Dos ex directores de Trabajo niegan que conocieran la inclusión de intrusos hasta que saltó el escándalo

Los ex directores de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, que están acusados en relación con la ayuda de 2,9 millones de euros concedidos a la empresa Acyco, han negado este martes en su declaración en la Audiencia de Sevilla que conocieran la inclusión de dos intrusos en la póliza de esta empresa, algo que lo que se enteraron cuando saltó el escándalo de los ERE.

Juan Márquez, que fue director general de Trabajo entre abril de 2008 y abril de 2010, ha explicado que su papel en la concesión de las ayudas consistía en la firma de la resolución, si bien ha dicho que ni siquiera se le pasaba el "documento completo", sino el último folio de la misma, con lo que "no sabía qué cuantía" se estaba otorgando. Para ello, tenía "plena confianza" en los funcionarios y técnicos de la dirección de Trabajo.

Márquez ha destacado que se trajo de la delegación de Huelva como asesora a María José Rofa, que era "su mano derecha", y tras un primer contacto con los expedientes de las ayudas, se le informó de que había una "falta de previsión financiera en los pagos".

El ex director de trabajo ha dicho que tuvo dos o tres reuniones con la presidenta de Acyco, Encarnación Poto Monge, que le informó del "agravamiento de la situación económica de la empresa y del riesgo que hay para la continuidad de más de 100 puestos de trabajo".

También ha señalado que tuvo conocimiento de la demanda del bufete Garrigues, que reclamaba el pago de sus honorarios por haber intervenido en el asesoramiento del ERE de Acyco, a través de un correo electrónico de María José Rofa en la que ésta le informaba de la petición del despacho de incorporar a la Junta de Andalucía como responsable en ese procedimiento judicial, pero no le dio "importancia" y no volvió a saber del litigio, añadiendo que no sabía ni la cuantía que se reclamaba.

Sobre la inclusión de los intrusos, Márquez ha dicho que tuvo conocimiento "muy a posteriori", cuando estalló el escándalo de los ERE y salieron los nombres de personas incluidas en las pólizas que no habían trabajado para las empresas, negando que realizara "ningún abono" del expediente de Acyco, y ha explicado asimismo que en el caso de Acyco figura un error en la fecha de la resolución de la ayuda, que se concedió el 24 de marzo de 2010.

La defensa de Juan Márquez, que ejerce la letrada Inmaculada Torres, protestó ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, al estimar que se le estaban planteando cuestiones relacionadas con el denominado "procedimiento específico" de los ERE, por el que este ex alto cargo ya fue enjuiciado, y pidió a su cliente que sólo respondiera a las preguntas relacionadas con Acyco.

Rofa provocó un barrido de toda la información del sistema

Por su parte, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, que ocupó el cargo entre abril de 2010 y julio de 2012, ha indicado que al incorporarse a la dirección general recibió como directrices de sus superiores que "no se otorgara ninguna ayuda nueva y se respetaran los compromisos anteriores".

Rivera ha destacado cómo se actuó que cuando se conoció la aparición de los primeros intrusos. Así, ha dicho que se inició una investigación interna en la Consejería de Empleo sobre determinadas pólizas y se ha referido igualmente al fin de semana del 20 de noviembre de 2010, cuando varios funcionarios acudieron a inspeccionar los expedientes. Tras ese fin de semana, Rivera cesó a Rofa y la trasladó a la delegación de Huelva por la "pérdida absoluta de su confianza", después de que la asesora "provocara un barrido de toda la información que había en el sistema", es decir, "borró todos los archivos" informáticos, aunque finalmente se recuperaron al día siguiente por el departamento de informática.

El ex director de Trabajo ha dicho que no conocía a Encarnación Poto, la presidenta de Acyco, si bien ha indicado que en el mes de octubre 2011 se le requirió para que justificara el 75% de la ayuda concedida, pero la empresa aceitunera no contestó, y a finales de ese mismo año se inició un procedimiento de revisión de oficio de determinadas ayudas a empresas, entre las que se encontraba Acyco.

El juicio se reanudará mañana con la declaración del ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, otro de los ex altos cargos a los que el tribunal ha decidido enjuiciar a pesar de que había sido excluido de esta pieza por otra Sección de la Audiencia de Sevilla.