Uno de cada tres nuevos solicitantes de la Ley de Dependencia es andaluz

Cada nuevo dato que se conoce de la aplicación de la Ley de Dependencia dinamita todas las previsiones ideadas a priori. Las administraciones reconocieron en un primer momento la sorpresa por la avalancha de peticiones y el ritmo continúa incesante en 2009 en la comunidad andaluza, con una cadencia menor que al principio, pero constante como una gota malaya. Entre enero y febrero de 2009, más de 21.000 nuevas solicitudes en Andalucía. En los dos primeros años, eran 500 solicitudes al día; ahora en los dos primeros meses de 2009, 350 peticiones diarias.

Lo que no varía es la comparación con otros territorios. Un tercio del total de solicitudes a nivel nacional pertenecen a andaluces, muy por encima de la población que Andalucía representa en el conjunto del país, el 17,8%. En los primeros meses del año, la tendencia permanece insultantemente inalterable: de 62.877 peticiones de ayuda en este periodo, tres son de posibles dependientes andaluces. Sólo le sigue a la zaga en número Cataluña (14,3% del total) y a mayor distancia Galicia (6,6%). Valencia (4,7%) o Madrid (4,6%), que tienen un peso poblacional del 10,9% y del 13,5% se encuentran a mayor distancia. La explicación de esats comunidades: los discapacitados ya tenían un alto nivel de atención y no muestran interés por la ley.

La Junta de Andalucía no preveía hace dos años, en el nacimiento de la ley, tal aluvión de dependientes en la sombra. De hecho, la previsión entonces de las autoridades era que en 2015, cuando finalice el calendario de aplicación de la normativa y el sistema esté en pleno funcionamiento, los beneficiarios de la ley en la comunidad serían 264.000. La suma de las solicitudes el presente mes, a falta de seis años, dinamitarán esa estimación.

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte a fecha 1 de marzo, 254.870 andaluces han presentado una solicitud. Al 84,9% de ellos ya se les ha valorado y se ha resuelto que 156.853 de ellos tienen derecho a recibir una prestación. Sólo en torno a 100.000 perciben ya su recurso asistencial o la paga económica, según los datos de los que dispone la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta.

Desde el 1 de enero se suman a los beneficiarios de la ley todos los dependientes severos, aquellos que precisan ayuda dos o tres veces al día, pero no necesitan un cuidador permanente. Un total de 51.378 andaluces tienen un dictamen que les reconoce este nivel. Se suman a los 105.475 grandes dependientes, los que necesitan un apoyo generalizado, que desde el inicio de la ley tienen derecho a recibir la prestación. A partir del próximo año se irán incorporando paulatinamente los dependientes moderados.

De los beneficiarios, el 39% recibe un recurso asistencial -teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o noche y atención residencial-, otro 32,3% una paga económica y un 28,5% no se especifica la ayudas. El elevado número de prestaciones sin especificar, un 42,4% a nivel nacional, ha motivado que el Gobierno haya anunciado que exigirá por decreto que se especifiquen esas ayudas para demostrar que, efectivamente, los ciudadanos las reciben. El dinero que envía a las comunidades se cortará si no justifican la prestación que percibe el dependiente.

Precisamente, el porcentaje de pagas a los familiares motivó ayer la crítica del presidente del PP-A, Javier Arenas, que calificó la ayuda, recogida como excepcional en la ley, como un "pequeño cheque o talón que impide el acceso de la mujer al mercado de trabajo". Lamentó además que 90.000 dependientes estén pendientes de acogerse a la ley.