Aguirre se enzarza con PSOE y Adelante por el papel de la sanidad privada en el plan de choque de listas de espera

La oposición tiene varias quejas para el plan de choque ideado por la Consejería de Salud para eliminar 30.000 operaciones de las 158.000 que hay retrasadas en los quirófanos del SAS. El PSOE sostiene que el nuevo Gobierno "falsea" los datos con el objetivo de enviar a estos pacientes a sus "amiguetes de la sanidad privada". En esto coinciden los socialistas con Adelante Andalucía, que ve en el plan de Jesús Aguirre una "coartada" para "privatizar lo público".

El hecho de que 15 de los 25 millones del plan de choque estén previstos para atender al 30% de los pacientes en centros concertados ha soliviantado a los partidos de izquierda hasta el punto que Jesús María Ruiz, portavoz de Salud del PSOE en el Parlamento, ha asegurado que es "muy probable" que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos tengan "acuerdos ocultos" con centros privados.

"Sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, pero ya ha cantado la gallina", ha defendido el diputado cordobés, que coincide con las críticas de Ángela Aguilera, portavoz adjunta de la confluencia de izquierdas, quien ha calificado de "barbarie" el plan de choque de Aguirre. Sin embargo, la diputada de Adelante Andalucía culpa también al PSOE de la situación, pues el anterior Gobierno dedicaba "419 millones anuales a conciertos sanitarios".

El PSOE acusa a Jesús Aguirre de "falsear los datos"

Sin embargo, la única polémica no se circunscribe al papel de los conciertos sanitarios. Los socialistas, desde que se conoció el dato de las 843.000 personas en listas de espera, han censurado el dato de pleno. Ruiz, ha abundado en la idea y ha acusado al nuevo Gobierno de "inflar" los números y "falsear los datos".

Según Ruiz, los datos facilitados el martes por Jesús Aguirre incumplen el Real Decreto 605/2003 por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera, aprobado cuando la ministra de Sanidad era Ana Pastor, actual presidenta del Congreso de los Diputados. Los socialistas defienden que los datos que aportaba el Ejecutivo de Susana Díaz, la última vez el pasado junio, cumplían con los requisitos establecidos en esta norma.