Los últimos mohicanos de los ERE

Hace casi diez años, antes de enviar el caso de los ERE al Tribunal Supremo, la juez Mercedes Alaya se refirió en un auto al ingente trabajo que habían desarrollado en esta macrocausa “unos pocos incansables”, en alusión a su propia labor y a la de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una década después y tras la ratificación de la condena a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la “pieza política”, el caso de los ERE está amortizado política y judicialmente, podría decirse, a pesar de que todavía queda por delante la celebración de más de un centenar de juicios derivados de cada una de las piezas en las que, a pesar de la oposición de Alaya, se dividió el macroproceso.

De aquella mediática e incombustible juez, cuyas tesis han triunfado en el Supremo, se ha pasado a un escenario en el que ya no se puede decir que haya incansables de los ERE, sino todo lo contrario, esta macrocausa –y las otras que se instruyen como la de los cursos de formación, Invercaria o los avales de la agencia IDEA– se han convertido en un insoportable lastre para unas secciones penales de la Audiencia de Sevilla –en la que está destinada también Alaya– que están sufriendo una lenta agonía, con una diáspora de jueces a través de jubilaciones voluntarias anticipadas y traslados a otros destinos judiciales, incluidos órganos unipersonales, ante el colapso de estas Salas, que también está provocando bajas de los jueces por motivos de salud y debido al estrés por el exceso de trabajo.

La situación es de tal magnitud que basta poner un ejemplo para comprenderlo.Cuando ni siquiera han pasado tres años desde que la Audiencia condenó a Chaves y Griñán, el tribunal que dictó esa sentencia ha quedado prácticamente desmantelado. De los tres jueces que conformaban la Sala de la Sección Primera, el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló anticipadamente a finales del año pasado. Otra de las magistradas que formó parte de este tribunal, Encarnación Gómez Caselles, se marchará en las próximas semanas a la Audiencia de Alicante, tras haber solicitado su traslado a este nuevo destino. Encarnación Gómez había sido designada como ponente en el juicio por las ayudas concedidas al “chófer de la coca”, que se suspendió el pasado viernes por la renuncia de uno de los abogados.

De aquel tribunal que dictó el histórico fallo, que supuso el peor epílogo para los gobiernos socialistas en la comunidad andaluza, ya sólo queda la veterana magistrada Pilar Llorente. Como único miembro que quedará de aquella Sala, lo más probable es que esta juez tenga que encabezar todo lo relacionado con la fase de ejecución de la condena de los ex presidentes Chaves y Griñán, una vez que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia y el voto particular que han realizado dos magistradas del Alto Tribunal.

Pilar Llorente y la nueva sala que se conforme con otros dos magistrados de la Sección Primera tendrá que decidir sobre la suspensión del ingreso en prisión de Griñán, tras haber solicitado ya formalmente la familia del ex presidente el indulto parcial y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que presentarán tanto el ex presidente como los otros ochos ex altos cargos que han sido condenados a penas de prisión por el delito de malversación de caudales públicos.

A nadie se le escapa que vienen tiempos complicados para la Audiencia de Sevilla, que seguirá hipotecada por los juicios derivados de las macrocausas durante aproximadamente otra década, lo que hace que en la actualidad no sea un destino favorito.

Desde el año 2019 se han jubilado ya anticipadamente cuatro magistrados de la Audiencia –de los cuales varios han emprendido nuevas andaduras en bufetes privados–. Además de Juan Antonio Calle Peña, se han marchado anticipadamente María Auxiliadora Echávarri –que fue conocida por la instrucción del caso Arny–, y los magistrados Juan Romeo y Carlos Lledó González, este último a finales de julio pasado y quien en una reciente entrevista con este periódico afirmó que el colapso de la Audiencia hispalense es la “crónica de una muerte anunciada” desde hace bastantes años.

Y el próximo día 20 de este mes también se jubila anticipadamente la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Esperanza Jiménez Mantecón, tras más de 34 años de servicio.

Los jueces que van quedando y los que tienen el valor de solicitar estos destinos se van a convertir en Los últimos mohicanos de los ERE, o de las macrocausas de corrupción en general, unos macroprocesos que, como decía al principio, parece que están amortizadas y van perdiendo el interés de la opinión pública y de los medios de comunicación. Hasta hay abogados que han preferido cambiar las macrocausas por un cargo en la nueva Junta de Andalucía, tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

Parafraseando a Mercedes Alaya, tras una década de macrocausas, estos procesos están quedando para unos pocos incansables, entre los que se encuentran precisamente jueces, fiscales de Anticorrupción y algunos abogados. Y es algo también en cierto modo lógico, porque aunque la Justicia sea lenta, y las macrocausas todavía más, pueden socavar la moral del más jartible.