Aguilar afirma que la multa se cobrará aunque haya caducado

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), afirmó ayer que "el Ayuntamiento va a preservar los derechos de la ciudad" y la multa al empresario Rafael Gómez por la construcción ilegal de las naves de Colecor se cobrará porque no ha prescrito. En conferencia de prensa, la regidora se refirió así al hecho de que el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba haya dictado una providencia en la que advierte de la posibilidad de que haya caducado el procedimiento sancionador abierto en 2005 por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) contra Gómez por el motivo expuesto y por el que se le impuso una multa de 24,6 millones de euros.

Aguilar explicó que "no tiene nada que ver una caducidad con una prescripción" y por eso, desde su máximo respeto a la decisión judicial, subrayó que "la sanción no ha prescrito y se preservarán los derechos de la ciudad". De este modo, en caso de que la sentencia del juez diga que la multa ha caducado, se puede abrir otro expediente porque la acción no ha prescrito, según la alcaldesa. En este mismo sentido se manifestó el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Andrés Ocaña, quien, en declaraciones a los periodistas, apostó por "no hacer juicios previos" y esperar a la sentencia del juzgado. Ocaña consideró en ese sentido que "lo lógico, prudente y adecuado" es esperar a que el juez dicte sentencia para analizar las posibles actuaciones que pueda llevar a cabo el Consistorio.

El secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, también habló sobre la polémica levantada por la providencia judicial y afirmó que su partido se regirá, "como hasta ahora, por el interés de la ciudad y la legalidad". El máximo dirigente del PSOE cordobés explicó en ese sentido que, al margen de lo que determine el juez sobre la caducidad, o no, del mencionado expediente, el PSOE "seguirá apostando por que se mantenga el principio de seguridad jurídica de que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley para todas las cuestiones".

De igual forma, según subrayó Durán, "si alguien no ha estado dentro de la legalidad" tendrá que afrontar las consecuencias, "como hace todo el mundo". Finalmente, el líder de los socialistas cordobeses recordó que "el PSOE está ahora exactamente en el mismo lugar que estuvo siempre en todo este proceso del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río".

La providencia, dictada de oficio, ha sido trasladada tanto a Arenal 2000 (empresa de Gómez) como al Ayuntamiento de Córdoba para que aleguen lo que consideren pertinente antes de dictar sentencia. Esto ya lo ha hecho la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, exponiendo por escrito ante el juzgado las razones por las que cree que el Consistorio cumplió los plazos previstos, tal y como prevé la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la instrucción del expediente sancionador.

Gómez recurrió en su día ante este mismo juzgado el fallo del Consejo Municipal para la Resolución de Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA) que le impuso la multa de 24,6 millones de euros, rebajando entonces en 1,8 millones la primera sanción impuesta por Urbanismo, que ascendía a 26,4 millones.

LABORAL. El sindicato CCOO ha comenzado una campaña para conseguir el anticipo de la edad de jubilación en los cuerpos de Policía Local y Autonómica, para lo que se han fijado como objetivo que durante la presente legislatura se pueda abrir una mesa de negociación con las distintas administraciones públicas implicadas. El secretario general de Servicios y Administración Pública del sindicato, Luis Mena, reseñó en ese sentido que la jubilación anticipada es una reclamación histórica y tendría un coste que deberían asumir los trabajadores mediante coeficientes reductores y cotizaciones recargadas con el fin de que no se rompa ni la caja única de la Seguridad Social ni el sistema de pensiones. / EL DÍA