La Audiencia Provincial de Córdoba: "Las administraciones no consideran a la justicia una prioridad"

Los esfuerzos son insuficientes, la falta de medios humanos y el retraso en la puesta en marcha de la Oficina Judicial en Córdoba hacen que la situación de la justicia en la provincia sea preocupante. "Las administraciones no consideran a la justicia una prioridad". Es la frase que ha lanzado el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en la presentación de la memoria anual de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el Día ya había adelantado.

"La sensación de abandono se agudiza", ha dejado caer Sánchez Zamorano, quien ha incidido en que aunque reconoce los esfuerzos por parte de las administraciones públicas, "no hay reformas profundas, solo parches que se van adoptando".

Y todo ello tiene mucho que ver con la Oficina Judicial de Córdoba, que "está a punto, pero falta implantarla de una vez por todas". Así, Sánchez Zamorano ha pedido que, tras las elecciones andaluzas del 19 de junio, "el que venga o el que continúe, siga trabajando sobre lo hecho y prime la sensatez".

Presentar esta memoria, ha asegurado, es "revivir lo mismo que pasa todos los años, con órganos que no se ha conseguido aliviar pese al esfuerzo que se hace" y, además, ha expresado que "el ciudadano no tiene culpa de estos déficits y no podemos suplir todo y ser héroes, prestamos un servicio a la ciudadanía, que quiere respuesta a su pleito y no una justicia tardía que pierde fuerza y que deja de ser justicia".

Y es que solo basta mirar los datos para darse cuenta del embudo que existe en Córdoba, con hasta 4.298 sentencias penales sin ejecutar, y, además de la falta de personal, se suman las deficiencias eléctricas y estructurales en los juzgados de Montilla y Aguilar de la Frontera y un retraso importante en la implantación de las nuevas tecnologías. "Todavía sigue siendo una utopía el papel cero en la administración de justicia y la digitalización es fundamental para un sistema ágil, abierto, transparente y participativo", ha explicado el magistrado.

El presidente de la Audiencia de Córdoba ha aseverado que "ni la escasez de jueces se ha corregido, ni acaba de arrancar la nueva Oficina Judicial, ni la digitalización de la administración de justicia se implanta, ni las reformas procesales profundas llegan, ni se acomete una nueva organización territorial y estructural de la justicia".

Los procedimientos penales registraron el año pasado un "incremento sensible". El Partido judicial y los ocho Juzgados de Instrucción de Córdoba han experimentado un incremento de 2.200 asuntos en 2021, que cerró con 26.682. En materia de cláusula suelo hay una bolsa de 5.500 asuntos pendientes, aunque asegura que "se ha estabilizado".

En lo Civil se registraron el año pasado 18.199 asuntos, siendo un juzgado que tiene una carga de trabajo "asfixiante" que supera el doble de lo aconsejable y que, según las palabras del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, va más allá de la situación que generó la pandemia, es un aumento que "no es coyuntural sino estructural", con una bolsa pendiente de resolver de 1.468 asuntos. Aún así, la sección civil y las dos penales "muestran una alta tasa de resolución".

La memoria constata así, y lo ha confirmado el presidente, un aumento de la litigiosidad durante el pasado ejercicio, registrando una sobrecarga "preocupante" en los Juzgados de Primera Instancia, que recibe cada uno unos 2.000 asuntos de media, aunque los recomendados son 1.200.

En Córdoba hay 21 Juzgados de Primera Instancia de Instrucción para 11 partidos judiciales de toda la provincia. "Hay juzgados que funcionan muy bien, con una carga asumible" como Cabra, Puente Genil, Aguilar de la Frontera o Pozoblanco, mientras hay sobrecarga en Lucena, Posadas, Baena, Montoro, Montilla y Priego de Córdoba.