Andalucía, Cataluña, España

En octubre de 1977, Adolfo Suárez restableció la Generalitat y reconoció la legitimidad del hasta entonces president en el exilio. El 23 de octubre, Tarradellas se dirigió a una multitud desde el balcón del Palacio de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume: “Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!”. Seis semanas después, el 4 de diciembre de 1977, dos millones de ciudadanos exigieron en las calles de Andalucía, y cientos de miles en las de Barcelona, igualdad para superar de una vez por todas el abandono, el atraso y el subdesarrollo. Y el 28 de febrero de 1980 aquel atronador “ni más, ni menos” ganó ampliamente, con el liderazgo de Rafael Escuredo, el referéndum del art. 151 de la Constitución, a pesar del boicot del gobierno de Suárez, UCD y AP. Y fue por este artículo por el que Andalucía accedió a una autonomía política del mismo rango que las “nacionalidades “ que habían plebiscitado sus Estatutos en la II República: Cataluña, Euskadi y Galicia.

El Estado de las Autonomías plasmado en la Constitución (al que el insigne catedrático y gran jurista Eduardo García de Enterría definió como “federalismo cooperativo” o “de gestión") se fue desplegando entre tensiones opuestas: singularidad-igualdad; nacionalismo español-nacionalismos periféricos; relaciones de fuerza en Congreso de los Diputados- Parlamentos autonómicos, etc.

En 1993, ya sin mayoría absoluta Felipe, y como después harían también ZP y Sánchez, pactaron sus respectivas investiduras con otros grupos, nacionalistas incluidos. Los tres fueron demonizados por la derecha, pues “vendían España” a cambio del poder: como nos enseñó Antonio Machado, “todo necio confunde valor y precio”.

En 1996, Aznar tuvo que pactar también con CiU y PNV para ser presidente, por lo que, muy velozmente pasó del “Pujol, enano, habla castellano”, que gritaban sus militantes en los actos que él mismo presidía a “hablar catalán en la intimidad”. Eso sí, sus corifeos y altavoces mediáticos se aseguraron de repetirnos hasta la saciedad que, a diferencia de Felipe, él no pactó “por el poder, “ sino por España”.

Cabría colegir de esos cuatro pactos de investidura, de todos o de ninguno, que se firmaron por el bien común. Prueba de ello es que acabaron beneficiando a todas las comunidades autónomas, avanzándose así en la federalización del Estado.

La proverbial vesania que se apodera de la derecha española cuando no tiene el poder es la causa de su furibunda oposición a Pedro Sánchez, justo cuando puede mostrar datos económicos y de empleo históricos. Y tras una década nefasta, Cataluña la preside Salvador Illa, un constitucionalista que apoyó el 155. Sin ETA ni procés, el PP es poca cosa, aunque siempre podrá pronosticar la enésima “catástrofe “, cuya última edición está referida al acuerdo PSC-ERC, haciéndole decir lo no escrito: ni solidaridad limitada unilateralmente; ni concierto a la vasca; ni cupo inconstitucional alguno, callando además, que cualquier cambio en la Lofca ha de contar con mayoría absoluta en el Congreso y el control de legalidad de todo nuestro Estado de Derecho.

La suficiencia financiera de Andalucía no peligra, como se ha dicho, por ese acuerdo en Cataluña siempre y cuando se den dos condiciones. La primera es que el Gobierno de España nos siga enviando no ya los 4.000 millones de más, por año, –tal y como acordó en 2018 el Parlamento andaluz cuando aún gobernaba Rajoy– sino los más de 6.000 millones de más, por año, que la Junta ya ha recibido en el quinquenio 2019-2023. Andalucía ha recibido en estos cinco años, gobernando Pedro Sánchez, 31.434 millones de euros más que los cinco anteriores cuando gobernaba Rajoy. Esta es la verdad contante y sonante que desmiente de raíz la falsa acusación de Moreno Bonilla al Gobierno central de castigar a los andaluces, para tapar así su pésima gestión.

Por tanto, y con números en la mano, si el actual presidente ha dispuesto de 6.287 millones de euros más por cada uno de los últimos cinco Presupuestos de la Junta que los que tuvo Susana Díaz, ¿de qué se queja Moreno Bonilla? Y si, durante su mandato, Andalucía ha pasado a ser la última comunidad autónoma de España en PIB per cápita, ¿de qué presume Moreno Bonilla?

Y la segunda condición es que la propia Junta abandone su irresponsabilidad fiscal cuando les ahorra cientos de millones en impuestos a los más ricos y además otorga contratos también millonarios a empresas privadas para gestionar muchos servicios públicos del Estado del Bienestar.

José Caballos Mojeda fue portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz (1994-2004), senador autonómico y ponente del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007.