La investigación revela una "trama" de prejubilaciones ilegales con el "sistema" de Guerrero

La investigación practicada por la Brigada Provincial de Policía Judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla, revela toda una "trama" destinada a la introducción de "hombres de paja" o personas ajenas a compañías como esta sociedad mixta, el restaurante Río Grande o la textil Hitemasa en este tipo de procedimientos, a fin de cobrar irregularmente las rentas correspondientes a sus prejubilaciones fraudulentas.

La investigación señala al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero como parte de esta red, destacando su creación de un nuevo "sistema" de ayudas para empresas en crisis que habría constituido un "incumplimiento flagrante" de la Ley autonómica de Hacienda Pública.

El atestado policial, finalizado el 17 de enero de 2011, ha sido elevado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga en torno a la gestión del Mercasevilla un posible intento de petición de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, las presuntas irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos y un supuesto delito societario en el que estaría enmarcado el expediente de regulación de empleo de 2007.

Si bien la Consejería de Empleo autorizó tanto el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos, como el procedimiento de 2007, solo las pre jubilaciones acordadas en el primero de los ERE gozan de financiación autonómica. Y es que el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo.

El ERE de 2007

De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores acogidos al ERE de 2007.

No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y del ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla.

Conclusiones del atestado policial

Las conclusiones del extenso atestado elaborado a tal efecto por la Brigada Provincial de Policía Judicial, de cualquier forma, apuntan a la organización de una verdadera "trama" destinada al aprovechamiento de los expedientes de regulación de empleo para la "introducción de personas ajenas" a las empresas, -pues las indagaciones han ido más allá del ámbito de Mercasevilla-, al objeto siempre de cobrar las rentas de estas prejubilaciones fraudulentas.

Los puntos de partida de la investigación son, de un lado, el desembarco de Fernando Mellet en la dirección del mercado central de abastos, pues tras su ascenso a la Dirección General de Mercasevilla "se suceden las irregularidades de todo tipo".

De otro lado, el otro puntal de la investigación es la labor de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía dada la creación de un "nuevo sistema" de ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo o "empresas en crisis".

En concreto, y según el atestado policial, gracias a la firma de un acuerdo entre su departamento y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la última de las instituciones se convertía en la "pagadora" de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos.

"Incumplimiento flagrante" de la ley

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El 'modus operandi', según el atestado, comenzaba con el acuerdo correspondiente el expediente de regulación de empleo, su aprobación a manos de la autoridad laboral y la entrega de la documentación a una "empresa mediadora", citando expresamente a las consultoras Vitalia Vida y 'Uniter'.

Estas entidades trasladaban las relaciones de trabajadores beneficiarios de las prejubilaciones a las aseguradoras y a la Dirección General de Trabajo para la "aprobación de las partidas" de sus prejubilaciones, fase en la que "se introducen personas ajenas a la empresa y que figuran como trabajadores con derecho al cobro de las rentas".

El atestado resuelve que las supuestas "mediadoras" 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían cosechado un beneficio de 186.800 euros por su papel en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla, cuantías que podrían ocultar el pago de "comisiones" por la "intermediación con la Junta y el comité de empresa".

Así, la investigación sopesa "un posible acuerdo" entre el ex sindicalista de UGT y supuesto "mediador" Juan Lanzas, el comercial de Vitalia Vida Francisco González y el propio Mellet en lo que concierne al ERE de 2007, incluyendo "a personas de su confianza tanto en el ERE de Mercasevilla como en el del restaurante Río Grande, percibiendo ellos las cantidades" de las prejubilaciones fraudulentas.

En el caso de Carmen Fontela y su inclusión en el ERE de Río Grande, la investigación señala que ella "no percibió cantidad alguna" y Lanzas y González "se repartían" el dinero "de modo desigual".

Las pesquisas no han logrado esclarecer el destino del dinero consignado a la prejubilación de Garrido Santoyo, por lo que se sospecha de Lanzas, González, Mellet o incluso Francisco Javier Guerrero como posibles beneficiarios.

El informe concluye que es "claro" que Mellet, Ponce, el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, y el actual director de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, "intentan ya" en 2003 "introducir" a Fontela en el primer expediente de regulación de empleo "seguramente para pagar los honorarios de Francisco González y/o Lanzas", pero "no lo consiguen".

Por eso, Fontela "es introducida" en el ERE de Río Grande, promovido en 2005, Garrido Santoyo en el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla y el propio Juan Lanzas "en el ERE de Hitemasa", toda vez que "es indudable la participación activa en toda esta trama" de los 'brokers' Vitalia Vida y 'Uniter S.L.' y de los dos directivos de Vitalia Jesús María Bordallo y Antonio José Albarracín.