4.000 cajetillas. El negocio lo tenía una mujer de 55 años con su hijo y un matrimonio vecino. Se abastecían en Lebrija, por lo que fuimos allí y vigilamos a un hombre de 46 años, que tenía una pequeña red de porteadores que hacían hasta tres viajes diarios a La Línea. En total, detuvimos a doce personas. El origen estaba en La Línea, el mayorista en Lebrija y la minorista que nos permitió tirar del hilo en San Fernando. Cogimos 10.000 cajetillas y 91.000 euros. Un buen negocio".

El tabaco de contrabando aparece en cualquier lugar, muchas veces sin mediar operaciones. Su presencia es tal que, como sucedió la pasada semana, los agentes del SVA pueden abrir una furgoneta de reparto de helados cargada hasta arriba de cartones de tabaco en pleno centro de Cádiz. El tabaco de contrabando es más fácil de comprar que a principios de los 90, cuando el célebre Winston sin precinto fiscal se exhibía como distinción e hizo que a los contrabandistas de aquellos años se les llamara winstoneros. Ahora se encuentra tabaco falso de cualquier marca. Al aroma de un buen negocio llegan nuevos operadores. "No es sólo Gibraltar -denuncia Felipe-. El tabaco entra en embarcaciones pesqueras, de recreo, en los contenedores del puerto de Algeciras... Un coladero".

Una de las principales operaciones realizadas en los últimos meses ha sido la Platanera. Se incautaron 123.000 cajetillas procedentes de Canarias y Gibraltar. La organización ya había alcanzado un elevado nivel de sofisticación y estaba comandada por un hombre de Marchena de 34 años y su cuñado, a los que les llamaban "los constructores", pues procedían de este sector. Estalló la burbuja y se hicieron contrabandistas. Este núcleo duro tenía otros socios constructores en Los Molares, Utrera, Carmona... toda una red de distribución que trabajaba por encargo. Con coches de gran cilindrada acudían a los depósitos de tabaco de Gibraltar, Tenerife o Andorra, cargaban y entregaban al cliente, que descendía la mercancía hacia los mercados minoristas andaluces. La red contaba con un informador dentro de los juzgados que les filtraba los pasos que daba la investigación de la Guardia Civil.

El repunte del tabaco ilegal, desandando todos los pasos andados, ha vuelto a atraer a las mafias. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que comanda Miguel Ángel Godoy, apunta al crimen organizado como responsable de los mayores tráficos por tierra desde el Campo de Gibraltar y y puertos como el de Algeciras. Hasta junio, el servicio aduanero ha interceptado en las fronteras 5,7 millones de cajetillas, lo que da una visión de hasta qué punto el mercado está inundado de tabaco ilegal.

La preocupación en la principal compañía tabaquera española, Altadis, es notable. Su director de asuntos corporativos y legales, Jaime Gil Robles, ha afirmado en unas jornadas sobre Comercio Ilícito que entre 2009 y 2012 se ha pasado de un 3% de tabaco de contrabando a un 12%, lo que pone en peligro 55.000 empleos. Se estima que por cada punto porcentual de incremento de tabaco de contrabando, el Estado deja de recaudar 100 millones. De ser cierto este cálculo de Altadis y contando con que se estima que el 50% del tabaco de contrabando entra por Cádiz, el problema le supone al Estado no menos de 600 millones de euros.