Lo que cuesta el apoyo de Vox a los Presupuestos en Andalucía: 2,1 millones en concesiones

El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox que ha salvado los Presupuestos de la Junta para 2019 tendrá muy poco impacto económico en el proyecto elaborado por el equipo de la Consejería de Hacienda. Sólo se mueven de sus partidas iniciales 2,1 millones de euros, pero resulta llamativo que 600.000 euros procedan de una dotación destinada a la integración de inmigrantes.

Casi un cuarto del impacto económico del acuerdo en 2019 sale de restar dinero de las subvenciones para las entidades que trabajan por la incorporación a la sociedad andaluza de los extranjeros que llegan a la región. Es cierto que la partida crece en 200.000 euros respecto a las cuentas de 2018, pero pierde 600.000 respecto al montante inicial previsto por los técnicos del departamento que dirige Juan Bravo.

Esos 600.000 euros irán destinados a una primera acometida del plan de infraestructuras judiciales que figura en el punto tres del acuerdo. Concretamente a atender "las necesidades de reforma, adaptación y mejora de las sedes judiciales existentes". La modificación se hará mediante una enmienda parcial para reducir la partida 48701 del apartado 31J del Presupuesto

El acuerdo de 34 puntos contempla el mencionado plan de infraestructuras judiciales, así como otro similar en materia educativa y de dependencia. También recoge medidas en materia de agua, de enseñanza, de salud y de turismo, pero en su inmensa mayoría retrasa esas políticas al Presupuesto de 2020 y los sucesivos. No se retrasa, en cambio, la remodelación integral de la polémica administración paralela.

De hecho, el otro millón y medio de euros que contempla los 2,1 millones de impacto económico en 2019 irá destinado a las medidas de control y reorganización de las entidades instrumentales de la Junta. Concretamente, habrá 500.000 euros para la asistencia jurídica del plan de reordenación del sector público instrumental.

Destaca también el millón de euros para la puesta en marcha de auditorías a estos entes. La novedad es que serán organismos de control externos a la Administración, aunque supervisados por la Intervención General de la Junta, los que realicen el trabajo de fiscalización.

Estas políticas tendrán todavía mayor importancia en los Presupuestos del año 2020. Serán dos millones en auditorías, un millón y medio en medios técnicos y jurídicos para la reorganización del sector público y, como novedad, 15 millones de euros para cubrir los costes de la previsible supresión de entidades de la Administración paralela. En este apartado se menciona la posibilidad de enfrentarse a "costes indemnizatorios", aunque ninguno de los presentes en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo ha hablado de despidos.

Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía, sí ha hablado de la integración de personal laboral en la Administración General de la Junta de Andalucía. Será mediante "oposiciones" en las que se tenga en cuenta el tiempo trabajado o mediante un "proceso de estabilización", pero el objetivo último es que estos trabajadores puedan realizar labores para las que, en la actualidad, por su condición contractual, no tienen posibilidad de llevar a cabo.