Consejera de Salud: "Es la justicia la que tiene que dirimir y tiene nuestro máximo respeto"

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha defendido este miércoles en el Parlamento que los contratos de emergencia del SAS, que están bajo la lupa del Juzgado de instrucción 13 de Sevilla y de la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron con "amparo legal" y para tratar de responder a la "grave tensión" que sufría el sistema sanitario público andaluz a consecuencia de la pandemia. Según la versión que ha ofrecido desde la tribuna del Parlamento, se cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público y todo estaba amparado por la legislación que se hizo a raíz del covid; hasta tres veces ha detallado que, oficialmente, la pandemia terminó oficialmente el 4 de julio de 2023 y, desde un mes y medio antes, la Junta no firmó ningún contrato de emergencia.

Pero, ante la voz unánime de los cuatro grupos de la oposición, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, hablando de "corrupción política" cuanto menos, Rocío Hernández se confió a la Justicia: "Es la Justicia la que tiene que dirimir y tiene nuestro máximo respeto. Desde la consejería y el SAS estamos a disposición del juzgado". Y esa ha sido su única referencia al procedimiento judicial abierto sobre este asunto a pesar de los múltiples reproches que le han hecho los portavoces de los grupos de la oposición.

El debate había levantado mucha polémica y expectación en el Parlamento. Era la consejera de Salud, Rocío Hernández, la que daba explicaciones sobre los informes de intervención de los contratos de emergencia del SAS entre los años 2020 y 2024 ante las protestas de la oposición que pretendía que fuese la titular de Hacienda la que aclarase el contenido de los más de 19 informes de la Intervención de la Junta que señalan que se vulneró la legalidad en los contratos de emergencia hacia la sanidad privada entre los años 2020 y 2024.

En el salón de plenos estaban sus dos antecesores, el ahora presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; y la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, escuchando las acusaciones de corrupción que hacían todos los grupos. Frente a eso, el Gobierno optó por una técnica que desgranó detalles administrativos y que, además, lleva sólo cuatro meses en el cargo. Según Rocío Hernández, había una crisis sanitaria que amparaba los contratos, dos informes de la asesoría jurídica del SAS (el 28 de diciembre de 2021 y el 10 de agosto de 2022) que los avalaron y no se firmó ninguno nuevo desde el 17 de mayo de 2023.

Es más, la consejera explicó que la contratación de emergencia "ha sido excepcional y del 11,17% de todos los contratos públicos en 2021; del 3,41% en 2022 y del 0,9% en 2023", además de detallar que se pagó a las clínicas privadas por la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos que no se podían hacer en la red propia debido a la sobrecarga por la pandemia.

La actual gerente

En uno de los asuntos en los que más se ha explayado ha sido en las adendas a los contratos de emergencia. Como ya hizo la consejera de Hacienda y portavoz en una rueda de prensa al ser preguntada, Rocío Hernández ha explicado que estas adendas firmadas en 2024 "no suponen contrataciones adicionales, ni extensión de los plazos, sino que se han hecho para cubrir los pagos de las facturas por los servicios prestados". Su principal argumento: había previsto el gasto de 239 millones y se han gastado 189 porque se han medido "con detalle" todos los servicios que realmente se han ejecutado.

Sin salirse de un discurso técnico, Rocío Hernández ha puesto especial énfasis en la defensa de la actual gerente del SAS, Valle García, quien lleva once meses en el cargo. La consejera ha elogiado su curriculum profesional y su valía como gestora, demostrada, según ha dicho, a lo largo de su vida profesional. Una contundente defensa que, por cierto, no se ha producido en el caso de los dos anteriores gerentes del SAS imputados, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, para los que, simplemente, ha pedido "respeto". Una circunstancia que no es la primera vez que se produce en el Gobierno andaluz; la portavoz Carolina España, hizo lo mismo al ser preguntada en una rueda de prensa.

"Trama de corrupción"

El parlamentario socialista Rafael Márquez ha enmarcado el comienzo de las irregularidades en la "decisión" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "eliminar los controles previos" de la Intervención en la contratación de emergencias del SAS, algo que desencadenó "en todo el sistema de contratación irregular" que investiga la Justicia. "Es un desvío masivo e irregular a dedo de cientos de millones de euros que se podía haber evitado porque no se trata de meras irregularidades administrativas sino del modus operandi del Gobierno".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, le ha pedido a Hernández que no abusara de la crisis de la pandemia para "justificar lo injustificable, porque esto es corrupción política" y le ha advertido de que resulta una "afrenta" que el Gobierno andaluz se quiere "ir de rositas", mientras será la Justicia la que tenga la última palabra.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora ha asegurado que no la comparecencia de la consejera "no ha servido para responder nada" y ha añadido que la conclusión que se puede sacar de ella es que la pandemia "duró hasta el año 2023" y que esto "justifica saltarse la legalidad", por lo que ha destacado el "papelón de justificar la corrupción".

Y desde Vox, Cristina Jiménez ha asegurado que la Sanidad se está convirtiendo en el "talón de Aquiles" del Gobierno andaluz ha agregado que los informes de la intervención y la cámara de cuentas ha puesto "en evidencia" este tipo de contrataciones por parte de la Consejería de Salud.