Andalucía recurre el reparto de menores inmigrantes por "invasión de competencias"

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el recurso de inconstitucionalidad contra el reparto de menores inmigrantes de Canarias entre las comunidades autónomas. Así lo ha asegurado la portavoz de Ejecutivo andaluz después de la celebración del Consejo de Gobierno. Carolina España ha puntualizado que "los servicios jurídicos estiman que se ha producido una invasión de competencias por parte del Gobierno central" y ha insistido en que "al no haber previsto una financiación para poder atender a estos menores con la mayor dignidad posible, hace que todo el sistema colapse".

Las principales quejas del Gobierno andaluz se centran, en que ese reparto de menores inmigrantes "fue acordado entre el Ejecutivo central y Junts, sin tener en cuenta, ni informar a las comunidades autónomas pese a que ese mismo día se celebraba una Conferencia Sectorial" y se crea una situación de insolidaridad en la distribución de dichos menores, de tal manera que Cataluña se quedará con apenas 26, mientras que a la Junta se le exige que acoja a cerca de 800. No obstante y pese a "garantizar que se les va a prestar toda la atención, consideramos que hace falta una financiación que no llega".

Los números que ha puesto encima de la mesa la portavoz de la Junta, hablan de que el año pasado, Andalucía acogió a un total de 2.615 menores, "lo que lleva los recursos a un límite del 96% de capacidad". Además, ha criticado que "634 niños entraron con la apariencia de menores de edad, que no eran adultos". Todo ello, hace que "el sistema colapse y que reviente, porque estamos absolutamente al límite. Sin financiación es absolutamente imposible poder ofrecer los servicios que estos menores requieren".

El anuncio hecho esta tarde responde al inicio de los trámites para llevar a efecto este recurso de inconstitucionalidad que se presentará "cuando finalicen todos los trámites requeridos. Los servicios jurídicos han informado de que existe esa invasión de competencias y que se vulnera la Constitución con este reparto, por lo que se ha decidido continuar con dichos trámites y hacerlo efectivo".

El segundo recurso que días pasados la Junta anunció que podía presentar sobre la cesión de competencias sobre inmigración a Cataluña, la portavoz ha recordado que "sigue en estudio". No obstante, hay que precisar que la medida no ha sido puesta en práctica todavía, ya que está en la fase de acuerdo entre el Gobierno y Junts, pero no se ha puesto en funcionamiento como sí ha ocurrido con el reparto de menores inmigrantes.

Tal y como informó este periódico el pasado domingo, la postura de la Junta implicaría que se aceptará la redistribución de los menores inmigrantes porque Andalucía "es una tierra de acogida", pero se opondrá a la modificación de la ley porque se ha realizado sin consultar con las comunidades y porque invade las competencias sobre tutela de la infancia que se recogen en el Estatuto de Autonomía. Aunque las competencias en materia de infancia son autonómicas, el Supremo entiende que es el Gobierno el que debe de hacerse cargo de los menores si están en situación de desamparo y han solicitado el asilo. Finalmente, el Ejecutivo central se hará cargo de ellos.

El criterio de la distribución obedece a varios parámetros técnicos, pero sorprende que, con los primeros cálculos, Andalucía recibirá 796 menores, Madrid, 806, y Cataluña, sólo 27. La clave de estas asimetrías es que se tiene en cuenta los menores que ya están en cada comunidad. Sin embargo, Andalucía ha comunicado esta semana al Gobierno que es la que más menores ha tratado en 2024 por detrás de Canarias, un total de 2.615.

Los servicios jurídicos de la Junta han mantenido varias reuniones para analizar la inconstitucionalidad del texto. Las competencias de menores es autonómica. El Gobierno andaluz tiene una red de 6.092 plazas para acoger, tanto a menores nacionales como a migrantes. 2.968 son plazas de residencia y el resto, 3.214, son de acogimiento familiar. Según el dato que Andalucía ha facilitado al Ministerio de Juventud e Infancia, en la comunidad sólo quedan 240 plazas libres, pero son tanto para migrantes como para andaluces. No hay mucho más margen para albergar a los 796 que recibirá mediante la reforma de la ley.

El real decreto se debe validar este mes en el Congreso. Aragón y Madrid ya han anunciado que se sumarán a Andalucía a la hora de presentar recursos ante el Constitucional. La Junta puede ir más allá porque según ha sabido este diario también se está analizando recurrir la futura ley orgánica de delegación de competencias de inmigración a la Generalitat.

Esta proposición de ley ha sido registrada en el Congreso por Junts y el PSOE. Aunque la inmigración y el control de fronteras es una competencia del Estado, el Gobierno utiliza el artículo 150.2 de la Constitución para hacer una delegación que permitirá, entre otros, el control compartido de las fronteras por parte de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. La carta magna sostiene que estas delegaciones y transferencias son posibles si "son susceptibles" de ello, y es aquí donde comienzan las dudas constitucionales.