Apdha pide que se incrementen los programas de salud mental en el centro penitenciario de Córdoba

Tras hacer una radiografía sobre el acceso a los servicios sociales que tienen los presos de la provincia de Córdoba, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha concluido que se deben incrementar los programas ofertados de salud mental y formación laboral dentro del ámbito penitenciario.

Según recoge el informe de otros estudios nacionales, un 90% de los presos aseguran haber sufrido algún problema de salud mental en su vida, sin embargo tan solo el 9% de los programas que se llevan a cabo dentro de las cárceles inciden en ello. Pero peor es aún que, entre los 80 internos encuestados por Apdha, tan solo el 1% demande un refuerzo en este tipo de programas.

En esta misma línea, el delegado la asociación en Córdoba, Carlos Arce, ha insistido este miércoles en la salud mental como un programa "prioritario", independientemente de la correlación entre demanda y oferta, vista la alta incidencia de internos que presentan problemas de este tipo.

Al margen de esta situación, que no termina de ser sorprendente por el tabú de la salud mental en estos entornos, Arce sí ha hecho referencia al "gran desfase" que existe entre los programas ofertados y demandados por los presos, como por ejemplo en materia de empleo, que supone un "insuficiente 13%" para una demanda que alcanza el 30%. A la inversa, el recurso más ofertado es el deshabituación del consumo de drogas (37%), mientras que es solo demandado por el 19% de las personas consultadas.

Otros casos de esta brecha en los servicios sociales básicos por parte de los internos son el acceso a las prestaciones económicas o las oportunidades de acceso a una vivienda social, ha destacado Arce. "Es algo totalmente entendible que pidan prestaciones económicas teniendo en cuenta que la mayoría provienen de entornos empobrecidos y tienen cargas familiares; o el contar con una solución habitacional adecuada fuera de prisión, que es esencial para poder acceder a la libertad provisional o los permisos penitenciarios, lo que dificulta la progresión de grado y la rehabilitación".

Para Apdha, es necesario que desde las administraciones se tomen alternativas atendiendo a las prioridades de los internos, ya que todo este panorama está conectado con las altísimas tasas de la reincidencia que se han detectado en este estudio en concreto. El 54% de las personas encuestadas era reincidente y el 34% "multi reincidente" (tres o más condenas de prisión).

Constatar una realidad y visión distorsionada

El objetivo de realizar esta radiografía del estado de los recursos sociales básicos dentro del ámbito penitenciario no era otro que el de "constatar, de la forma más seria y científica posible, una realidad que ya nos venían trasladando a la asociación tanto personas presas como sus familiares", ha explicado Arce. Finalmente ha sido posible gracias a la financiación del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba.

El informe confirma por tanto las dificultades que las personas del ámbito penitenciario tienen para acceder a servicios sociales y el impacto negativo que esto tiene para el proceso de reinserción y la prevención de la reincidencia. En este sentido, el delegado de Apdha ha querido recordar que "la Constitución afirma que las personas presas siguen teniendo en vigor todos sus derechos fundamentales, excepto los limitados en la sentencia condenatoria y que la prisión tiene como principal objetivo la rehabilitación social".

Por otro lado, el estudio se ha propuesto desmontar la visión distorsionada de la sociedad respecto a una teórica laxitud penitenciaria y la criminalidad de nuestro país.

"España es uno de los países más seguros de todo el mundo, con una tasa de criminalidad de 48,8 infracciones por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Interior del año 2022. Menos tasa de criminalidad que incluso países nórdicos, como Dinamarca, que son supuestamente paradigma de la paz social", ha avanzado Arce. Además, los delitos más graves como homicidios (consumados y tentativa) solo representan un 1% de la estadística.

En Córdoba, la tipología delictiva mayoritaria está vinculadas a "delitos de pobreza", ha añadido. Sin embargo, Arce sostiene que "hay discursos que fomentan una sensación de inseguridad en la población que no se corresponden con la realidad y que aboga por un endurecimiento de las penas y las condiciones de vida en la cárcel".