La enfermería del juicio de Acyco

El primer juicio de los ERE fue todo un ejemplo de cómo a pesar de un proceso con numerosos imputados y cuyas sesiones se prolongaron durante un año puede celebrarse a pesar de los contratiempos y avatares que llevan aparejados este tipo de macrocroprocesos, en los que la enfermedad de algún acusado o de un abogado puede provocar la suspensión de la vista oral. El segundo juicio de los ERE, relacionado con las ayudas a Acyco, ha consumido ya seis sesiones y hay ya varios acusados que no están asistiendo al juicio por problemas de salud.

La primera en ausentarse ha sido la ex presidenta de Acyco, Encarnación Poto Monge, que se ha fracturado una rodilla y no ha vuelto al juicio desde mediados de septiembre, cuando se inició la vista oral con las cuestiones previas.

Más recientemente otro de los acusados, el abogado José Miguel Caballero Real, ha sufrido un desprendimiento de retina, lo que le obligará a ausentarse en principio durante más de un mes. Esta misma semana, el tribunal ha decidido que ambos procesados sean examinados por el médico forense a los efectos de determinar su evolución y cuando podrían regresar al juicio. Otro de los acusados, el intruso Andrés Carrasco, se ha acogido a su derecho a no declarar por los problemas físicos y psíquicos que tiene derivados de la enfermedad de Parkinson, según explicó en su día su defensa.

Y el pasado lunes se produjo una nueva incidencia cuando el abogado Jorge Aguilera González, que representa al ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, comunicó al tribunal que a su hija, enfermera de profesión, le habían comunicado ese mismo día su positivo en coronavirus, por lo que habiendo estado en contacto con la misma el pasado fin de semana, debía someterse a una prueba de PCR y a una posible cuarentena de diez días.

En las dos sesiones que se han celebrado esta semana, el letrado Jorge Aguilera ha sido sustituido por algún compañero en la defensa de Antonio Albarracín, quien tampoco ha asistido ni ha prestado declaración porque había realizado el viaje con su letrado desde Granada, pero ya se han planteado algunas incidencias debido a que una cosa es asumir la defensa formalmente, para evitar la suspensión del juicio, y otra que los letrados puedan interrogar a los acusados y a los testigos en representación del letrado al que sustituyen, como se ha planteado ya en el juicio.

Por ahora quedan por declarar cuatro de los 11 acusados -Encarnación Poto, José Miguel Caballero y los representantes de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo- y el tribunal ha decidido adelantar la declaración de los testigos para el próximo lunes. Y además de la enfermedad de estos acusados, el pasado 11 de octubre, se produjo el fallecimiento del principal imputado, el ex director de Trabajo Javier Guerrero, sin que éste pudiera llegar a declarar ante el tribunal.

Todas estas circunstancias amenazan con la continuidad del segundo juicio de los ERE, que está fijado con retraso desde hace más de un año por el colapso que arrastra la Audiencia de Sevilla. La ley establece que excepcionalmente un juicio se puede suspender como máximo durante 30 días, conservando la validez los actos realizados. Si la suspensión supera ese plazo de un mes, habría que volver a repetir el juicio desde el principio.

El artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece precisamente, en su apartado cuarto, la suspensión de un juicio "cuando algún individuo del Tribunal o el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado el último sin grave inconveniente para la defensa del interesado" y en el apartado siguiente, el cinco amplia dicha suspensión a la circunstancia de que alguno de los procesados esté enfermo, debiéndose acordar en este caso dicha decisión después de "haber oído a los facultativos nombrados de oficio para el reconocimiento del enfermo".

En cualquier caso, la intención del tribunal es que el juicio continúe y por eso se ha adelantado la fase testifical al próximo lunes, a pesar de que quedan cuatro procesados por prestar declaración, y la suspensión o no dependerá de la evolución de la enfermedad de los acusados.