El SAS envía cartas a los agresores de los sanitarios "afeándoles" su conducta y advirtiendo de las consecuencias

La Consejería de Salud ha registrado entre enero y junio de este año un total de 924 agresiones a sanitarios frente a las 862 del mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un aumento de algo más del 7%. En 2023, se registraron 1.564 agresiones en la comunidad. De las 924 agresiones contabilizadas en el primer semestre de este año, un total de 205 han sido físicas y 719 no físicas. Por provincias, Sevilla ha registrado 219, seguida de Málaga, con 175; Cádiz, 165; Córdoba, 98; Granada, 92; Jaén, 73; Almería, 71; y Huelva, con 31.

Para mejorar la seguridad de los sanitarios andaluces, el SAS va a terminar de repartir este año alarmas en los servicios y zonas más conflictivas que sirven para "persuadir" y para "avisar" a otros sanitarios antes una posible agresión. Hasta el pasado 30 de junio de este año se han repartido 4.185 alarmas individuales y a ello se suman las que se están instalando en los centros santarios. Así, hay 4.489 cámaras de seguridad; 868 GPS en ambulancias; 1.208 interfonos; y 16.351 software antipánico. Hay, además, 5.524 timbres de alarma en consultas y se han realizado 730 controles de acceso mediante tarjeta electrónica o con una contraseña mediante teclado táctil, según el desglose de datos ofrecidos por la consejería a Europa Press.

La consejera Catalina García ha explicado además que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está enviando cartas a los agresores "afeándoles" esas conductas y recordándoles que "en modo alguno es admisible el trato incorrecto por parte de pacientes o usuarios a profesionales de la sanidad pública; mucho menos una agresión física o verbal". "Este centro no tolerará ninguna falta de respeto hacia los profesionales y el trabajo que realizan, indicándole que nos vemos en la obligación de ejercitar, con el máximo rigor, las acciones que nos asisten como Administración pública".

Éste es el mensaje que se repite en esas cartas que está remitiendo el SAS --no son destinarios de ellas pacientes con deterioro cognitivo o con problemas de salud mental, por ejemplo-- y que se enmarcan en un listado de medidas con las que la consejería busca "no victimizar más a las personas que han sufrido una agresión", que uno de los problemas que enfrentan es que "tienen que volver a su mismo lugar de trabajo, en el que tendrán que convivir con la persona que les causó la agresión", señala la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Más sanciones

Catalina García ha explicado que la futura Ley contra las agresiones a profesionales sanitarios que está en tramitación, se va a modificar para endurecer las sanciones. "Lo que no puede ser es que, año tras año, vayamos dando cifras cada vez mayores de agresiones a los profesionales. Profesionales que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos. Estamos ante un aumento exponencial de las agresiones a profesionales de los servicios públicos, no sólo sanitarios sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la educación, que deberíamos hacérnoslo mirar como sociedad. Nunca un conflicto o un problema puede tener como solución una agresión, ni física ni verbal", ha argumentado la titular andaluza de Salud y Consumo.

En esta ley se va a impulsar un Observatorio contra las agresiones que podrá proponer "acciones concretas" en aquellos centros de salud de la comunidad en los que haya "mayor incidencia" de casos, además de impulsar el desarrollo de medidas de protección y prevención recogidas en el plan del sistema sanitario público. Este observatorio se reunirá "como mínimo" dos veces al año en sesiones ordinarias o a propuesta "al menos" de la tercera parte de los miembros.  Así aparece recogido en el borrador de decreto que la Consejería de Salud y Consumo ha presentado a los centrales sindicales. "Las agresiones en el ámbito sanitario tienen un importante impacto no sólo en la esfera de los derechos fundamentales de los profesionales del sector sanitario sino que además repercute en la calidad de la práctica profesional y del servicio prestado, afectando finalmente al funcionamiento de las organizaciones sanitarias", argumenta la Consejería en el borrador.

 El observatorio fue presentado en septiembre de 2023. Se trata de un órgano colegiado asesor y de participación para el conocimiento, análisis técnico, seguimiento, vigilancia y evolución de las agresiones a los profesionales sanitarios, que "permite poner a disposición de la administración y demás agentes implicados información cualitativa y cuantitativa de calidad, promoviendo el desarrollo y la realización de actuaciones de investigación, análisis, formación, documentación y seguimiento estadístico de las agresiones y de las incidencias relacionadas con las mismas".  Entre sus objetivos y funciones, el borrador de decreto apunta a que el observatorio desarrollará acciones en colaboración con las Fuerzas de Seguridad para "aportar apoyo especializado ante las situaciones de riesgo de los profesioneles del sistema y para colaborar activamente en la prevención y respuesta ante las agresiones en los centros sanitarios que establezcan criterios orientativos de actuación".