Un año del nuevo Gobierno, más política que cambio

La próxima semana se cumple un año de la toma de posesión del Gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía y no se han cumplido los peores augurios que anunciaban la regresión de los avances sociales, recortes del Estado del Bienestar y privatizaciones, ni tampoco de concesiones relevantes a Vox, pero las promesas de cambio se han convertido en pocas realidades hasta el presente.

En el balance del año debo destacar un rasgo de la gobernanza regional que no es nuevo en la Junta de Andalucía, pero que estimo relevante: la prevalencia de la politic sobre la policy. Ambas expresiones inglesas se traducen por "política", pero tienen acepciones diferentes, pues mientras que politic hace referencia a sagaz, líos, intrigas o política como adjetivo, policy hace referencia a reglas, principios, ideas o política como sustantivo. Es decir, a un predominio de la política como actividad para alcanzar y mantener el poder frente a la política como instrumento de transformación de la realidad.

La prevalencia de la politic se puso de manifiesto desde la configuración del Gobierno, en la que primaron más los equilibrios entre los partidos para el reparto del poder que la racionalidad de la gestión pública. Ejemplos de ello son la superposición de una Vicepresidencia y una Consejería de Presidencia, que podrían haberse configurado en una sola consejería, la inclusión de las competencias de Industria en la Consejería de Hacienda (en lugar de en Economía), una Vicepresidencia con competencias heteróclitas (Turismo, Regeneración democrática, Justicia y Administración Local), la inclusión de Familias en Salud (en lugar de una consejería de servicios sociales), o el rapto de la lucida Extenda por la Consejería de Presidencia (cuando es un instrumento de la política de desarrollo empresarial).

Por otra parte, el peso de lo político se ha puesto de manifiesto en la ocupación del Gobierno en airear informaciones con la intencionalidad de desgastar al PSOE, como la desaparición de vacunas, la manipulación de las listas de espera o los documentos descubiertos en pretendidas cajas fuerte con evidentes exageraciones. También en este capítulo de la prevalencia de los intereses políticos debe anotarse la hiperpresencia de cargos públicos del Gobierno en conferencias, charlas, presentaciones, cócteles y celebraciones varias, primando la presencia pública sobre el trabajo de dirección y gestión.

En el activo del nuevo Gobierno regional deben reseñarse que ha abierto algunas puertas y ventanas, lo que ha permitido airear la Administración regional y vencer algunas rutinas y acomodamientos; que se ha enfrentado a gastos imprevistos, lo que ha limitado su capacidad de acción; que en algunas consejerías y departamentos se ha trabajado denodadamente para resolver problemas atrasados (como es el caso de la ejecución de los fondos europeos); que se han adoptado medidas que pueden tener trascendencia positiva a medio plazo (evaluación de organismos públicos, proyecto de simplificación administrativa); que en otros departamentos se ha reactivado el ánimo de unos empleados públicos desmotivados; que en otros se han abordado iniciativas con loables intenciones (como las medidas contra el fracaso escolar, o las listas de espera sanitarias), aunque no suficientemente eficaces; que se apuntan algunas iniciativas innovadoras en algunas consejerías o que en diversos departamentos se han puesto en marcha mejoras procedimentales y mejorado la atención de los ciudadanos.

En el pasivo hay que anotar el escaso cumplimiento de las 90 medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía acordadas por el Partido Popular y Ciudadanos, particularmente las del apartado de regeneración democrática e institucional, y que las principales orientaciones políticas no han sido muy diferentes de los anteriores gobiernos socialistas.

Este continuismo se pone de manifiesto en los dos presupuestos aprobados en 2019, en los que destacan la intensificación del peso del sector público en la economía regional, la nula tensión ahorradora, la mínima reducción de altos cargos, el mantenimiento de los mismos programas de gasto de anteriores presupuestos, la continuidad de la casi totalidad de las empresas, agencias, institutos y otros los organismos públicos a pesar del énfasis en la reducción de la "administración paralela", y tampoco hay atisbos de reforma de la administración, mientras que se siguen convocando plazas de funcionarios.

La falta de nuevos enfoques en las políticas del Gobierno tiene su más significativa expresión en las dos principales áreas de gestión pública regional: educación y sanidad. La educación por ser el arma fundamental de futuro, tanto por su trascendencia social para una sociedad más inclusiva, como económica por sus efectos en la empleabilidad, y la sanidad por la insostenibilidad de la pretendida sanidad gratuita universal, lo que exige en ambos casos iniciar proyectos de reformas.

Las razones de la inercia gubernamental son múltiples. Por una parte porque muchos de las reformas deseables son difícilmente abordables porque los organismos y políticas a remover tienen anclajes legales (incluso estatutarios) que exigen cambios normativos complejos.

Por otra, porque los organismos y políticas susceptibles de reformas benefician a colectivos profesionales, sectoriales y otros grupos de presión, que se volverían contra el Gobierno defendiendo su statu quo, con el consiguiente desgaste político. Y, por otro, porque posiblemente el gobierno no tenga un proyecto político que sustente la idea de "cambio". Sin embargo, si escribo lo anterior es porque creo que es posible y necesaria otra política sanitaria, económica, educativa, social…

No soy experto en política-política, pero creo que el actual gobierno regional se pudo formar porque muchos votantes socialistas estaban cansados o enfadados con el PSOE o Susana Díaz, y porque el PP y Cs prometieron un gobierno de cambio. Esa base socialista se mantiene en gran medida y es posible que para las próximas elecciones presenten un nuevo candidato, por lo que si el actual gobierno no acomete reformas en las políticas que sustancien el cambio perderá legitimidad para seguir optando a gobernar.