El ex director de IDEA autorizó un pago a Acyco como un "puro trámite"

El segundo juicio de los ERE

Miguel Ángel Serrano Aguilar señala que no tuvo más intervención con la ayuda ni tuvo contactos con la empresa

Insiste ante el tribunal que se trata uno de los 42 convenios que firmó y por los que ya "ha sido juzgado", tras rechazar la Sala su exclusión de este caso.

El ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, en la Audiencia. / EFE
Jorge Muñoz

21 de octubre 2020 - 12:46

El ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar ha asegurado este miércoles en el segundo juicio de los ERE que autorizó un pago a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) como un "puro trámite", ya que estaba recién nombrado y los técnicos de la agencia le pasaron a la firma una adenda al convenio suscrito con la dirección general de Trabajo para el pago de esta ayuda y según la asesoría jurídica "no había ningún inconveniente" para su firma.

Serrano Aguilar, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de cárcel por prevaricación y malversación, ha insistido en su declaración ante los magistrados de la Sección Tercera que éste fue uno de los 42 convenios que firmó durante su etapa en la agencia (del 17 de junio de 2004 al 14 mayo de 2008) y por los que ya "ha sido juzgado" por otro tribunal, después de que se haya rechazado su exclusión en este juicio a pesar de que otra Sala de la misma Audiencia de Sevilla había acordado apartarlo del proceso en noviembre de 2017 en aplicación del principio non bis in ídem o cosa juzgada.

El ex alto cargo ha reconocido que el 8 de julio de 2004, tan sólo varias semanas después de haber sido nombrado director de la agencia IDEA, se le pasó a su firma un adenda al convenio de Acyco que se le planteó por los técnicos como "algo de puro trámite" y que consistía en la "devolución" a los trabajadores de la empresa aceitunera de un anticipo de 210.000 euros que varios socios de la empresa habían anticipado para un primer pago de la póliza de prejubilación de los 35 trabajadores.

Serrano ha relatado que había un informe de la asesoría jurídica remitido a la secretaría general que ponía de manifiesto que la adenda al convenio de colaboración que había suscrito su antecesor en el cargo con la dirección de Trabajo, que consistía en la devolución de ese anticipo a los socios y "no había ningún inconveniente" para su firma, por lo que "hizo lo que cualquiera en su cargo hubiera hecho" en ese momento. Tampoco nadie le advirtió que hubiera "absolutamente nada extraño en el firma de la adenda".

El ex director de IDEA ha sido contundente al afirmar que esto es "lo único que sabe de Acyco", puesto que ni conoce el pago de las minutas al bufete Garrigues, "porque no era informado de los pagos que se hacían" en la agencia, y el director de trabajo, el fallecido Javier Guerrero, "nunca se dirigió a él" para tratar esta ayuda, ni tampoco conocía a nadie de Acyco ni tuvo relación con ninguna persona de esta sociedad. "No hay ni resolución, ni papel alguno, ni correos electrónicos, no hay la más mínima relación mía con Acyco", ha insistido Serrano Aguilar, que tampoco conoció que hubiera una factura por la devolución de ese anticipo ni que la cantidad que finalmente se abonó por IDEA fuese de 243.000 euros, al incluirse supuestamente el IVA.

El intruso que regentaba un kiosco de churros

En la sexta sesión del juicio por las ayudas a Acyco también ha comparecido el acusado Andrés Carrasco Muñoz, uno de los dos intrusos incluidos en el ERE de Acyco junto al que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo,ya fallecido.

Andrés Carrasco Muñoz, al que la Fiscalía reclama una condena de seis años de cárcel por un delito de malversación, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar alegando "motivos de salud que imposibilitan" que preste testimonio, por lo que la Fiscalía ha solicitado que se diera lectura a la declaración que prestó en el juzgado durante la fase de instrucción y una defensa también ha pedido que se leyera parte de su declaración policial.

En estas declaraciones, el intruso reconoce que era un "amigo de la infancia" del ex director de Trabajo Javier Guerrero, por ambos habían nacido en El Pedroso (Sevilla), y relataba que regentaba un kiosco de churros y que fue a pedir "trabajo" para mantener a su familia.

El intruso añade que en varias ocasiones le preguntó a Guerrero por la legalidad de la ayuda y que éste le respondió que "estuviera tranquilo que era legal", llegando a firmar la póliza en la propia casa del ex director de Trabajo. "Guerrero me dio su palabra de que era completamente legal", afirmaba el acusado en la declaración judicial, y a través de esa ayuda percibió un total de 109.572,19 euros.

Andrés Carrasco declaró igualmente que desconocía que había sido incluido en la póliza de las prejubilaciones de Acyco y negó que tuviera "vinculación con el PSOE". Su defensa se había opuesto a que se diera lectura a estas declaraciones porque se había acogido a su derecho a no declarar, pero el tribunal accedió a dicha lectura porque lo ha entendido procedente porque precisamente los motivos de salud son los que han hecho imposible ratificar esas manifestaciones.

El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos del caso.

El tribunal exime a los 11 acusados de acudir a las sesiones del juicio hasta los informes

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha eximido este miércoles a los once acusados de acudir a las restantes sesiones del juicio hasta que llegue la fase de conclusiones e informes en la vista oral que se sigue por las ayudas de Acyco y que está previsto que finalice en febrero de 2021.

Las defensas de los 11 acusados han solicitado al tribunal que se les permita no acudir a las sesiones durante la fase testifical y pericial del proceso, a lo que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones no se han opuesto, por lo que los magistrados de la Sección Tercera han accedido a esta petición, tal y como sucedió en el primer juicio de los ERE, el del denominado "procedimiento específico".

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga dejó a criterio del tribunal la posibilidad de eximir a los acusados de la asistencia a las sesiones, algo a lo que se adhirieron la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía y la acusación popular.

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