UPyD pregunta a la Junta por qué ha quitado de su web la información sobre VPO vacías

Sevilla/El líder regional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, quiere saber por qué, "curiosamente, ha desaparecido de la web de la Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA)" el listado actualizado de las ofertas de Vivienda de Protección Oficial que impide conocer exactamente cuál es el stock de inmuebles desocupados de la Junta de Andalucía. Así se lo pregunta en su blog, donde reflexiona también sobre por qué la Administración autonómica no ha puesto en marcha otras iniciativas "menos intervencionistas y más sencillas" que las contempladas en el decreto ley de la función social en lugar de la expropiación forzosa del uso de las viviendas desocupadas.

"Es lícito preguntarse por qué no se ha pensado en otro tipo de medidas que, por ejemplo, aprovechen el stock de inmuebles desocupados de la Junta de Andalucía que, al parecer, asciende a más de 5.000 viviendas. No podemos contrastar este dato porque, curiosamente, ha desaparecido de la web de la EPSA (Empresa Pública de Suelo Andaluz)", denuncia De la Herrán en su diario digital. En la referida web, la empresa de la Junta ha publicado una nota aclaratoria en la que especifica que la información que se puede consultar "es una recopilación histórica de la gestión de EPSA en materia de promoción de vivienda protegida, no actualizada, dado que esta empresa está construyendo una nueva página web que estará plenamente activa en breve, y en la que aparecerá toda la información de interés puesta al día".

Sobre el decreto ley en sí, el líder de la formación magenta en Andalucía, que valora no obstante la "buena voluntad" de la Junta con este decreto, advierte de que esta iniciativa no es "la panacea para resolver el problema de los desahucios, sino más bien una medida más dirigida a sacar titulares de prensa y ayudar al reflotamiento del PSOE -aunque, dicho sea de paso, esta medida es más bien de IU- que a buscar verdaderas soluciones a los problemas de los ciudadanos". "Y no sólo lo digo por el fondo, sino también por la forma en que se ha presentado esta iniciativa, por sorpresa y por la vía de urgencia. Un bombazo mediático en toda regla", critica.

Para UPyD, el decreto ley tiene una "dudosa constitucionalidad por cuanto pudiera entrar en conflicto con el derecho a la propiedad" y que, de hecho, "distintas voces autorizadas se han manifestado en uno y otro sentido lo que, ya de inicio, nos invita a pensar que la cosa no está nada clara y, muy probablemente, acabe siendo objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional". De la Herrán señala al respecto que uno de los aspectos "más polémicos" de la norma es la posibilidad de expropiación temporal de las viviendas deshabitadas y los criterios que se van a emplear para llevar a la práctica "la imposición de sanciones a las entidades bancarias y sociedades inmobiliarias que tengan viviendas y que no presten una utilidad social o, dicho de otro modo, que se encuentren desocupadas".

"Si tenemos en cuenta que en Andalucía tenemos 4,5 millones de viviendas y que se pretende controlar mediante inspecciones qué viviendas son sancionables, podemos fácilmente imaginar que llevar a la práctica una norma de estas características va a precisar de una ingente cantidad de recursos económicos y, de hecho, el propio decreto ya prevé la creación de un 'Observatorio de la Vivienda de Andalucía' y podemos deducir que van a ser necesarios cuerpos de inspectores bien formados y equipados que hagan seguimientos, analicen los consumos de agua y luz de las viviendas, se informen de la titularidad de los inmuebles, verifiquen que los períodos de desocupación superen los límites que permite la norma, etc. En definitiva, un mecanismo intervencionista costoso, difícil de llevar a la práctica y que va a traer no pocos quebraderos de cabeza", reflexiona.

Finalmente, De la Herrán apunta a que, dado el "calado" del texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es "lamentable que no sea debatida en el Congreso y aprobada -en su caso- para todos los ciudadanos españoles, independientemente del territorio en el que residan". Sobre todo, argumenta, porque de este modo "caminamos hacia las dos, las tres o las diecisiete Españas en las que, mientras unos deciden no acatar las sentencias judiciales que declaran el derecho de los niños a estudiar en castellano, otros se apresuran a sacar decretos para copar los titulares y quizá aplacar la tormenta de los ERE que nos lleva meses acechando".