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Un grupo de 15 participantes a las recientes oposiciones de enseñanza -procedentes de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla- ha pedido a la Junta que paralice el proceso selectivo y anule los ejercicios prácticos de una de las especialidades ante “el cúmulo de irregularidades” tales como la corrección de un ejercicio práctico con una plantilla errónea y que unos ordenadores exigían reiteradamente la actualización de su software para seguir operando.
Se trata de las pruebas para el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional de procesos de gestión administrativa, donde se convocaron 125 plazas en toda Andalucía. Los opositores, bajo la dirección del abogado José María Ruiz Bobillo, piden a la dirección general del Profesorado la “urgente suspensión del proceso selectivo y la inmediata repetición de los ejercicios prácticos” ante los “errores y fallos en la realización de los ejercicios ante los diferentes tribunales de Andalucía”, que “infringen manifiestamente el derecho de acceso a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
El principal error se refiere a que los distintos tribunales actuaron con criterios dispares en la corrección del ejercicio práctico de cálculo (ejercicio Wilson). Los opositores “no tienen la menor duda” de que el ejercicio fue “calcado de un supuesto práctico de la editorial MacMillan en el que la solución que propone el autor es totalmente errónea” pero “era la que disponían los miembros de los distintos tribunales”.
Ello ha llevado a que opositores que hicieron el ejercicio de forma correcta fueron corregidos con una plantilla errónea y suspendieron. La denuncia afirma que existe un manual publicado por el Ministerio de Educación con el mismo tipo de ejercicio práctico resuelto donde se resuelve correctamente.
El letrado José María Ruiz Bobillo afirma a este periódico que los solicitantes de la repetición “tan solo son la punta del iceberg”, y que está convencido de que muchos mas se sumarán a dicha petición.
“Confío en el buen criterio del consejero de Educación para ordenar la repetición del ejercicio una vez tenga pleno conocimiento de lo sucedido”, indica, porque “no se puede permitir que se evalúe a personas que llevan años de sacrificios dedicados a preparar una oposición sobre la base de un ejercicio incorrecto”.
Otra irregularidad consiste en que, según las bases de la oposición, se iba a invalidar el examen escrito que tuviera “nombres, marcas o cualquier señal que pudiera identificar al aspirante”, pero en uno de los ejercicios se permitía a los opositores inventarse un nombre, domicilio y CIF para complementar una factura o pedido. Se trata de datos que “debían estar indicados por el tribunal”, según los reclamantes.
Por último, en uno de los ejercicios prácticos con ordenador el software del programa Office pedía reiteradamente actualizarse con la aparición de cuadros de diálogo, lo que mermaba “la capacidad del opositor para realizar el ejercicio en un tiempo récord, como se exige en este tipo de pruebas”. Uno de los opositores perdió 20 minutos, de los 90 que duraba la prueba, porque su programa estaba bloqueado y el teclado no funcionaba.
En las oposiciones celebradas a finales de junio se debían cubrir 6.286 plazas en Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas de Idiomas, Música o Artes Escénicas, con un total 47.000 aspirantes.
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