Un trabajador de UGT-A admite que su sueldo "seguro" que se pagaba con dinero de las subvenciones de la Junta
Juicio por las facturas falsas de UGT-Andalucía
El testigo recalca en la Audiencia de Sevilla que el sindicato "siempre" operó dentro de la ley y que todas las ayudas públicas se justificaron
El juicio a la antigua cúpula de UGT-A se reanudará el 5 de marzo tras tres semanas de suspensión
El denunciante de las facturas falsas asegura que UGT-A creó un "fondo de reptiles"
Un empleado de UGT-Andalucía que trabaja en el área de justificación de subvenciones ha recalcado este martes en la Audiencia de Sevilla que el "modo de operar" del sindicato "siempre ha sido el mismo, el que dice la norma", pero también ha reconocido que su sueldo "seguro que estaba imputado" a las subvenciones públicas que recibió la organización durante años.
El trabajador sindical ha sido el único testigo que ha comparecido ante el tribunal de la Sección Tercera en la reanudación, un mes después, del juicio a la antigua cúpula de UGT-A por el supuesto uso irregular de unos 40 millones de euros que la Junta de Andalucía le concedió para organizar cursos de formación, tanto para desempleados como para ocupados.
"Mi sueldo seguro que estaba imputado a las subvenciones", ha asegurado a preguntas del fiscal de Anticorrupción. "Eun gasto totalmente legible porque me dedicaba a justificar subvenciones. Nunca le pusieron objeción ni la auditora ni la Junta", ha destacado el empleado, que ha vinculado ese salario a las tareas que desarrollaba para la entidad Soralpe, dependiente del sindicato. " UGT pagaba a Soralpe y Soralpe me pagaba a mí", ha contado. En Soralpe, de hecho, había "quince o dieciséis" compañeros y "todos" cobraban de la misma manera.
Según este testigo, "todas las operaciones se reflejan en la contabilidad", "todos los programas" que ha emprendido el sindicato "han tenido justificación" y "todas las subvenciones iban con un informe de auditoría", si bien ha insistido muchas veces en que él, como técnico, no tiene "ninguna capacidad de decisión" sobre el uso del dinero, la elección de proveedores o la confección de facturas, entre otros asuntos.
El trabajador también ha sido cuestionado por algunos de los principales nombres propios de este caso, como el de Francisco Fernández Sevilla, que era el secretario general de la federación regional en el momento de los hechos. "Todas las órdenes que venían a mí eran del secretario de Administración. Yo no tenía ningún tipo de relación con Francisco Fernández Sevilla", ha respondido. "Él estaba en un edificio y nosotros en otro", ha agregado antes de reafirmar que los técnicos no tenían "ni idea de lo que se trataba en la comisión ejecutiva".
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