Hugo Morán: "Sin sostenibilidad medioambiental no hay futuro para la agricultura"

Quien ha sido la mano derecha de quien ha sido ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, evalúa en medio de las críticas de los agricultores y de los ecologistas el pacto firmado hace justo un año por el Gobierno y la Junta para preservar el espacio natural de Doñana.

–¿Qué cosas progresan adecuadamente un año después de la firma del acuerdo por Doñana?

–Que se hayan ejecutado o estén en ejecución 300 millones de euros de los 700 que figuran en el plan da cuenta de que vamos incluso por delante de los calendarios marcados. En esa línea, el plan va a velocidad de crucero. Ha tenido un acelerón considerable también el paquete de inversiones en el ciclo del agua, que lleva a cabo básicamente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que son 180 millones ejecutados o en ejecución. Y luego está el marco socioeconómico, que merece la pena destacar, pues ha sido un acuerdo difícil, y son los 70 millones para la intervención en los 14 municipios cuyos convenios están ya firmados con todos los ayuntamientos.

–¿En qué cuestiones se podía haber hecho mejor?

–Nos ocurrió igual en el plan del Mar Menor. Hablamos de las líneas de actuación para el sector agrícola y ganadero. Probablemente se podía haber ido más deprisa, sí, pero a costa de menos participación. Hemos preferido sacrificar tiempo para que hubiera más actores participando del acuerdo. La segunda cuestión, que quizá ya está superada, es la comunicación con el territorio que facilitara un consenso social lo más amplio posible. Se puso en marcha la oficina técnica de Doñana para tener interlocución en cada municipio. Que la gente conociera de qué hablábamos y qué objetivos se pretenden conseguir con el plan quizá también nos ha robado tiempo, digamoslo así. Aparte, nos hemos visto obligados a replantear proyectos que estaban en cartera desde hace tiempo.

–¿Por ejemplo?

–Uno de los proyectos estrella es la recuperación del caño del Guadiamar. Según con quién se hable en el territorio, ese proyecto tiene distintas posibilidades de intervención. Nuestro objetivo es que responda a la recuperación de las condiciones de lo que fue el Guadiamar, algo que modifica sustancialmente la fisonomía a la que está acostumbrado el territorio. Y conviene que este proyecto señero no se tuerza debido a que la gente no se sienta identificada. Hemos creído que merece la pena dedicarle más tiempo a la reflexión de tal manera que, cuando la propuesta se ponga sobre la mesa, no encontremos un rechazo social.

–¿Puede dar una fecha?

–Probablemente no lo sepamos hasta que no tengamos en el estudio de alternativas definido finalmente. Es conveniente que se sepa que, más allá de que se trata probablemente del proyecto por excelencia que permitiría recuperar la resiliencia natural de Doñana, es la vía de entrada de agua natural. Creo que tiene que ser un proyecto que equilibre las expectativas de protección del espacio natural con las expectativas de la actividad agraria.

–¿Y no hay un real decreto de 1999 que incluye también la restauración del Brazo de la Torre para nutrir la marisma?

–Probablemente sean las dos vías de aporte superficial de agua a Doñana que, junto con la eliminación de las extracciones ilegales de aguas subterráneas, darán una expectativa de sostenibilidad al territorio. Y al mismo tiempo tenemos el plan de acción para acabar con las extracciones ilegales, con la sobreexplotación de las aguas subterráneas.

–¿Es el acuífero de Matalascañas al que aluden los ecologistas?

–Es importante resolver los dos grandes proyectos que afectan al ciclo del agua en Matalascañas. Por un lado está garantizar un suministro de agua que no dependa de una sobreexplotación del acuífero y hay la posibilidad de disponer de las aportaciones de Estación de Tratamiento de Aguas Potables de Moguer. Y en la parte del ciclo del agua, hay que dar una solución definitiva a la ubicación de la depuradora de aguas residuales. Por la presión de los usos urbanos, creo que son los dos grandes proyectos que necesitan resolverse. Creo que es el flanco más débil sobre el que hay que intervenir.

–La Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado se queja de la lentitud de la aplicación de las medidas y ha amenazado con reactivar la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana del que llegó el pacto entre el Gobierno y la Junta. ¿Contemplan ese escenario?

–No, no. Ya no es un elemento para poner sobre la mesa de la negociación. Dejó de serlo en el momento en el que definitivamente se descartó como una alternativa, ni siquiera una hipótesis para plantear en el territorio, para las cuatro administraciones, las locales, la autonómica, la estatal y la europea.

–Pero para llegar a ese extremo, para llegar a esas amenazas, ¿no es que hay desesperación por parte de los agricultores?

–Evidentemente cada uno tiene una visión distinta de qué es prioritario. Y todos los intereses pueden ser legítimos. Hay quien le da más importancia a acelerar la recuperación ambiental, quien puede darle más importancia a la intervención para generar una actividad económica alternativa y quien puede darle más importancia a consolidar la actividad existente. Nosotros creemos que deben de ser actuaciones que deben ir a la vez, pues ninguna es sostenible por sí sola. No puede haber un escenario de futuro de la actividad agraria si no se garantiza la sostenibilidad ambiental; sin sostenibilidad medioambiental no hay un futuro para la agricultura.

–¿Se refiere a los problemas de los mercados europeos con el producto que llegaba de zonas de cultivos ilegales?

–Nos encaminábamos a una ruina del sector en unos mercados que no admiten que las actividades productivas se hagan a costa de la degradación de la naturaleza. Sabíamos que no podía seguir así. Y teníamos que tener en cuenta también que al territorio había que darle alternativas, no solamente la dependencia de un monocultivo, porque cualquier territorio que depende de un monocultivo es más vulnerable a una crisis. El territorio necesita una diversificación de actividades y por eso entendimos que había que afrontar al mismo tiempo la intervención del rescate ambiental de Doñana, la intervención de la diversificación económica del territorio y la intervención en una regularización de la actividad agraria para garantizar su viabilidad futura.