Vox obligará al Gobierno a desenredar el berenjenal de la administración paralela

Nadie sabe a ciencia cierta, por asombroso que parezca, cuántas personas trabajan en el sector instrumental de la Junta de Andalucía. Unos 26.000 empleados, pero sin el detalle. El Gobierno de PP y de Ciudadanos ha recortado el número de entes que forman la también llamada administración paralela, pero no hay una radiografía exacta de número de trabajadores, salarios y funciones de cada una de las empresas, fundaciones y sociedades. Este sector es el objetivo de Vox para el próximo Presupuesto de 2020 y, por ello, ha solicitado a los negociadores que se publiquen las licitaciones de las auditorías de cada ente, uno por uno.

En el registro del Ministerio de Hacienda hay certificados, con fecha de 1 de enero de 2019, un total de 282 entes de la Junta, entre sociedades, fundaciones, agencias y otras nominaciones, un auténtico berenjenal del que nadie, hasta ahora, tiene una visión en conjunto. El Gobierno de Juanma Moreno ha ido cambiando de opinión sobre el sector instrumental. Si cuando estaba en la oposición, el PP solicitaba su desaparición, ahora un miembro del Ejecutiva explica que los extremos ideológicos hay que dejarlos aparte cuando se gobierna, que hay empleados y entes que la Junta necesita que funcionen.

En efecto, tal como sostenía el PSOE, aunque este partido se benefició de contrataciones sin control. Hay entes de cuya función nadie duda, como los de las actividades sanitarias y sociales, pero las duplicidades son evidentes y hay un problema añadido con los trabajos que, realmente, pueden realizar los empleados. Un buen número de ellos, los que estaban en la extinta Faffe, se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo, a pesar de que no están autorizados para ejercitar determinados trámites.

Vox ha apretado en las últimas semanas para acotar este sector. El grupo de Santiago Abascal amenazó con presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2020, pero finalmente ha dejado pasar el trámite. Esto significa que el Gobierno de Juanma Moreno podrá sacar sus cuentas en la primera semana de diciembre, después del proceso de negociación de enmiendas en el Parlamento. Bastó con Iván Espinosa de los Monteros, uno de los dirigentes nacionales de Vox, bajase a Sevilla para que aclarase la posición del grupo parlamentario: se negociará, "no será un camino de rosas", pero sin el órdago de sumarse al PSOE y a Adelante Andalucía.

Vox quiere que el Gobierno andaluz licite a lo largo de 2020 los concursos de adjudicación de todas las auditorías, que deberán realizarse por separado para cada uno de los entes. Se tratan de auditorías integrales, económicas, pero también funcionales, de modo que se conozcan sus balances, pero también los empleados, salarios y funciones. Los de Santiago Abascal exigen, además, que todos los resultados se puedan consultar públicamente. Se ha rechazado que sean sólo la Cámara de Cuentas o la Intervención quienes realicen estos trabajos, porque supondría una carga de años de inspecciones.

En el Gobierno se han puestos a trabajar en ello. Ana Vielba, secretaria general de Administración Pública, una de las todoterrenos de la administración de Moreno, va a tener bastante trabajo en los próximos días si, realmente, el Gobierno es capaz de ordenar y publicar todos los pliegos de las auditorías.

Hay quien admite dentro del Gobierno que la exigencia de Vox vendrá bien. Aunque el Gobierno eliminó en los primeros meses decenas de entes, lo hizo sin coste político porque o se trataban de fusiones o de cerrar fundaciones que carecían de actividad. De algún modo, Vox los devuelve a las obligaciones que el PP y Ciudadanos habían adquirido como Gobierno del cambio.

Sólo una vez que se tenga la visión global de este sector, se podrá decidir si hay que cerrar entes, con lo que el efecto eso podrá tener sobre el empleo.

El PP y Ciudadanos adelantaron el debate de la totalidad del Presupuesto, que es cuando se puede rechazar, a los días 23 y 24 de octubre, antes de la campaña electoral de las generales. Se trató de una jugada maestra, porque Vox no podía llegar a la campaña de la mano de los partidos de izquierdas, después de haber rechazado las cuentas andaluzas.

Al Gobierno de Moreno y de Juan Marín se le abre una legislatura sin complicaciones una vez que logren aprobar el Presupuesto de 2020. Los cuatro años se podrán agotar, porque, en el peor de los casos, las cuentas se prorrogarían en 2021. Tampoco Vox puede asumir el riesgo de acudir a unas elecciones adelantadas como el factor que las ha provocado. De este modo, lo que le queda es lo que hace: presionar para obtener resultados cuantitativos.

Las relaciones entre Ciudadanos y PP dentro del Gobierno no tienen tampoco fisuras. Las reuniones de coordinación entre ambos partidos de todos los lunes aún no ha generado ninguna discrepancia de consideración. Después del 10 de noviembre, si se materializase el derrumbe nacional de los naranjas, que es un asunto todavía por ver, algunas cosas podrían cambiar, pero no al extremo de la ensoñación de Susana Díaz, que espera que Albert Rivera le dé un placet para presentar una moción de censura.