Las defensas niegan la prevaricación: no hubo ni "pacto criminal" ni engaño al Parlamento andaluz

Las defensas atacan otro de los pilares de la sentencia de "procedimiento específico" de los ERE, relacionada con el delito de prevaricación. Los abogados que representan a los ex altos cargos que fueron condenados por el delito de prevaricación, entre ellos los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, han negado esta tarde ante el Tribunal Supremo que el Parlamento andaluz fuese engañado o inducido a error en el uso de las transferencias de financiación mediante las cuales se pagaban las ayudas de los ERE y por las que se concedieron 680 millones entre los años 2000 y 2009.

El abogado Rafael Alcácer, que defiende a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez -que fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación- ha rechazado la pretendida arbitrariedad de los proyectos y anteproyectos de las leyes de Presupuestos que incluían dichas transferencias de financiación y, en este sentido, se ha pregunto que cómo pueden considerarse ilegales cuando esos textos son "idénticos a las leyes de Presupuestos que el Parlamento aprobó" cada año, por lo que considera que esto constituye una contradicción "extravagante" de la sentencia ahora recurrida.

El letrado ha cuestionado que los parlamentarios andaluces desconocieran el sistema de concesión de las ayudas y que el Parlamento "pudiera caer en tan burdo engaño". "Aunque se asumiera ese engaño al Parlamento, que no es asumible, ¿cómo pueden considerarse ilegales textos idénticos a lo que la voluntad soberana del Parlamento decidió convertir en ley?", se ha preguntado Alcácer, que ha señalado igualmente que esos textos prelegislativos no tienen el carácter de resolución a efectos del delito de prevaricación y además no se trata de un "acto administrativo, sino de un acto de gobierno, político".

La defensa del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías -condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación-, que ejerce el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, ha señalado que él "nunca tuvo competencias en materia de elaboración de presupuestos y del pago de las ayudas sociolaborales", y ha destacado en la comisión general de viceconsejeros -los denominados "consejillos"- que presidía Zarrías ni se debaten ni aprueban las modificaciones presupuestarias que se realizaron en torno a la polémica partida presupuestaria 31L.

El letrado ha añadido que Zarrías no tenía conocimientos en materia económica, presupuestaria y contable, por lo que en su caso habría necesitado del auxilio que el mismo tribunal tuvo de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elaboraron el informe pericial de los ERE, que esta defensa impugnó al considerar que se trataba de una "pericial jurídica".

No hay un "pacto criminal" entre los acusados

La defensa del que fuera secretario general técnico de Empleo Javier Aguado, que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar ha rechazado que exista un "pacto criminal" entre los acusados para eliminar la fiscalización previa de las ayudas y concederlas de forma arbitraria, argumento que es la "piedra angular" de la sentencia de de la Audiencia de Sevilla.

El letrado ha señalado que para que exista ese "pacto criminal" tiene que haber una prueba de ello, ya sea mediante mensajes de "WhatsApp, correos electrónicos, pruebas testificales, etcétera" que puedan llevar a la conclusión de que se han dado "instrucciones, exigencias o recompensas para actuar de esa forma durante diez años", pero en este caso esas pruebas no existen y, en cambio, lo que ha hecho el tribunal es "partir del presupuesto de la coautoría, de un acuerdo de voluntades" desde el que se desarrolla la sentencia condenatoria, cuando a su juicio debería haberse demostrado en primer lugar ese acuerdo.

En la misma línea se ha pronunciado el abogado Manuel Salinero, que representa a la también ex secretaria técnica de Empleo Lourdes Medina, al poner de manifiesto que resulta inverosímil que los diferentes funcionarios públicos -ha recordado que son funcionarios, no políticos- se fueron "concertando" a lo largo de los años para mantener ese sistema de concesión de las ayudas, eso es algo "increíble y no se ha probado", ha señalado Salinero.

Por su parte, el abogado Juan Bellón, que representa al secretario general técnico Juan Francisco Sánchez, ha ha asegurado que no hay pruebas de que su representado actuara de forma arbitraria e injusta.