Andalucía Laica denuncia a la Diócesis y al gobierno local por las inmatriculaciones

El asunto de las inmatriculaciones por parte de la Diócesis de Córdoba seguirá vivo en el plano judicial, al menos hasta que haya un pronunciamiento a la denuncia que ayer presentó el colectivo Andalucía Laica y que respaldaron varios grupos políticos. La denuncia se extiende no sólo a la Iglesia, sino al Ayuntamiento de la capital por sus actuaciones en esta materia. El portavoz de la asociación denunciante, Aureliano Saínz, explicó que el objetivo es que haya una investigación por parte del juez sobre el registro de determinadas propiedades por parte de la Iglesia "de los que hay dudas" sobre la titularidad, que en el caso de Córdoba se refiere a casos como el de la Mezquita-Catedral, el Pocito, la iglesia de la Fuensanta, varias ermitas o el quiosco de la iglesia de San Hipólito. No obstante, Saínz precisó que no hay un listado oficial, por lo que "es posible" que aparezcan nuevos casos. Así, recordó que en el caso de Navarra fueron más de un millar de los bienes inmatriculados. Para Andalucía Laica, el objetivo es, además de la investigación judicial, una actuación de oficio por parte de la Fiscalía, con el fin de que se pueda recurrir la inconstitucionalidad de la ley que facultó a los obispos realizar este tipo de registros. Esa norma ya está derogada, pero los denunciantes quieren que se revisen las actuaciones ejecutadas por la Iglesia.

Aureliano Saínz recordó que dada la importancia del asunto han querido que no se quede en una denuncia individual, sino colectiva y respaldada por distintos colectivos, como es el caso de Izquierda Unida, Equo, Podemos o Ganemos. También invitaron al PSOE, si bien no hizo acto de presencia. En cuanto al PP, los denunciantes ni siquiera se plantearon el invitarlos toda vez que, en su opinión, ya había mostrado su desacuerdo con este tipo de actuaciones.

Esta es la segunda denuncia que se presenta contra la inmatriculaciones tras la del concejal de UCOR Carlos Baquerín, quien a título individual -remarcaron desde Andalucía Laica- ha facilitado toda la documentación para avalar la denuncia. En representación de los partidos que también avalan la denuncia acudieron a las puertas de la Audiencia Provincial Pedro García (IU), Rafael Blázquez (Ganemos), Juana Guerrero (Podemos) y José Larios (Equo). En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Día, se indica que en los últimos meses se ha generado una extraordinaria alarma social en la provincia de Córdoba, y en especial en su capital, como consecuencia del sorprendente descubrimiento de nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de inmuebles de aparente naturaleza pública llevadas a cabo "en beneficio propio, de forma aparentemente alevosa y en diferentes momentos, por representantes diocesanos e instancias provinciales de la Iglesia Católica. La sensación de alarma citada se ve agravada por la total ausencia de transparencia acreditada por los actores, por su negativa a proporcionar información y por la continua aparición de nuevos hechos de parecida naturaleza, que determinan una inseguridad jurídica y una confusión crecientes entre la población cordobesa". Para los denunciantes, cabría sostener "razonablemente" que varias de estas conductas y actuaciones aludidas y protagonizadas por los denunciados, "resultan en apariencia irregulares y en algunos casos pudieran ser constitutivas en diverso grado de presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de funciones y de falsedad documental, entre otros". Aclaran que la denuncia se formula contra el Cabildo de la Catedral de Córdoba y sus integrantes, contra los miembros de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba y contra cualesquiera otros que aparezcan como responsables a lo largo de las investigaciones y actuaciones a practicar respecto de los presuntos delitos señalados y otros que pudieran evidenciarse de los hechos descritos en esta denuncia y de los vinculados que pudieran revelarse en un futuro".