El presidente de Isofotón comparece voluntariamente en el juzgado y la juez lo cita para el 6 de noviembre

Al final no ha hecho falta detener al ex presidente de Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano. El ex presidente de la compañía ha comparecido a primera hora de este martes en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la macrocausa por las ayudas a esta empresa malagueña por importe de más de 80 millones, y la instructora, Patricia Fernández, ha acordado citarlo a declarar como investigado el próximo 6 de noviembre, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

La juez había ordenado el pasado viernes, 16 de octubre, la detención de Ángel Luis Serrano Serrano por no haber comparecido a declarar en la macrocausa en la que se investigan las ayudas por más de 80 millones concedidas a esta empresa malagueña, tal y como había solicitado el día anterior la Fiscalía Anticorrupción.

Pero tras la comparecencia de Serrano, la juez ha dejado sin efecto esa orden de detención y no le ha impuesto ninguna medida cautelar, fijando la fecha de la declaración para el 6 de noviembre, lo que coincide con la petición realizada por el ex presidente de Isofotón de declarar a partir del día 1, dado que en la anterior fecha fijada -el 15 de octubre- se hallaba en un viaje de negocios en México D. F.

En el auto, la juez explicaba que no habiendo comparecido del investigado "pese a haber sido citado en forma y con los apercibimientos legales", procedía decretar su detención. La magistrada recuerda que el ex presidente de Isofotón está siendo investigado "por su participación en delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación, relacionados con las circunstancias en las que realiza la compra irregular de la empresa Isofotón -junto con su hermano Diego Serrano que tampoco compareció en el día de ayer- presumiblemente conociendo-".

Existía un "compromiso de facto" de la Junta para conceder las ayudas

La juez considera que esa compra "irregular" se desprende de la declaración del también investigado en este procedimiento Oscar López García, el ex director financiero, que señaló que "existía un compromiso de facto de la administración autonómica (el investigado dijo que la Junta prometió 35 millones antes de la compra) para que dicha entidad fuese beneficiaría de cuantiosas ayudas públicas, habiendo superado los 80 millones de euros (las cantidades obtenidas en forma de avales y préstamos), y sin que la percepción de las mismas impidiesen la liquidación de la empresa y el despido de la plantilla total de trabajadores en torno a 700 poco tiempo después".

Estar circunstancias de la investigación, prosigue la juez, hacen que resulte "esencial la declaración del mismo como investigado en este procedimiento, a fin de dilucidar y aclarar la totalidad de extremos cuestionados y, en particular, los que ya se expusieron en autos de este juzgado de 26 de febrero de 2016 y de 24 de julio de 2020".

Por último, la magistrada consideró que "las circunstancias y argumentos esgrimidos por su defensa para no comparecer, ni le excusan del deber que tenía el día de ayer, ni son causa o motivo de suspensión, como ya se argumentó en auto de este juzgado de 12 de octubre de 2020", por lo que concluía que era procedente el dictado de la orden de detención, de conformidad con lo dispuesto en el arto 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.