El ex presidente Griñán es exonerado por el Constitucional de su condena por malversación

El Tribunal Constitucional ha puesto definitivamente a cero el marcador del caso de los ERE. Las sentencias del Constitucional que se han conocido desde junio pasado han acabado por dinamitar las tesis que desde hace 13 años han sostenido la juez Mercedes Alaya, que en su día inició la investigación, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y los primeros abogados de la acusación popular que ejerce el PP. Este martes, la corte de garantías ha decidido amparar también a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el primero condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y el segundo, condenados a seis años y dos días de cárcel por malversación.

Los casos de Griñán y Chaves, son exactamente similares a los de los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez. En el caso de Vallejo y Aguayo, las sentencias de la corte de garantías los absuelven íntegramente de la malversación, delito por el que no podrán volver a ser condenados, y a Magdalena Álvarez también se le ha reducido la condena por prevaricación, algo que también sucederá en el caso de Griñán. El Constitucional también exoneró totalmente al ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, al que se anuló su condena de prisión e inhabilitación.

Con anterioridad, la corte de garantías ya anuló en junio pasado la condena de nueve años de inhabilitación que se había impuesto a la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la Comunidad autónoma andaluza para los ejercicios 2002, 2003 y 2004. 

La decisión no fue adoptada por unanimidad, dado que cuatro magistrados del sector conservador votaron en contra, y la estimación parcial de recuso de la ex consejera implicaba que la Audiencia de Sevilla tiene que volver a dictar una nueva sentencia. El Pleno consideró, no obstante, que no resulta imprevisible ni contrario al derecho a la legalidad penal la condena relacionada con las modificaciones presupuestarias realizadas en los años 2000 y 2001, de ahí que la Audiencia de Sevilla tendrá que dictar una nueva sentencia que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de los años 2002, 2003 y 2004, es decir, tiene que rebajar la pena, aunque en su caso el delito habría prescrito y la sentencia debería ser absolutoria.