El panorama incierto de la televisión pública

Bernardo Díaz Nosty

Catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga

El cambio de color político en el Gobierno de la nación, en noviembre de 2011, permite hacer un análisis de la evolución de los medios desde 2004, período que en los últimos años se ha conocido los efectos de la crisis económica. Existe un amplio consenso sobre las carencias del sistema mediático español que, incluso en los años de bonanza, mostraba claras diferencias con las experiencias de la Unión Europea, con un déficit más acusado en el ámbito del audiovisual.

La victoria electoral de Rodríguez Zapatero albergó algunas esperanzas de cambio en las políticas de comunicación, especialmente las encaminadas a la convergencia con Europa en materia de medios audiovisuales. Los gobiernos de José María Aznar habían aplazado, en dos ocasiones, el compromiso electoral de crear un Consejo del Audiovisual, y el propio presidente, poco antes de abandonar el Ejecutivo, manifestó su disconformidad con la degradación manifiesta de las programaciones televisivas. Sin un referente público bien definido, cuyas expresiones nacionales y autonómicas estaban sujetas a criterios de gestión puramente comerciales, y unos informativos sesgados hacia criterios gubernamentales, la función de servicio y la atención al derecho a la información aparecían bajo mínimos.

Para Rodríguez Zapatero se imponía, con urgencia, un cambio profundo en el panorama audiovisual. Mes y medio antes de ganar las elecciones de 2004, se comprometía a nombrar un comité de sabios para diseñar un modelo de medios públicos "independientes en defensa de la cultura, del idioma, de la protección a la infancia y como instrumento para transmitir valores cívicos". La creación de esta comisión de reforma estaba destinada a "impedir los controles políticos externos" y garantizar la independencia de sus profesionales. La deuda acumulada por RTVE, que superaba los 7.000 millones de euros, sirvió para justificar el entierro progreso los objetivos de la reforma.

Las políticas de comunicación del Gobierno nacido en 2004 se entregan tácitamente a la voluntad de los grandes grupos mediáticos, sin que variarse la situación precedente de dependencia y provecho mutuo entre los poderes mediático y político. El nuevo Ejecutivo, como habían hecho los de González y Aznar, buscó la protección editorial e, incluso, apoyó la creación de una nueva estructura afín (La Sexta, Público...), debilitando con ello la posición que el Grupo Prisa había tenido durante los gobiernos de Felipe González.

Cabe valorar la transformación de RTVE, en la dirección de su independencia, como el hecho más sobresaliente desde 2004. Pero el desorden reinante en el sector no fue paliado por la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, ni las aplicaciones en materia de televisión temática respondieron a las expectativas creadas con la TDT. Los años de bonanza engordaron una burbuja insostenible, que la crisis ha ido descubriendo de forma dramática.

La crisis económica afecta a los medios informativos por debajo de la línea de flotación de su función social y su condición de nutriente de la opinión pública. A los despidos y la precarización laboral de los periodistas van a seguir en 2012, si nada lo remedia, los cierres de cabeceras, las concentraciones empresariales y la incertidumbre sobre el futuro.

Los presupuestos de RTVE para este año se han visto severamente recortados, después de que el Ejecutivo saliente estableciera un modelo de financiación abocado al fracaso. El Gobierno fue más generoso con las cadenas privadas, seducido por los proyectos mediáticos de los consejeros y amigos del presidente, que finalmente terminaron por favorecer indirectamente a los intereses del italiano Berlusconi. Su grupo Mediaset no sólo se consolidó, sino que amplió su perímetro emisor con la mayor parte del sector audiovisual adquirido a Prisa.

Se permitió primero, apelando a razones de pluralidad, la expansión del sistema con dos canales generalistas: Cuatro y La Sexta. Cuando se comprobó lo que ya se suponía -no había mercado para tantas emisoras-, se cambió la normativa y se autorizó la fusión de las cadenas, lo que, con la misma lógica empleada para la expansión, supuso una reducción de la pluralidad... Y cuando la crisis alcanzó a las cadenas privadas, se las rescató con el trasvase a sus cuentas de resultados de la publicidad retirada a TVE, el sistema público al que no se le asegurar una financiación sostenible. Más difícil aún es el recorrido que harán las televisiones autonómicas, para las que se barajan soluciones de privatización, reducción presupuestaria y hasta cierre de canales.

Aún con las medidas de austeridad que definen la actual política de recortes, desatender la televisión nacional es un riesgo para la vertebración del Estado y la salud de la democracia. TVE, tras superar su pasado sesgo gubernamental, está en la mejor posición para normalizar su cometido de servicio público, en los términos de otras televisiones europeas que nadie cuestiona. En los últimos años, Berlusconi se ha hecho con el control de más de la mitad del mercado de la televisión privada, y el resto de las cadenas están vinculadas también a capital foráneo, con una tendencia que pudiera poner al conjunto del sistema comercial en manos externas. Frente a esa deriva, que no ha sido equilibrada con el arbitraje de un Consejo del Audiovisual, es necesario mantener el contrapeso de una televisión pública independiente, orientada a garantizar el derecho a la información de los españoles. Lo contrario sería un paso en la degradación de la calidad democrática del país.