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Sevilla/Cada cuatro horas y media muere o desaparece una persona intentando llegar a España. En 2022 se perdió el rastro de 1.901 personas que querían llegar a nuestro país. Una cifra que responde al aumento de las víctimas en los últimos años: entre 2020 y 2022 se han concentrado el 40% de las víctimas, 5.744 personas murieron o desaparecieron en el trayecto.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este martes, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado su informe anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en la frontera sur. En esta ocasión, APDHA ha realizado un monográfico sobre las muertes en las fronteras españolas titulado 35 años de vidas sin rastro.
El estudio se enmarca en una campaña llamada Vidas sin rastro, que denuncia "la falta de mecanismos que garanticen los derechos de las personas muertas y desaparecidas en la frontera sur y los de sus familias". Para ello analiza de forma jurídica y antropológica las consecuencias psicológicas y emocionales de estos hechos para las víctimas y para sus familiares.
Durante la presentación, Diego Boza, coordinador general de APDHA, y Ana Rosado, encargada del área de Migraciones de APDHA y coordinadora del informe, han denunciado la actitud de los responsables políticos en esta materia. "No hay mayor muestra de racismo que las políticas migratorias y las políticas de fronteras que sufren las personas migrantes que proceden de África", ha asegurado Boza.
El informe señala que, desde que se contó la primera víctima hace 35 años, 14.109 personas han muerto o desaparecido en su intento de alcanzar nuestro territorio. Boza, ha explicado que esta es "una cifra conservadora". "La Organización Internacional de las Migraciones afirma que por cada persona que contamos se calcula que hay otras tres más de las que no se sabe nada", ha señalado el coordinador general de la asociación.
Este monitoreo realizado por la APDHA se centra en conocer el número de personas que salieron de África cuyo destino era España y nunca llegaron con vida. Con 1.901 víctimas, en 2022 se produjo la segunda mayor cifra desde que en 1988 se comenzó a registrar este dato, solo superado por 2021, cuando hubo 2.126.
Entre las principales causas de muerte de los migrantes en ruta, desde la APDHA destacan "la inanición por falta de alimento o agua potable, la hipotermia, la aspiración tóxica o las quemaduras producidas por la mezcla de agua salada y la gasolina" mientras cruzan el Mediterráneo o el Atlántico.
El endurecimiento de las políticas migratorias favorece el aumento de los desplazamientos por la ruta canaria, una vía que, según Boza, "es más peligrosa porque es más larga que la andaluza y es a mar abierto". La asociación ha denunciado que el 70% de los migrantes que nunca llegan parten en dirección a las Islas Canarias.
De hecho, en el informe, muestra como los mayores datos de víctimas se producen en 2006, cuando tuvo lugar la crisis de los cayucos, y en los últimos años por el aumento del flujo migratorio hacia el archipiélago. "A mayor llegadas a Canarias, mayor número de desaparecidos", ha sentenciado Boza.
Por su parte, la coordinadora del informe ha destacado que han realizado una "demanda activa" para el Gobierno de España y una "queja activa" para el Defensor del Pueblo para que tomaran medidas respecto a esta situación. Rosado ha subrayado que estas peticiones todavía no han tenido respuesta.
"Toda persona debería tener garantizado el derecho a ser buscado, sobre todo cuando se produce en unas circunstancias tan excepcionales como la migración irregular, y los familiares tienen derecho a reclamar esos instrumentos de búsqueda e identificación", ha insistido. Según la coordinadora, estos instrumentos se utilizan para "fines policiales y represivos de las migraciones"
Además, ha insistido en que, cuando estas personas mueren, son enterrados en territorio español y "esa urgencia para que vuelvan a sus tierras desaparece para convertirlas una lápida más en las que se expone un número o una simple palabra: inmigrante".
La responsable del área de migraciones ha hablado de "racismo institucional", ya que la mayoría de quienes mueren intentando llegar son subsaharianos y magrebíes, y ha criticado a los responsables políticos por permitir situaciones como la "masacre" que se produjo en junio del año pasado en Melilla que, según la APDHA, "se cobró la vida de 73 personas".
"El control de la migración ha sido una moneda de cambio, sobre todo con los gobiernos no democráticos", ha denunciado Rosado, que ha acusado a la Unión Europea de llevar a cabo una "tanatopolítica sobre las personas en tránsito migrante" y de generar "mecanismos destructores de la vida humana".
Los representantes de la asociación han exigido "medidas políticas concretas" al respecto ya que, han argumentado que "estos muertos, fallecidos y desaparecidos están vinculados a unas políticas migratorias que imposibilitan la migración legal y segura".
La asociación pide la creación d euna oficina única de atención a las familias para evitar "el calvario que sufren en el proceso de identificar" a los migrantes. Por el momento han aplaudido la noticia de la puesta en marcha a nivel estatal de una propuesta no de ley "para una adecuada atención a las familias de las víctimas", aunque han lamentado que "se queda corta". "Muestra que hay un interés en la materia, pero el contenido se queda corto para las necesidades que se plantean en esta realidad", han insistido.
La APDHA ha respondido a las peticiones de la patronal de la hostelería de la provincia de Cádiz, HORECA, de contratar a estudiantes de hostelería de Marruecos. El coordinador general, Diego Boza, ha asegurado que ellos defienden "la creación de vías legales y seguras siempre" y ven que la creación de vías laborales para cubrir las necesidades del mercado de trabajo español es "una alternativa posible y real".
Sin embargo, ha lamentado que esta propuesta no responde a esto: "No podemos desconocer cuál es la situación que se produce en la hostelería de Andalucía, especialmente en Cádiz, en el que las situaciones de incumplimiento laboral son flagrantes, nos llevana preocuparnos". Boza ha insistido en que esta situación de vulnerabilidad laboral aumentaría al hablar de estudiantes de hostelería, que tienen situaciones "aún más débiles".
"Si se van a cumplir la condiciones laborales, con inspecciones laborales, apoyo sindical..., la creación de vías laborales nos parece una fórmula de creación de vías legales y seguras", ha señalado, pero, ha reiterado que serían "ingenuos" si creyeran "que en la hostelería de Cádiz, donde no se tienen en cuenta las horas extra, donde no se respetan los horario… eso se va a respetar trayendo a trabajadores de fuera". Es por ello que han acusado a la patronal de buscar un "dumping social"
De todas formas, el representante de la APDH ha recordado la situación de las jornaleras en Huelva y ha explicado que se da una situación de "migración circular" que provoca una "vulneración grave de derechos y falta de integración" de los migrantes.
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