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El salón de los Espejos del Palacio de San Telmo se había llenado por completo de invitados para asistir a la toma de posesión del primer Gobierno de Susana Díaz, pero cuando prometía María Jesús Montero como consejera de Hacienda, la juez Mercedes Alaya irrumpió en la principal sede de la Junta, no ella, claro, sino uno de sus autos, quizás el más confuso de todos, pero el más político: un bombazo mediático, un enjambre jurídico, por el que dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; dos consejeros salientes, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, y otros tres dirigentes de departamento, Francisco Vallejo, Manuel Recio y José Antonio Viera, eran declarados preimputados o imputados voluntarios por una instructora que no puede llamarles a declarar, pero que les invita a que lo hagan.
Un bombazo mediático que Susana Díaz no pudo desactivar, pero que, al menos, alejó un poco de su propia cabeza, al haber sacado el día antes de su Gobierno a Antonio Ávila y Martínez Aguayo, los ex consejeros de Economía y Hacienda, avisados de que pueden ser imputados por el caso de los ERE. Se notó en la cara de los consejeros, y es que Chaves y Griñán forman parte de la historia del PSOE, el primero presidente de la Junta durante 19 años y, el segundo, aún secretario general de los socialistas andaluces y presidente federal de su partido.
La programación del acto se vino abajo, algunas palmadas de felicitación, pero poco más, todas las preguntas rondaban alrededor del auto, el primer aldabonazo de la juez Alaya, que no ha dado ni un primer día de cortesía a este Ejecutivo y es que, como todos saben, la instructora vive en un mundo judicial aparte donde desconoce cuando promete un Gobierno o cuando un presidente anuncia que no volverá a repetir. El primero en responder a los periodistas fue el consejero de Justicia, Emilio de Llera, que claramento fue absorbido por un enjambre de micrófonos y cámaras del que le costó zafarse:
-"Increíble, increíble, increíble", por tres veces pronunció De Llera esta valoración, aunque ya, más tranquilo, volvió a los que fue el mensaje unísono del Gobierno.
¿Cuál es? Ayer, día de toma de posesión de este primer gabinete de Díaz, era el del Ejecutivo, el de un Gobierno que debe dar respuesta a la grave crisis económica que padecen los ciudadanos. De este modo, también se pronunció el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios: "Hoy toca hablar del Gobierno".
La dimisión de José Antonio Griñán buscaba zafar al Ejecutivo de cualquier interferencia del caso de los ERE, por ello buscó a Susana Díaz y, por ello, ésta sacó de su gabinete a dos personas de confianza: Martínez Aguayo y Antonio Ávila. Sobre la imputación de la primera había pocas dudas, pero pocos se esperaban la del segundo, toda vez que fue responsable de la secretaría general técnica de Economía, responsable de los ingresos y no de los gastos. Pero aunque Díaz ha intentado en todo momento marcar los tiempos políticos de Andalucía, sólo lo consiguió hasta el día de ayer: la instructora de los ERE parece no dar tregua, ni siquiera en este primer día.
La nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, subrayó que había demasiadas coincidencias entre los autos de la jueza y los hitos políticos vividos en los últimos meses. El último escrito de calado, el de la imputación de la ex ministra Magdalena Álvarez, y del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, se conoció horas antes de que Griñán explicase en un comité director del PSOE por qué no iba a presentarse más a unas elecciones. Francisco Carbonero, el responsable de Comisiones Obreras, abundó en los mismo: "Los autos se vienen produciendo de modo permanente siempre que hay un acto de importancia para Andalucía y para el Gobierno andaluz".
La reacción de los consejeros de IU fue un poco distinta. Diego Valderas, vicepresidente, no entró a valorar el trabajo o las coincidencias de Mercedes Alaya, y sí a solicitar que el Gobierno y la Justicia deben seguir caminos distintos. "La Justicia, a su trabajo; el Gobierno, a trabajar", comentó Valderas. Para la federación de izquierdas supone un alivio que estos avisos de imputaciones de la juez Alaya se haya producido después de que Griñán, Ávila y Martínez Aguayo hayan salido del Gobierno; de no haber sido así, su permanencia en la coalición estaría en serio peligro ya que sus dirigentes mantuvieron que ningún señalado podría permanecer en el Ejecutivo. Se hizo una excepción con el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, aunque éste dimitió como secretario de actas de los Consejos de Gobierno.
Esta mañana se reunirá, por primera vez, el gabinete de Susana Díaz, habrá nombramientos, pero, posiblemente, será el auto de Alaya el que marque la jornada. Como lo hizo ayer, donde las anécdotas del día pasaron a un segundo plano. La consejera de Fomento, Elena Cortés, obedeció a la Constitución por estar forzada legalmente y María Jesús Serrano juró, no prometió, el cargo. ¿Y?
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