Varios cargos públicos entre los 37 nuevos prejubilados irregulares

El caso de presunta corrupción que afecta a la Junta de Andalucía derivado de las irregularidades en la empresa pública municipal Mercasevilla elevó ayer aún más su dimensión. La Junta reveló que, en un primer análisis de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) con prejubilaciones analizados en la última década, se han encontrado 37 personas en 12 empresas que estarían cobrando las pólizas sin que figuren en ningún ERE.

La Junta ha enviado esta información a la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, según informó en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. A estos expedientes hay que añadir los ya descubiertos de la viuda sevillana Carmen Fontela y Antonio Garrido Santoyo, miembro de la ejecutiva socialista de Baeza, investigados tras figurar en las listas de prejubilados de Mercasevilla sin haber trabajado nunca en la empresa.

Si bien Moreno no quiso revelar a la prensa si entre los falsos expedientes se encontraban ex altos cargos o la identidad de las empresas, horas más tarde se filtraron algunos de los altos cargos implicados. Hay que apuntar, no obstante, que debe ser la juez del caso quien establezca si fueron ellos quienes se beneficiaron o fueron otros intermediarios.

Entre los incluidos en la lista que ha remitido a la juez la Consejería de Empleo se encuentra Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso (1987-1995 y 1999-2007). Se da la circunstancia de que el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, también fue regidor de esta población sevillana. Guerrero fue el responsable de estas ayudas nueve años, hasta 2008. Precisamente fue la referencia de Guerrero ante la Policía sobre la existencia de un "fondo de reptiles" para administrar estas ayudas -información conocida la semana pasada-, la que ha elevado de rango la investigación hacia un nivel superior y la que motivó a la Junta a iniciar una investigación interna de los ERE a los que ayudó con fondos públicos. Desde 2001 a la actualidad, se destinaron 647 millones de euros.

Un segundo nombre de los prejubilados dado a conocer fue el del ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, nombrado en 1998 por el entonces consejero Isaías Pérez Saldaña y que ocupó el cargo hasta 2000. Otro de los altos cargos supuestamente beneficiados es un gobernador civil, ya fallecido, que, según pudo conocer esta redacción, trabajó en Cárnicas Molina, aunque se prejubiló en Hytemasa. Otras fuentes explicaron a este medio que también puede haber otros ex alcaldes sevillanos prejubilados en Boliden.

Moreno detalló la detección de estos posibles fraudes entre las medidas que la Junta, "como perjudicada", ha emprendido para esclarecer los hechos. De los 45 ERE "vivos", es decir, que aún están recibiendo pagas los ex trabajadores, la Consejería de Empleo ha analizado por el momento un total de 30, con el resultado de 37 posibles expedientes falsos que han sido remitidos a la juez en un total de 12 empresas. La investigación no ha concluido.

Otras de las acciones de la Junta serán solicitar un informe de fiscalización a la Cámara de Cuentas (como el que ya solicitó para las ayudas a la formación profesional tras el caso Velasco) o la comparecencia inmediata en el Parlamento, posiblemente la próxima semana, del consejero de Empleo, Manuel Recio. También la personación en la causa, probablemente como perjudicados a falta del visto bueno de los servicios jurídicos.

Moreno insistió en que en estos casos no han fallado las ayudas, que son legales, sino las personas. "Si alguien se salta los controles no es una falta de control. Lo que falla aquí es que alguien ha decidido beneficiarse de fondos públicos y vamos a llegar hasta el final de este asunto". Achacó en varias ocasiones la responsabilidad al ex director general de Empleo sin citar a los consejeros que lo mantuvieron en el cargo, José Antonio Viera y Antonio Fernández a partir de 2004.

Moreno puso a la Junta del lado de los damnificados de quienes han querido beneficiarse de estos fondos y recalcó que la Junta acudirá al juzgado "sin ningún distingo y sin ninguna excepción, afecten a quien afecten" y con la finalidad de querer zanjar un debate "caiga quien caiga".

La consejera marcó desde el principio de su comparecencia (de casi una hora) una raya: la defensa de estas ayudas que han beneficiado a 6.096 trabajadores de 2001 a 2009, su legalidad, su transparencia y el control al que se somete por el Parlamento.

Otra cosa es el procedimiento con el que se otorgan, mediante unas transferencias por financiación de explotación que, de hecho, tanto la Policía como la juez han tachado incluso de ilegales por saltarse el derecho administrativo. Bajo esta figura se transferían fondos a organismos de la Junta -primero el Instituto de Fomento (IFA) y después la agencia Idea- y, según Moreno, bajo esta figura se favorecía "y se va a seguir favoreciendo" el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos. Otras figuras son las subvenciones excepcionales o los encargos de ejecución. "Se puede discutir si es la figura más adecuada, pero que sea irregular o ilícita en modo alguno", añadió.

No obstante, la consejera reveló que en 2005 un informe de la Intervención General de Hacienda -curiosamente, cuando era consejero de Economía y Hacienda el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán-, discrepó de este procedimiento. Entonces se hizo un análisis con una muestra aleatoria de 20 expedientes y la conclusión fue positiva por parte de la inspección, detalló Moreno. Pero a pesar del informe, la Junta sigue con esta fórmula externa, en la que prima la agilidad que da no estar sujeto al derecho administrativo.

A pesar de todo, Moreno entendió que estas ayudas para pagar las prejubilaciones o para empresas en crisis deberían haberse publicado en el BOJA y no eludir el control administrativo. "Entendemos que deberían haberse publicado", admitió.

La Policía Judicial anota en su informe que con la llegada de Francisco Javier Guerrero al cargo comenzó el sistema de ayudas económicas a las prejubilaciones mediante un "convenio o protocolo" con el IFA que, para los investigadores, implica un "incumplimiento flagrante" de la ley.