El Ayuntamiento de Córdoba podrá limitar y prohibir los pisos turísticos

La regulación de los pisos turísticos es una competencia de los ayuntamientos, que podrán limitar e incluso prohibir este tipo de apartamentos en sus planeamientos siempre que se argumenten razones de interés general. El Gobierno andaluz ha aprobado este lunes el decreto de apartamentos turísticos, que viene a fijar y a aclarar ante los tribunales y ante terceros que son los ayuntamientos las instituciones que poseen estas competencias. En el texto, la Junta detalla las condiciones de habitabilidad y confort que deben guardar estos alojamientos. No obstante, la labor inspectora de los pisos seguirá siendo de la Junta.

Tal como ha explicado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, se había hecho necesario que el Gobierno andaluz aclarase en un decreto que estas facultades son municipales, ya que ha actuaciones de tribunales que lo venían solicitando. Es, por tanto, un decreto aclaratorio que deja negro sobre blanco que los ayuntamientos ordenarán en sus planeamientos urbanísticos donde pueden limitarse e, incluso, prohibirse estos pisos en función de lo tensionada que estén las distintas zonas de una ciudad.

En Andalucía, según el registro de la Junta, hay 116.000 viviendas turísticas -más de 3.000 en la provincia de Córdoba, que suponen la mitad de la oferta de la comunidad. Es una cantidad notable que viene provocando problemas con los vecinos y reticencias con los empresarios del sector hotelero. En la redacción del decreto han participado, según Arturo Bernal, los gestores de viviendas, la patronal de los hoteles y las administraciones de fincas. Una figura que crea este decreto es el de "explotador" de la vivienda, que es a todos los efectos la persona o empresa que responde ante las administraciones y los vecinos afectados.

El objetivo -ha explicado- es la mayor calidad en la prestación de servicio y protección de los derechos de personas usuarias, como son los de superficie máxima por persona, el número de baños o la climatización, entre otros. Respecto a los apartamentos turísticos, se regulan las distintas especialidades, incidiendo en que ningún establecimiento podrá incurrir en discriminación ni prohibición hacia colectivos no preferentes y se amplían el período de ocupación de las unidades de alojamiento, que pasa de ser desde las 15:00 del primer día del periodo contratado hasta las 11.00 horas del día señalado como fecha de salida.

Consensuado con los sectores afectados, el decreto define y establece las características de los distintos grupos de establecimientos de apartamentos turísticos. Del mismo modo, se eliminan parte de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de alojamiento turístico, siguiendo la reciente regulación de los establecimientos hoteleros, suprimiendo la exigencia de obligaciones estructurales cuando los que corresponden por normativa sectorial ya los hacen idóneos para el fin pretendido.

Además, el decreto incluye que los hoteles y hotelesapartamentos puedan ofrecer en el edificio servicios complementarios a las personas usuarias del establecimiento, incluso prestados por personas o entidades distintas del titular de la explotación del alojamiento turístico, siempre que reúnan determinados requisitos, sin resultar afectado el principio de unidad de explotación. El consejero ha explicado respecto a las comunidades de vecinos que tendrán posibilidades de actuación, de negarse o aceptar los pisos turísticos, con los margenes que recoge la ley de Propiedad Horizontal.

Las viviendas turísticas que están incorporadas en las comunidades de vecinos tendrán un plazo de un año para adaptarse a la nueva norma en cuanto a los condiciones de habitabilidad y requisitos de confort que recoge el decreto, que no tiene carácter retroactivo. Bernal ha concretado que la Junta trabaja en la ampliación de inspectores, en la supervisión de la delegaciones provinciales y en herramientas digitales que permitan el cruce de datos entre administraciones para poder actuar sobre los pisos turísticos.

El caso de Córdoba

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ya insistió hace unos meses que el Ayuntamiento trabajará con la Junta para para regularizar las viviendas turísticas "porque está claro que hay un cambio de modelo social que en Córdoba está teniendo un efecto importante en muchas cuestiones, como en el propio desarrollo urbanístico y en las cifra de pernoctaciones". "Hay un giro en el que muchos visitantes, aquí y en todo el mundo, prefieren ir a alojamientos turísticos en vez de a hoteles", añadió. Bellido defendió que "ese fenómeno social", se debía regular desde las administraciones, "de manera que no haya por un lado viviendas que estén fuera de la norma, pisos turísticos piratas, sino que estén todos declarados y que cumplan con la normativa", mantuvo.

También ha indicado que el tema de las viviendas turísticas "tiene un segundo efecto que hay que tratar de amoldar desde el respeto máximo a la libertad de empresa, pero también desde la ordenación urbanística hay que intentar que convivan el legítimo desarrollo de alojamientos y viviendas turísticas por parte de los propietarios, con el legítimo interés público de la ciudad de que no se convierta el Casco Histórico en un gran alojamiento turístico sólo", puntualizó.

Los propietarios

La presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), Matilde de la Hoz, asegura que "vemos el decreto de la Junta como una cosa positiva; la competencia pasa a los ayuntamientos en lo que a concesión de licencias se refiere y que se decrete una moratoria en esa concesión de licencias hasta que se haga un estudio del sector en Córdoba y se tomen las medidas que correspondan" Dela Hoz ha insistido en que "creemos" que es necesario "el abordaje de un estudio serio de cómo está el sector".

Para Avacor, el sector está en la actualidad "con una sobreoferta de plazas en la ciudad de Córdoba, con un Casco Histórico ya muy tensionado, con lo que esta zona tiene un gran problema de gentrificación. De la Hoz apunta asimismo que su asociación ya ha tenido contactos con la Junta en los que se ha abordado el asunto, "pero como aún las competencias no las tenía el Ayuntamiento no hemos tenido contactos de trabajo. Estamos a disposición del Ayuntamiento para ayudar y colaborar en todo lo que necesiten".