Afectados de Ucoaviación acusan de estafa al exrector y al gerente

La plataforma demanda a Roldán Nogueras y Villaseca Molina La Fiscalía Provincial cordobesa rechazó, en junio, investigar el caso

Roldán Nogueras (izq.) en una de las aeronaves de Ucoaviación.
Roldán Nogueras (izq.) en una de las aeronaves de Ucoaviación.

El colectivo conformado por los padres, madres y alumnos afectados por el caso de Ucoaviación presentaron ayer, a través de su abogado, una denuncia en el Juzgado de Instrucción de la capital cordobesa contra el antiguo rector de la Universidad de Córdoba (UCO) José Manuel Roldán Nogueras -que ejerció de regidor entre 2006 y 2014-, y el gerente de la extinta escuela de aviación, Eduardo Villaseca Molina, por un presunto delito de estafa y prevaricación.

Ucoaviación SL comenzó su andadura en el curso académico 2003/2004. Roldán, vicerrector de la UCO por aquel entonces, presentó la titulación de Graduado Superior en Aviación Comercial y Piloto de Líneas Aéreas como un título propio de la Universidad cordobesa, "con amplias e inminentes promesas, por su parte, de que el citado título sería homologado en un breve plazo de tiempo. Concretamente antes de la finalización del periodo de estudios que constaba de cuatro años académicos", afirmó Simón López -letrado de los afectados-. Con el objetivo de captar un mayor número de estudiantes, "se inicia un campaña mediática engañosa para captar alumnado. Esto hace que varias familias matricularan a sus hijos debiendo realizar desembolsos económicos que han supuesto, en algunos casos, más de 72.000 euros -24.000 euros por año cursado-, obtenidos en muchos casos con la concesión de créditos hipotecarios", motivo por el cual se les acusa de ser los autores de un presunto delito de estafa. Asimismo, se les considera autores de un posible delito de prevaricación ya que "para obtener ingresos, que se devienen ilícitos, la UCO permitió que cursasen estudios alumnos que no habían superado la prueba de selectividad". Algo que, de ser cierto, sería incongruente ya que para cursar un posible título universitario es imprescindible haber superado la prueba de selectividad.

Abraham Jiménez, alumno de la tercera promoción de Ucoaviación, impartida entre 2006 y 2009, está seguro de que "estamos ante una clara estafa. En junio de 2006, sin saber qué opción escoger entre los estudios aeronáuticos que se ofertaban por entonces, acudí a las II Jornadas sobre el Sector Aeronáutico. En ellas se nos invitó a conocer Ucoaviación, que ofertaba una nueva titulación que reunía las licencias de Piloto Comercial y el Grado Superior en Aviación Comercial, una especie de dos por uno donde nos garantizaron que tendríamos la opción de poder ejercer un trabajo en el sector aeronáutico en caso de no poder obtener un empleo como piloto comercial o perder las licencias por alguna hipotética enfermedad laboral futura. La sorpresa llegó cuando, una vez graduado, pude comprobar, al igual que el resto de afectados, que nuestra titulación no tiene un carácter oficial, haciéndonos imposible optar a cualquier tipo de oposición".

Estos hechos fueron expuestos a la Fiscalía Provincial de Córdoba, la cual se negó a abrir diligencias "por motivos formales", según explicó el jurista. Las razones en las que se excusó para no investigarlos fueron "falta de poder" y "derivar los hechos a responsabilidades políticas o de otro orden". No efectuó ninguna diligencia de investigación "pese a que existen indicios de responsabilidad criminal". Por ello, se ha interpuesto una "demanda penal cuyos hechos se han de investigar y cuyas pruebas se deben obtener mediante la Fiscalía o el Juzgado".

Por otro lado, y a diferencia de las "promesas incumplidas" que realizaron los rectores anteriores, Inmaculada Trujillo -portavoz principal de la plataforma de damnificados- reconoció que el nuevo regidor de la UCO, Gómez Villamandos, está poniendo "mucho" de su parte para que los alumnos obtengan su ansiado título oficial de grado. "El nuevo rector está manteniendo una muy buena actitud con nosotros. Se ha comprometido a elaborar una memoria del caso y enviarla a la Junta antes de que finalice el año. En el caso de que ésta le dé el visto bueno, este informe pasaría al Senado, que determinaría si el grado universitario que le prometieron a nuestros hijos es o no oficial".

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