Un juzgado abre diligencias por posibles irregularidades en pisos tutelados de Málaga y Granada

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia que presentó el grupo parlamentario Por Andalucía para investigar posibles irregularidades en la adjudicación de la Junta a la asociación Inserta relacionada con contratos de pisos para jóvenes migrantes ex tutelados. La juez, según recoge el auto al que ha tenido acceso Efe, también requiere a la Junta de Andalucía que remita los expedientes de contratación a los que se refiere la denuncia.

La resolución, contra la que cabe recurso y que también da traslado a la Fiscalía y las partes personadas, pide además a la denunciante que preste fianza si quiere ejercer la acción popular.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento que la situación respecto a estos pisos tutelados resulta "muy preocupante y grave", dado que lo ocurrido ha podido ir en detrimento de las condiciones en las que viven los jóvenes, con un posible menoscabo además de dinero público. Nieto ha mostrado su satisfacción por la apertura de esta investigación judicial y espera que la consejera del ramo pueda dar próximas explicaciones en el Parlamento.

Denuncia sobre dos contratos

La denuncia, de la que ya informó Por Andalucía a finales del pasado enero cuando la presentó, señala dos contratos adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para la gestión de pisos destinados a jóvenes migrantes ex tutelados en Málaga y Granada. Estos contratos, aún en vigor, ascienden a 1.016.390 y 1.159.267 euros, respectivamente.

Según Por Andalucía, después de resultar adjudicataria, la empresa Inserta contó con la mitad del personal que recogían los pliegos para este servicio, una presunta irregularidad -particularmente en lo referente a la subrogación de los trabajadores- en la que ve "negligencia o connivencia" por parte de la Junta.

Nieto se refirió entonces a contrataciones en esta empresa de personas vinculadas a una persona "interlocutora" en la Consejería de Inclusión Social. El caso puede tratarse de un posible conflicto de interés, ya que serían la mujer y el hijo de un responsable de la Junta encargado de la interlocución de los servicios dentro de la Consejería.

La entidad adjudicataria está a su vez señalada, según Por Andalucía, por haber sido autora de un presunto caso de manipulación del número de trabajadores presentados en la licitación y, una vez obtenido el contrato, asignar menos personal del requerido. En este caso, indican los denunciantes, se está produciendo la presunta comisión de delitos por unos pliegos "amañados" y una adjudicación "fraudulenta" en lo que consideran un posible caso de corrupción del PP en Andalucía.