Nueva demanda de la UE por la falta de depuración del agua en Andalucía

La Comisión Europea ha presentado una nueva demanda contra España por la defectuosa depuración de las aguas residuales, un recurso en el que están implicadas 92 aglomeraciones urbanas andaluzas de las 225 que incumplen la legislación comunitaria en todo el país. De ellas, siete son cordobesas.

El del saneamiento del agua es un problema recurrente en España y Andalucía es una de las regiones más deficientes en esa tarea. Es la segunda vez desde 2022 que la Comisión Europea acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el inadecuado saneamiento hídrico en el territorio español y la séptima vez desde 2002. La última demanda, calificada como el asunto C-581/24, tiene fecha del 3 de septiembre. Este recurso puede desembocar en una multa si hay una sentencia condenatoria. Andalucía abona más de un millón de euros anuales por una sanción que se remonta a 2018.

El humano es un ser vivo con una apreciable capacidad para el desecho. Además de los desperdicios sólidos, las familias excretan aguas negras y las industrias desechan aguas contaminantes. Para impedir que estas aguas corruptas contaminen el medio ambiente, una polución que afecta también a salud humana, la legislación europea prescribe desde 1991 el correcto tratamiento y depuración de los vertidos. Es la Directiva 91/271/CEE, una norma que obliga a los Estados miembros al correcto tratamiento de las aguas sépticas urbanas y de las procedentes de determinados sectores industriales. Junto a Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, Andalucía es la región que registra más deficiencias en el saneamiento hídrico. En esta última demanda, la de septiembre, el 41% de los puntos contaminantes de España son andaluces, convirtiendo a la comunidad autónomas en un punto negro.

Señala este recurso de la Comisión Europea que hay 92 aglomeraciones urbanas andaluzas que no han adoptado las medidas necesarias para tratar las aguas residuales o, en su caso, no disponen de los adecuados sistemas colectores o las plantas de tratamiento. La provincia de Jaén es la que acapara el mayor número de puntos infractores, con 22 núcleros afectados; seguido de las provincias de Sevilla (19) y Granada (18).

En el caso de Córdoba, incumplen la normativa europea las aglomeraciones de Albendín, Benamejí, La Carlota, Encinas Reales, Fuente Palmera, Moriles-Navas del Selpillar y Rute.

Un considerable número de aglomeraciones urbanas señaladas cuentan desde hace años con un sistema para sanear las aguas, pero son sistemas que no funcionan o que lo hacen defectuosamente. Según el informe de Ecologistas en Acción del pasado año, casi un tercio de las depuradoras construidas y ya en funcionamiento incumplen la normativa. 

Cinco años de multas 

Desde 2018, fecha en la que el Tribunal de Justicia de la UE impuso la primera sanción, España ha tenido que pagar más de 90 millones de euros por la falta de una depuración adecuada del agua residual. Aunque estos procedimientos de infracción se dirigen a la Administración General del Estado, las multas acaban repercutiendo en las administraciones incumplidoras, ya sean regionales o locales. Ésa es la razón por la que la Junta de Andalucía suma más de cinco años pagando más de 600.000 euros semestrales por la falta de depuración en la aglomeración de Alhaurín el Grande (Málaga), una sanción por la que deberá seguir respondiendo hasta que exista una planta de tratamiento conforme a la directiva.

Y todavía quedan procedimientos en curso por los que las administraciones española y andaluza se exponen a nuevas sanciones. La anterior demanda por el incumplimiento de la normativa de tratamiento de aguas residuales la presentó la Comisión Europea en 2022. En aquel recurso estuvieron implicadas 16 aglomeraciones urbanas andaluzas, cuyas obras para la construcción de las plantas de tratamiento correspondían principalmente a la Junta de Andalucía, aunque constan también plantas a cargo del Gobierno central.

La respuesta de las administraciones cuando se les pregunta por las obras en marcha que eviten la condena de la Justicia europea no existe por parte del Ministerio para la Transición Ecológica acerca de las tareas de su competencia. Sí respondió la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que considera “prioritarias” las obras en “los municipios que están en los expedientes sancionadores” europeos y que la administración andaluza está “corriendo todo lo posible”, no sólo porque los ciudadanos requieren de aguas de calidad sino porque las sanciones deberían ser pagadas por la Junta si son “declaradas de interés por la comunidad autónoma”.

Expropiación de 200 fincas para la planta de Alhaurín

Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba en serio lo supieron España y Andalucía cuando en julio 2018 comenzaron a abonar una multa millonaria anual por el incumplimiento de la directiva que regula el tratamiento de las aguas residuales. De aquel primer procedimiento de infracción resultan aún “preocupantes” las deficiencias en el saneamiento de las aglomeraciones urbanas de Barbate (Cádiz), Matalascañas (Huelva) y de Alhaurín el Grande (Málaga), explican fuentes de Ecologistas en Acción. La planta malagueña es competencia de la Junta de Andalucía. Como señaló la pasada semana este periódico, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó los términos de la expropiación de unas 200 fincas en los términos municipales de Málaga, Cártama y Alhaurín de la Torre para la próxima construcción de la planta depuradora que evite la sanción. En la comarca, sin embargo, hay contestación por la ubicación de la obra.