El juez abre juicio oral contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández por otras dos piezas de los ERE

Sevilla/El juez de refuerzo Álvaro Martín ha abierto juicio oral contra el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y otros cinco ex altos cargos de la Junta en relación con las ayudas concedidas a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor, dos de las piezas separadas del sumario de los ERE cuya instrucción ha finalizado recientemente y que se suman a la del “procedimiento específico” en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En sendos autos dictados con fecha de ayer, el magistrado ha decidido abrir juicio oral contra 16 personas por el ERE de Surcolor y 12 en el caso de Acyco, acordando igualmente traer a este procedimiento las fianzas de responsabilidad civil que en su día se le impusieron a lo largo de la fase de instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta 20 años y medio de prisión para seis ex altos cargos de la Junta en relación con las ayudas concedidas a Acyco y Surcolor. En la pieza de Acyco están procesadas 12 personas, entre ellas seis ex altos cargos: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, así como el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, reclama una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex consejero Antonio Fernández por un delito de prevaricación continuado, mientras que por otro delito de prevaricación y falsedad documental solicita otros cuatro años y medio de prisión. En total 12 años y seis meses de cárcel sólo por la ayuda a Acyco. La misma pena se solicita para el ex viceconsejero Agustín Barberá, mientras que el ex director de Trabajo Javier Guerrero se enfrenta a una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado.

La Fiscalía también reclama por el ERE de Acyco otros 8 años de cárcel para el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano; cuatro años y medio para el ex director Juan Márquez y seis años en el caso del también ex director Daniel Alberto Rivera; mientras que para la presidenta de la empresa Acyco, Encarnación Poto, reclama una condena de 14 años de prisión.

En cuanto a las indemnizaciones, Anticorrupción solicita que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros, el importe total de las ayudas concedidas.

De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción también reclama otras tantas penas de prisión por el ERE de Surcolor-Surcolor Óptica, en el que están procesadas 16 personas, entre las que se encuentran también seis ex altos cargos. Así, pide otros ocho años de prisión para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández –que acumula una petición de 20 años y medio de prisión sólo con estas dos ayudas- por un delito continuado de falsedad en documento oficial, mientras que a Agustín Barberá, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su testaferro les reclama otros ocho años de prisión a cada uno.

En el caso de los ex directores de Trabajo, Javier Guerrero se enfrenta también a ocho años de prisión por el ERE de Surcolor, mientras que a sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera se les piden seis años de cárcel a cada uno.

Para los responsables de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo solicita ocho años de prisión para el primero y cuatro años para el segundo, mientras que los dos responsables de Surcolor y Surcolor Óptica –Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla Bustamante- y un representante sindical se enfrentan cada uno a ocho años de prisión. Para los intrusos Juan Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez, Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para cada uno.

En cuanto a las indemnizaciones a la Junta, la Fiscalía pide por ejemplo que Antonio Fernández, Agustín Barberá y Antonio Rivas, solidariamente con otros acusados, abonen 817.393,23 euros.

La acusación particular que ejerce el Partido Popular solicita las mismas penas que la Fiscalía, si bien añade un delito de asociación ilícita que imputa a todos los acusados.

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, ha reclamado por las ayudas a Acyco una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que ha exculpado a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En el caso de Surcolor, la Junta ha solicitado la absolución del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y de otros cinco investigados –el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Empleo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el representante sindical José Hurtado- en la pieza separada por la ayuda concedida a esta empresa, en la que fueron hallados dos intrusos.

La acusación particular sí que ha presentado cargos contra 11 de los 16 procesados en esta pieza, entre los que destacan el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de 255.478,37 euros por delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, a los que la Junta reclama dos años y medio de prisión.

El ERE de Acyco

En cuanto a los hechos que se recogen en el escrito de calificación de la Fiscalía sobre Acyco, el Ministerio Público relata que Aceitunas y Conservas contaba en el año 2003 con 161 trabajadores e inició en marzo de ese año un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada “3 de julio” para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

El entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración que no estuvo precedido de la tramitación de expediente administrativo alguno ni de solicitud. La Fiscalía detalla que todos los encausados eran “conocedores de que había prescindido del procedimiento legalmente establecido, pues no se había presentado por la empresa Acyco ni por ninguna otra persona solicitud formal alguna para recibir la ayuda, no se había presentado por la empresa ninguna declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, no se realizó por la dirección general de Trabajo informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, así como la existencia de normativa reguladora”.

El Ministerio Público añade, finalmente que “todos los encausados eran conocedores de que ni desde la dirección general de Trabajo ni desde la agencia IDEA se iba a hacer seguimiento alguno del cumplimiento del plan de inversiones y de futuro al que se hacía mención en el convenio firmado entre la empresa y la dirección general en el mes de octubre de 2003”.

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, “amigo de la infancia” de Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, quienes recibieron de la póliza suscrita para los trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente. Por cierto que para el intruso Andrés Carrasco la Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión.

El ERE de Surcolor

La Fiscalía explica en su escrito de conclusiones provisionales que en el año 2005 las empresas Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron en marzo un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas económicas y cierre de la actividad, pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

Los responsables de la empresa, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado de Surcolor, respectivamente, contactaron a principios de 2006 con el abogado Carlos Leal Bonmati de Estudios Jurídicos Villasís, así como con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta de Andalucía para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de la empresa”, precisan los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Lanzas contactó a su vez con el delegado de Empleo Antonio Rivas y con el director general de Trabajo Javier Guerrero, facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción de los puestos. Sin embargo, Antonio Rivas, “instó” a los responsables de la mediadora Vitalia para que introdujeran a dos intrusos: Juan Manuel López Espadas -militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas- y José Antonio Márquez Sánchez –concuñado de Antonio Rivas-, los cuales “nunca habían formado parte de la plantilla de ninguna de las empresas”.

La Fiscalía sostiene que el ex consejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, así como Guerrero y Rivas conocían que “no se había seguido procedimiento alguno tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores”, además de los dos intrusos, y todo ello “sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”, llegando incluso a no publicar “deliberadamente” dicha ayuda en la base de datos de subvenciones de la Junta.

La Fiscalía asegura además que Lanzas cobró una comisión, como “contraprestación económica” por haber logrado los fondos públicos, para lo cual hizo que su testaferro Francisco Algarín Lamela, “como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes”, facturara a las empresas por importe de 118.752,64 euros.

Con respecto a los dos intrusos, el Ministerio Público explica que percibieron 61.438,74 euros, en el caso de José Antonio Márquez Sánchez, y 44.882,31 euros Juan Manuel López Espadas.