Los alcaldes piden a Montoro una financiación que sortee a la Junta de Andalucía

La visita que el andaluz del PP, Juan Ignacio Zoido, y los alcaldes de todas las capitales de la comunidad realizaron ayer al ministro de Economía, Cristóbal Montoro, adjuntaba un doble sentido, aunque ambos coinciden. De un lado, el más político: Zoido sigue la anterior estrategia del PP, la de hacer valer su poder municipal -gobierna en las ocho capitales-, y sortea a la Junta para reunirse directamente con los responsables de Hacienda en Madrid. El PP mantiene que la Junta trata mal a los ayuntamientos, y Zoido está haciendo de ello uno de sus mensajes políticos. Pero, de otro, Montoro les explicó a los alcaldes una de las leyes que más se esperan, y de la que menos se conoce a pesar de estar, prácticamente, finalizada: la de la reforma de la administración local, un texto que ordenará las competencias de los ayuntamientos, eliminará muchas mancomunidades y fortalecerá a las diputaciones.

Lo que los alcaldes andaluces fueron a solicitarle a Hacienda es que cada competencia asumida por los municipios esté correctamente financiada, y, a ser posible, que la transferencia provenga directamente, de la Administración central, de tal modo que los ayuntamientos no dependan de los problemas de liquidez de la Junta.

Montoro oyó a los alcaldes, y adquirió un compromiso: la ley de financiación autonómica se abordará a la vez que la local, ya que habrá un cruce de traslado de competencias entre estas administraciones que llevará consigo nuevos problemas de financiación. De ahí, la petición de los alcaldes de que las piezas de este particular puzzle encajen a la vez.

La nueva ley, que finalmente no irá al Consejo de Ministros de pasado mañana, viernes, delimita las competencias entre administraciones, de tal modo que suprime duplicidades. Ello dotará a los municipios de nuevas competencias, de ahí el temor de los alcaldes a que no estén bien dotadas. Por ejemplo, queda por definir si las de la Ley de Competencia se quedan en los ayuntamientos, o las de educación pasan por completo a las comunidades autónomas. En la actualidad, son los ayuntamientos los que sufragan los gastos de mantenimiento de los colegios. La intención de los alcaldes del PP es que las nuevas competencias no procedan de transferencias autonómicas o de los convenios con la Junta.

El PP lleva años solicitando una transferencia desde las comunidades autónomas a los municipios, por cuanto los ayuntamientos han asumido labores de facto que no le corresponden -muchas, en asuntos sociales-, por lo que no cuentan con dinero suficiente para ello. Los socialistas también quieren hacer bandera del municipalismo. Griñán lleva semanas asegurando que el ayuntamiento es la unidad más democrática del Estado, pero el PSOE es partidario de transferencias desde la Administración central. El vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, tachó la reunión de "sectaria" porque sólo fueron ayuntamientos gobernados por el PP -eran las capitales- y a ellos se unió la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, que sigue ejerciendo de el cargo provisionalmente.

La intención de Montoro es que, cuando se apruebe la reforma de la ley local, uno de los reglamentos desarrolle la financiación, y que éste se sincronice con los cambios del sistema de financiación autonómica. El Gobierno, después de la Conferencia de Presidentes, se comprometió a estudiar la reforma del modo de repartir los fondos entre las comunidades, toda vez que hay algunas de ellas, como Andalucía y Canarias, que están perdiendo demasiado con la nueva fórmula.

Ya fue intención del anterior Gobierno, el de Zapatero, de sincronizar las dos reformas, pero, finalmente, no se hizo. La nueva ley exigirá de un modo tajante el control de las cuentas de los municipios. Aunque ya tienen la obligación de presentar sus presupuestos y las liquidaciones, hay muchos que no lo hacen sin que haya mayores castigos.