El Gobierno levanta el veto al embalse de Alcolea, clave para Doñana y el hidrógeno verde

Giro en el Gobierno central. El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta están negociando cómo desbloquear la construcción de la presa de Alcolea, un embalse que solventaría el déficit de agua en la provincia de Huelva y que también serviría para desenganchar cultivos de Doñana de su acuífero, pero que estaba paralizado por el riesgo de contaminación de sus aguas por metales pesados. La llegada de una nueva ministra, Sara Aagesen, y la dana de Valencia han aportado una nueva visión sobre una infraestructura que había entrado en un tiempo muerto, a pesar de que comenzó a construirse en 2014 y que se detuvo tres años después por discrepancias con la constructora sobre su coste real. El desarrollo de Huelva como productora de hidrógeno verde también está empujando a favor de este controvertido pantano, ya que la materia prima de este combustible ecológico es el agua.

La violenta dana que sufrió la provincia de Valencia hace cuatro meses provocó que Aagasen reconsiderase la posición que su ministerio tenía sobre las nuevas, al introducir el matiz de que no se opondría a aquellos embalses cuyo objetivo fuera el de laminar las avenidas de agua. El de Alcolea también tiene esta función, ya que debe servir para evitar las frecuentes inundaciones en los alrededores de Gibraleón. Esto es lo que ha permitido un giro político al que tampoco es ajena la parlamentaria onubense María Márquez, ahora vicesecretaria general del PSOE. Aunque el embalse es una obra de interés general del Estado y está incluida en el Plan Hidrológico Nacional, la anterior ministra, Teresa Ribera, sin oponerse frontalmente, había paralizado la inversión al considerar que hay un riesgo de contaminación de sus aguas debido a los lixiviados mineros.

Y esto es lo que ha cambiado. Ninguno de los implicados pone en duda que es necesario la restauración de los suelos de la cuenca que son foco de contaminación por metales, pero ya no se antepone a la propia presa. Si se llegase a un acuerdo entre el Gobierno y la Junta, se estaría repitiendo una confluencia similar a la que Juanma Moreno y Teresa Ribera llegaron para retirar la ampliación de los regadíos del entorno de Doñana. El proyecto no sólo garantizaría más recursos para los regantes de Doñana y la producción de hidrógeno verde, sino que se vincularía a la restauración de los terrenos mineros abandonados que quedan en la cuenca del Odiel y que son una fuente de contaminación permanente para las aguas superficiales.

El embalse puede aportar hasta 160 hectómetros cúbicos que se utilizarían para paliar el déficit actual del sistema de aguas de la provincia, garantizar los recursos a la industria y poner en marcha nuevos cultivos de regadío en comarcas distintas al Condado, donde los existentes se desengancharía del acuífero al recibir un trasvase.

Dirigentes del Ministerio y de la Consejería de Agricultura han mantenido varias reuniones en las que se está negociando que la Junta asuma el coste de la obra a cambio del compromiso del Gobierno central de financiar proyectos hidráulicos de la administración autonómica. Distintas fuentes han explicado a este medio cómo está avanzando este diálogo, que podría concluir en un plazo de tres meses. De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tiene prevista una visita a Huelva. El problema, que antes era político, ahora puede ser económico, cuantioso, pero más fácil de resolver. Además de las dos administraciones, los agricultores han manifestado su disposición a financiar parte del proyecto, al que tampoco deberían ser ajenos las compañías que están invirtiendo en la provincia para producir hidrógeno verde.

La presa de Alcolea se sitúa en el río Odiel, dentro de la demarcación Piedras-Odiel-Tinto, que es de competencia autonómica, pero parte de sus aguas deben servir para alimentar un trasvase a la comarca del Condado, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de tal modo que aportaría recursos hídricos de superficie a fincas agrícolas que se nutren del acuífero de Doñana. Es más, sin esa presa, la cantidad autorizada a trasvasar, 19,9 hectómetros cúbicos anuales, no se podría materializar.

La obra de Alcolea se paralizó en 2017 por un desacuerdo sobre los costes entre la constructora Sacyr y el Gobierno central, pero a esto se unió las serias dudas que se abrieron sobre la contaminación de sus aguas por metales pesados. Se han cruzado varios informes sobre la gravedad de este factor, que podría provocar una reducción del pH y una presencia de metales que harían que las aguas no fuesen aptas para el consumo, pero sus resultados son contradictorios, sobre todo en lo referente a neutralizar este riesgo. Lo cierto es que el embalse contaba con la Declaración de Impacto Ambiental y que otros pantanos de la zona, como el Olivargas, Chanza y Agrio, dan agua con normalidad.

El Ministerio de Transición Ecológica siempre ha esgrimido que le falta el estudio definitivo que asegure que la inversión no será fallida, pero tanto los agricultores como la Junta entienden que se ha tratado de una maniobra dilatoria para no comprometerse con el proyecto. De hecho, el diseño de la infraestructura contempla varias medidas correctoras. Así, la toma de agua es telescópica para evitar remover los fondos donde se precipitan los metales pesados y cuenta con unos diques en su cabecera para decantar el agua cuando entren caudales bajos con mayor concentración de estos elementos.

La presencia de metales como aluminio, cadmio, manganeso o zinc en amplias zonas de Huelva es producto de la propia historia minera de la provincia y responsable de la tipología de muchas de sus aguas superficiales. Un estudio encargado por la Diputación ha analizado cada uno de los focos de pasivos mineros, así como los métodos con los que se pueden neutralizar.