La Junta reparte su aumento del gasto en sanidad, educación y servicios sociales

Sevilla/La Junta cuenta con 1.151 millones de euros más para gastar en 2018, según el proyecto de Presupuestos aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Los pilares del Estado del bienestar -sanidad, educación y políticas sociales- se llevan el 80% de ese aumento en unas cuentas autonómicas diseñadas para "afrontar los desafíos sociales de la crisis", según explicó en San Telmo la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que se encargó de recordar que Andalucía se convertirá en la primera administración pública con cuentas aprobadas. La consigna está clara. La "estabilidad" de estos Presupuestos permitirá a Susana Díaz acabar la legislatura frente al caos al norte del Ebro.

Desde que, en 2014 ,Andalucía volvió la senda del crecimiento, la apuesta por las políticas sanitarias han sido una constante. El año que viene se mantendrá la tendencia y el presupuesto de la Consejería de Salud experimenta el mayor crecimiento en términos absolutos, con un aumento de 505 millones de euros en su dotación, un 5,4% más. Pese a que se lleva casi un tercio del presupuesto, la política sanitaria de la Junta ha sido muy contestada en los últimos años, tanto por su modelo de gestión como por los recortes implantados durante la crisis. La respuesta del Gobierno andaluz es mantener esa inversión, que permitirá que el Servicio Andaluz de Salud vaya a tener en 2018 el mayor presupuesto de su historia, con 9.013 millones de euros.

Con la sanidad como apuesta principal, la enseñanza se coloca en el segundo lugar en el ranking de gasto. Las políticas de educación ven aumentada su dotación en 275 millones de euros -un 3,8% más-, incluyendo en este apartado a los estudios superiores y, con ellos, la medida estrella de la Junta para este curso: la bonificación de las matrículas universitarias al 99%.

El tercer pilar del Estado del bienestar, las políticas sociales, contará con un presupuesto de 2.053 millones de euros, un 7,4% más que la cantidad consignada en las cuentas vigentes. El aumento de 141 millones de euros servirá para implantar la nueva renta de inserción social. Esta iniciativa, que viene a sustituir al salario social como garantía para las personas en riesgo de exclusión, tendrá un coste para las arcas autonómicas de 198 millones de euros -superior al aumento de la dotación en políticas sociales, ya que absorbe partidas preexistentes. Dentro de este apartado se incluye el servicio de dependencia, que se queda con más de la mitad del presupuesto.

En total, el proyecto de cuentas autonómicas para 2018 asciende a 34.759 millones de euros, un 4,6% más que la cantidad consignada en los presupuestos vigentes y el más ambicioso desde antes del estallido de la crisis. Si se obvia el gasto financiero, que se lleva 4.556 millones de euros, la Junta tendrá una capacidad de gasto efectivo de 30.628 millones de euros, un 3,9% más que este año. No es baladí, sin embargo, que la tercera partida más cuantiosa del proyecto desgranado por Montero -que se lleva el 9,5% del total- vaya destinado a amortizar deuda. Esa cantidad hay que desglosarla en deuda propiamente dicha y en los intereses que la Junta debe pagar por acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ascienden a 555 millones de euros.

Por tercer año consecutivo, la Administración autonómica aumentará su capacidad de inversión. En 2018 la Junta gastará 3.709 millones de euros, un 1,2% más que en las cuentas vigentes. El crecimiento es posible, según Montero, gracias al "esfuerzo titánico" del Ejecutivo del que forma parte, que tendrá que sufragar "a pulmón" 2.197 millones de euros de gasto social por la "infrafinanciación" que sufre la comunidad. "Ese dinero podría destinarse a inversiones", lamentó la titular de Hacienda y Administración Pública.

Como es habitual, en la clasificación económica, el capítulo de personal se lleva casi un tercio de las cuentas regionales de 2018. Se incluyen ahí las retribuciones de los más de 270.000 empleados públicos de la Administración autonómica, que verán su retribución crecer en 1,5%. Es la misma subida que se prevé en los Presupuestos Generales del Estado, que todavía deben presentarse en el Congreso y permitirá, según explicó Montero, que ningún trabajador de la Junta con jornada completa cobre menos de mil euros al mes.

El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2018 es optimista en sus previsiones económicas, puesto que contempla un crecimiento del PIB para el año próximo del 2,6%. El buen comportamiento de la economía permitirá, de cumplirse la predicción, que la región alcance un producto interior bruto (PIB) de 166.000 millones de euros, el mayor de la historia. Basándose en esos datos, Montero adelantó que contemplan la creación de 80.400 nuevos puestos de trabajo en 2018.